El gobierno de coalición formado por UPN y PSN dice haber elaborado el anteproyecto de Presupuestos Generales para el año 2012 siguiendo cinco criterios clave:
− Mantener los servicios públicos de salud, educación y asuntos sociales.
− Apuesta por la reactivación económica y el empleo.
− Cumplimiento del objetivo de déficit público.
− Prudencia ante la actual situación de inestabilidad económica.
En efecto, el volumen de gasto operativo puesto a disposición de los distintos departamentos será de 3.711 millones de euros; es decir 112,6 millones menos que el techo de gasto establecido para este año. Este descenso supone un recorte presupuestario superior al 2,9%.
Atendiendo a la cuantía destinada a cada departamento sin incluir las inversiones, comprobamos que el mayor sacrificio será soportado por los departamentos de Salud, Educación y Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. Cada uno de estos tres departamentos verá reducida su asignación para 2012 en más de 27 millones de euros.
Con estos recortes de gasto es manifiestamente imposible mantener en los mismos niveles la prestación de servicios públicos en áreas como la salud y la educación, ni en términos cuantitativos, ni en calidad de servicio.
De hecho, así lo atestiguan los efectos de los últimos ajustes aprobados en la recta final del presente año; con secuelas como la revisión a la baja de las ofertas públicas de empleo, la disminución de las plantillas orgánicas, el aumento de los tiempos de espera para recibir atención sanitaria especializada, o la reducción de las prestaciones recogidas en la cartera de servicios sociales en general y, en particular, en el área de atención a la dependencia.
A juzgar por las cuentas presentadas en el 2012 tampoco se mantendrá el esfuerzo en políticas sociales; el ejemplo más elocuente es la reducción de las ayudas a familias sin medios de subsistencia. Esta partida disminuye en más de 12 millones en comparación con la cantidad inicial presupuestada para el año 2011, lo que supone un severo recorte del 42%.
Una vez más se carga el peso de las medidas de austeridad sobre las espaldas de los colectivos más débiles y vulnerables, abandonando a su suerte a cientos de familias con todos sus miembros en desempleo. Actualmente, el 40% de las personas registradas como paradas en el Servicio Navarro de Empleo no recibe ningún tipo de prestación por desempleo, y el alargamiento de la crisis hará que este colectivo continúe en aumento.
Los ajustes también afectan al capítulo de inversiones directas. El presupuesto inicial para 2011 asignó un total de 287,3 millones de euros a inversiones, de los cuales 45 millones estaban destinados al proyecto de construcción del TAV; mientras que el presupuesto para el próximo año prevé dedicar 280,3 millones a inversiones, de los cuales prácticamente la mitad (134 millones) serán absorbidos por las obras del TAV, una costosa infraestructura de dudosa utilidad social, incierta viabilidad económica y gran impacto medioambiental.
En este sentido, constituye un hecho revelador que las obras del TAV no sólo se mantengan al margen de los recortes presupuestarios, sino que además dicho proyecto se haya convertido en la máxima prioridad del gobierno foral. Por esa razón ha decidido multiplicar por tres el esfuerzo inversor dedicado a la construcción del TAV; mientras que el resto de partidas dedicadas a financiar otras inversiones disminuyen en casi un 40%. No parece que esta política de inversiones esté orientada ha sentar las bases de un crecimiento económico sólido pero equilibrado y capaz de contribuir a la cohesión territorial.
En cualquier caso resulta un atrevimiento, por no decir una falsedad, afirmar que el gobierno de UPN y PSN apuesta por la reactivación económica y el empleo cuando el capítulo de inversiones en su conjunto (incluidas las obras del TAV) se verá reducido en un 2,4%.
Dentro de las medidas de austeridad debemos encuadrar también la decisión de volver a congelar un año más los salarios del personal al servicio de las administraciones públicas. Por tanto, a la denuncia por el deterioro de los servicios públicos básicos y del nivel de bienestar de la ciudadanía navarra, debemos añadir nuestro rechazo al empeoramiento de las condiciones laborales en el sector público y a la pérdida de poder adquisitivo.
Por el contrario, y a pesar de tanta medida de contención y restricción del gasto, el gobierno foral no ha dudado en recurrir a la contabilidad creativa para incurrir en una cifra de déficit público que supera el límite del 1,3% del PIB en 134 millones de euros. Este sobre endeudamiento se utilizará precisamente para financiar las obras del TAV. Y aunque esta deuda se impute contablemente al Estado, curiosamente, será el gobierno de Nafarroa el que corra con los gastos en concepto de intereses.
También quedarán al resguardo de las políticas de austeridad las medidas fiscales concedidas a las empresas que verán así prorrogadas las rebajas de impuestos y los incentivos fiscales, a pesar de su demostrada ineficacia para reactivar la economía y el empleo.
Así pues, es evidente tanto el gobierno sostenido por UPN y PSN como la patronal representado por la CEN comparten los mismos criterios en política presupuestaria, y prefieren realizar sacrificios en servicios sociales y políticas sociales antes que revisar un modelo de inversión desarrollista, insostenible y derrochador que ni siquiera responde al interés general sino a intereses particulares.