En la intervención realizada esta mañana en la reunión del Consejo económico y social (CES) de Navarra, Rafa Izquierdo, en representación del sindicato LAB, ha valorado el proyecto de presupuestos generales de Nafarroa para 2013.
INTERVENCIÓN DE RAFA IZQUIERDO (LAB):
“El objetivo de déficit se ha convertido en la prioridad absoluta de la política presupuestaria del Gobierno de UPN, mientras que el resto de políticas de gasto quedan completamente subordinadas al logro de dicho objetivo.
Estamos ante una nueva imposición centralista mediante la cual el Estado, amparándose en la modificación del artículo 135 de la Constitución, interfiere en las competencias autonómicas y vulnera (por la fuerza si fuera necesario) la autonomía financiera y presupuestaria de las CCAA.
Por tanto, queda meridianamente claro que la supuesta relación bilateral con el Estado para acordar compromisos en materia de estabilidad presupuestaria es mera apariencia, puesto que el objetivo de déficit aprobado por el Consejo de Ministros es el que finalmente se impone a todas las CCAA. Esta actuación supone, sin lugar a dudas, una involución en el modelo autonómico vigente.
Volviendo al presupuesto para 2013, debemos subrayar que la previsión de ingresos y el límite de déficit permitido por Madrid determinan un techo de gasto operativo (no financiero) de 3.384,5 millones de euros, lo que supone un recorte presupuestario del 8,8% con respecto a las cuentas aprobadas para el presente ejercicio. Es decir, que el próximo año habrá 326,5 millones menos a disposición de los departamentos del gobierno.
A la vista de la evolución económica y de los componentes de la demanda interna en Nafarroa, es evidente que la disminución del gasto público se ha convertido en un lastre para la recuperación de la economía, ya que contribuye negativamente al avance del PIB. Por lo tanto, no es cierto que unos presupuestos tan contractivos como los presentados por el gobierno de UPN estén dirigidos a promover la reactivación económica, sino más bien todo lo contrario. Los recortes agravan la situación económica y debilitan los servicios sociales.
De hecho, las políticas que dirige el Departamento de Fomento serán las más perjudicadas con un recorte presupuestario superior al 25%. A pesar de ello, el gobierno mantiene su testaruda apuesta proyectos megalómanos como el TAV.
Tampoco las políticas sociales y los servicios públicos esenciales saldrán indemnes del recorte presupuestario anunciado para 2013. El gasto dedicado a fines sociales sufrirá una reducción superior a los 102,4 millones de euros; lo que significa que prácticamente un tercio del “tijeretazo” dado al presupuesto operativo de los departamentos afectará a partidas de gasto social.
Con semejantes recortes es completamente imposible mantener los actuales niveles en la prestación de servicios públicos en áreas como la salud, la educación o las políticas sociales; y afirmar lo contrario sería un engaño. Además, se trata de nuevos recortes sobre recortes ya efectuados en 2011 y 2012.
Estas son algunas de las medidas adoptadas hasta ahora en el ámbito de los servicios públicos: se han dejado de cubrir vacantes por jubilación, se han reducido las sustituciones y la cobertura de bajas, se han rebajado los salarios del personal, aumentado la jornada laboral, incremento del ratio de alumnos por aula, aumento de las tasas universitarias, implantación del copago en recetas, reducción en la cuantía de las prestaciones económicas, disminución de la cartera de servicios sociales, etc. Y a partir de ahora ¿qué medidas adicionales se van a establecer?
Esta deriva presupuestaria corre el peligro de convertirse en una tendencia sistemática que amenaza la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sociales básicos y profundiza la fractura social; y todo ello en un contexto en el que aumentan las situaciones de pobreza y la desigualdad social.
No podemos olvidar que el gasto dedicado en Nafarroa a protección social representa alrededor del 17,9% del PIB (últimos datos disponibles correspondientes a 2008), mientras que el gasto medio dedicado en la Unión Europea alcanza el 29,5% del PIB. Y la orientación de la actual política presupuestaria, en lugar de tender hacia la convergencia con Europa en materia de política social, nos aleja todavía más de los parámetros europeos.