En las últimas décadas el sector público y los servicios públicos han sufrido un grave retroceso en Euskal Herria. No se han completado, consolidado ni desarrollado; al contrario, los diferentes gobiernos han optado por la vía de la reducción, los recortes y la privatización.
Desde que causaron la crisis, esta situación, lejos de mejorar, ha empeorado notablemente. Pese a que la situación de crisis exige lo contrario, porque hay cada vez más personas que necesitan los servicios públicos de manera urgente, en lugar de reforzar y desarrollarlos, en lugar de consolidar y ampliar el empleo público ante un desempleo que va creciendo, nuestros responsables políticos deciden reducir los servicios públicos; privar a muchísimas personas de servicios y ayuda; destruir empleo público, y deteriorar las condiciones de trabajo.
Las graves medidas adoptadas en mayo de 2010 están plenamente vigentes, y ahora el Gobierno Vasco quiere imponer recortes de derechos y condiciones de trabajo aún mayores, tal como ha manifestado en las últimas reuniones de la Mesa General.
– Pretenden mantener la actual reducción y congelación de salarios, sin perjuicio de lo que se pueda derivar de los Presupuestos Generales del Estado (lo que, por otra parte, indica la falta de respeto al ámbito de negociación vasco).
– Proponen suprimir el complemento salarial a los trabajadores y trabajadoras que estén de baja.
– Supresión del contrato de relevo.
– Suspensión de las primas por jubilación voluntaria.
– Eliminación de la posibilidad de seguir trabajando una vez cumplidos los 65 años, con el fin de amortizar cuanto antes los empleos de quienes se jubilan.
– Mantenimiento de los retrasos e incumplimientos impuestos en las sustituciones durante este último año y medio.
– Aunque en apariencia retiraron esta medida en la última mesa negociadora, quieren limitar los incrementos salariales percibidos en concepto de carrera profesional.
– Y dejan la puerta abierta para imponer tal cual los recortes que puedan venir de Madrid.
Todo esto, todos estos recortes, los justifican como medida imprescindible para mantener el actual nivel de empleo, como si no hubiera otro remedio, y para chantajearnos a los sindicatos: o aceptáis estos recortes o vamos a despedir (a personal interino). Las medidas que proponen, por el contrario, no servirán para mantener el empleo, sino que van a destruirlo: pretenden revisar el contrato de relevo y la jubilación anticipada. No cederemos a ese chantaje; es más, consideramos inaceptable plantear la negociación en estos términos.
Además, hay que decir que en los presupuestos se invertirá menos dinero del establecido en Educación, Sanidad y Servicios Sociales -un 0,5%, 0,9% y 1,7%, respectivamente-, o lo que es lo mismo, se recortarán servicios públicos.
Los sindicatos ELA, LAB, y STEE-EILAS aquí presentes consideramos inaceptables estas medidas de recorte que el Gobierno Vasco nos quiere imponer a las personas que trabajamos en el sector público y ámbitos directamente ligados a él. Una vez más, este ataque perjudica gravemente a los servicios públicos, a las personas que trabajan en ellos y al conjunto de la sociedad, que debería ser la destinataria de unos servicios de calidad.
Exigimos al Gobierno Vasco que retire todas estas medidas y renuncie definitivamente a la política de recortes, dando pasos claros para consolidar y desarrollar los servicios públicos. La sociedad de Euskal Herria necesita unos servicios públicos amplios y de calidad, mucho más en esta situación de crisis, y para esto es fundamental que, partiendo de la situación actual, se destinen a ellos más trabajadores-as y recursos. En este sentido, instamos al Gobierno Vasco a que deje de atacar al empleo público y a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, y que, además de restituir los salarios, condiciones de trabajo y derechos afectados por los recortes, impulse el empleo público, ya que éste es fundamental para desarrollar los servicios y hacer frente a la crisis.
Para ello, en lugar de aprobar unos presupuestos restrictivos, es imprescindible ampliar la inversión en servicios públicos (para llegar, como mínimo, a niveles de desarrollo social similares a los de los países más avanzados de Europa), y a este respecto es imprescindible y justo que se produzca un cambio radical en la política fiscal.
Por último, exigimos al Gobierno Vasco que respete y haga valer el derecho de los vascos y vascas a decidir nuestras condiciones de trabajo y de vida en Euskal Herria, y que no se someta a las decisiones que se puedan adoptar en Madrid. Los trabajadores y trabajadoras y la sociedad de Euskal Herria son quienes deben decidir el tipo de función pública y servicios públicos que quieren tener.
Con el fin de denunciar todo esto y reclamar los cambios necesarios, llamamos a movilizarse a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos. Como primer paso, convocaremos en las próximas semanas asambleas y concentraciones en los centros de trabajo; el 26 de enero habrá manifestaciones en Gasteiz, Donostia y Bilbao, y el 9 de febrero, un paro de 4 horas y manifestaciones en los tres territorios de la CAPV.
Bilbao, 7 de diciembre de 2011