Proyecto de ley del Tercer Sector Social de Euskadi: ¿realmente sirve para hacer frente a las deficiencias del sistema actual?

Para empezar, el anteproyecto de ley no viene precedido por ninguna reflexión o debate abierto en torno al papel, dimensión y responsabilidad directa de lo público en la organización y prestación de los servicios sociales. ¿Es suficiente el nivel actual de gestión pública directa en los servicios sociales? ¿Se ha hecho un balance en torno a la intervención desde las iniciativas privadas, con o sin ánimo de lucro? ¿Es buena para la calidad en la atención y la garantía de los principios que deben regir los servicios sociales la existencia de entidades prestadoras de servicios sociales tan diversas en sus intenciones, en sus modos organizativos,…? Es evidente que no. Desde el actual Gobierno Vasco no hay discusión sobre estas cuestiones. Quienes proponen el anteproyecto de ley muestran claramente su intención de profundizar en la dinámica actual, delegando en el tercer sector (y por tanto también en la iniciativa mercantil) la provisión de los servicios sociales.

Es indudable que las organizaciones de iniciativa social tienen un valor positivo en la medida en que reflejan una acción colectiva en favor de la solidaridad, la mejora de las condiciones de vida y promueven el cambio social frente a una sociedad mercantil y fragmentada. Pero junto a ello, la experiencia de los últimos años nos alerta de la existencia de modos de funcionar, que tras la etiqueta tercer sector, son funcionales al impulso neoliberal por privatizar funciones básicas en políticas sociales. El tercer sector se ha convertido en mero agente prestador de servicios. Desde los partidos neoliberales, el tercer sector es utilizado para justificar la privatización de los servicios. La concurrencia competitiva pone el resto al situar en un mismo plan de igualdad a iniciativas mercantiles y sociales.

Nos parece poco exigente las condiciones que deberían cumplir las organizaciones del Tercer Sector Social, teniendo en cuenta que la ley pretende hacer de ellas un aliado a la hora de ejecutar las políticas de intervención social. Más allá de su finalidad social y carácter no lucrativo no se avanza gran cosa en relación a la situación actual. Pensamos que aspectos como el carácter democrático en la gestión de quienes componen las organizaciones, la estructura salarial, el uso de los beneficios, la calidad del empleo, el compromiso con el entorno, la obligación de elaborar cuentas anuales, la realización de auditorías económicas y sociales, la gestión democrática y control de los recursos públicos, …. no quedan claramente explicitados.

No estamos de acuerdo con el delegacionismo que las administraciones realizan de sus funciones, que llega a otorgarles funciones de referente y coordinación de casos. Pensamos que corresponde a la gestión pública directa, tanto en niveles primarios como secundarios, la garantía de dichas funciones, así como del seguimiento de la intervención. Una cosa es participar, cooperar y colaborar, y otra bien distinta es sustituir la responsabilidad de la administración por garantizar la igualdad y la defensa de los derechos.

El anteproyecto introduce, de forma solapada, la necesidad de tener en cuenta también a las empresas de carácter mercantil. Introduce medidas que, además de facilitar la entrada de las empresas mercantiles en los servicios sociales, junto a un fortalecimiento selectivo de organizaciones sociales concretas pueden acarrear un debilitamiento económico y político en la responsabilidad pública por prestar directamente los servicios.