La resolución de Delegación de Trabajo de Gipuzkoa sobre el Expediente de Regulación de Empleo evidencia la total sincronía entre Gobierno y Grupo Gallardo. La Delegación de Trabajo, pasando de puntillas por la documentación aportada y sin tener en cuenta las alegaciones de los y las trabajadoras, garantiza las pretensiones del grupo. Basándose en un plan de ventas que se abstrae totalmente de la realidad del sector valida cien despidos hoy, pero lo que es peor, no genera en el grupo industrial más deberes que indemnizar a la gente.
Tristemente el camino que comenzó con la tramitación de Expedientes de Suspensión de contratos coge ahora forma de despidos y pretende dejarnos en manos de un grupo que no asume responsabilidades sobre el futuro de la planta y su plantilla. Delegación de Trabajo una vez más ha actuado de juez y parte, como casi siempre, garantizando las pretensiones de la parte empresarial.
2-La filtración de la resolución administrativa ha tenido como único interés gestionar una opinión pública que cada vez da más la espalda a las instituciones gestionadas por el actual Gobierno Vasco. El objetivo no ha sido otro que poner una ficticia garantía de empleo como titular para minimizar el impacto social que supone autorizar la extinción de cien empleos en una empresa que ha tenido en cuatro años bastante más de cien millones de euros de beneficios.
Para ello no han dudado en hacer una lectura pública de la resolución antes incluso de notificar la resolución a los y las trabajadoras afectadas, cuando es una obligación legal. Este es el valor y respeto que ellos mismos le dan a su normativa neoliberal, ninguno.
3-Hoy los y las trabajadoras de Corrugados Azpeitia están en la misma situación de incertidumbre. LAB seguirá apostando por la continuidad del proyecto industrial y el mantenimiento de la totalidad del empleo actual. Los y las cuatrocientas siguen siendo imprescindibles.
La garantía de empleo que tanto luce el Gobierno de Gasteiz ha sido solicitada constantemente por el Comité de Empresa. Pero una garantía de empleo real, con contenido, con sanciones en caso de incumplimiento. La garantía fijada en la resolución no es más que una declaración de intenciones. Está además unida a la consecución de un plan de ventas que, sin ninguna otra medida como diversificaciones o inversiones, parece de imposible cumplimiento (ata la garantía de empleo a que el mercado de la construcción en España se recupere y además, que lo haga rápido).
Igual de grave es el hecho de que esta garantía de empleo se ha negociado entre la institución pública y el Grupo Gallardo a espaldas del Comité de Empresa y de la totalidad de la plantilla. Algo ajeno y posterior a la negociación es tomado como base necesaria para autorizar cien despidos.
4-Esta resolución, la filtración de la misma y el no tener en cuenta las alegaciones presentadas sólo se entiende si tenemos en cuenta la cercana relación que existe entre el PSOE y el Grupo Gallardo a nivel estatal. El grupo nace, crece y se consolida en espacios bajo la administración del PSOE principalmente. Esta resolución pretende garantizar la unilateralidad de las decisiones del grupo a futuro.
Pero esta resolución y la filtración de la misma evidencian también la debilidad de este Gobierno ante la presión social. Evidencia que mediante la movilización podemos condicionar sus decisiones.
Las vías jurídicas que activemos, los contactos y compromisos que desde el Comité de Empresa se gestionen con las instituciones y la movilización de los y las trabajadoras deben ser la base de una estrategia que ponga tope a las pretensiones del Grupo y garantice la continuidad del proyecto industrial y la totalidad de sus empleos.
Azpeitia, 12 de enero de 2012