LAB denuncia la falta de una política industrial que defienda los intereses de las personas trabajadoras y exige a las instituciones, Gobierno de la CAV y de Nafarroa, así como a las Patronales: planificación, propiedad pública y hacer partícipes a las personas trabajadoras.
En opinión del sindicato, la política industrial debe desarrollarse en el marco de una estrategia a largo plazo. A día de hoy, forzados por la crisis ecosocial, se están dando procesos de transformación industrial a nivel mundial, liderados por el capital y la patronal.
Frente a esos procesos insuficientes, desordenados e injustos, LAB defiende una profunda transformación del tejido industrial mediante una planificación ecosocial y subraya la necesidad de impulsar procesos de reconversión, descarbonización y reducción de los sectores contaminantes. Si estos procesos son planificados y liderados por la clase trabajadora, se pueden crear nuevos puestos de trabajo (en ámbitos como el cuidado o la agroecología), se puede repartir el trabajo mediante la reducción de jornada y se pueden mejorar las condiciones de vida por medio del refuerzo de los servicios públicos. Si se deja en manos de multinacionales, fondos de inversión y empresas privadas que sólo buscan multiplicar sus beneficios, la descarbonización en la industria será sinónimo de pérdida de empleo, precariedad y desmantelamiento del tejido industrial de Euskal Herria.
Según LAB, en Euskal Herria no hay estrategia. No hay una política industrial eficaz. Las instituciones toman decisiones a corto plazo, primando el electoralismo o el marketing frente a los análisis de fondo. Es la patronal la que marca la agenda y condiciona las decisiones de los gobiernos de la CAV y de Nafarroa.
LAB se muestra a favor de una política industrial que ponga en el centro los derechos y necesidades de la clase trabajadora, que garantice un empleo digno y que sea capaz de hacer frente a la crisis ecosocial. Que mantenga la riqueza en el país, que evite deslocalizaciones, que ofrezca un empleo digno a todas las personas trabajadoras, que afronte las transformaciones que deben darse en la industria y, en definitiva, que planifique esos cambios a realizar. El sindicato advierte de que ante la crisis ecosocial, mirar hacia otro lado no es una opción, hacen falta decisiones valientes.
Panorama de la realidad actual
Últimamente en Euskal Herria hemos asistido a varios procesos de destrucción de empleo y deslocalización:Envases de Ugao, Mecaner, Arcelor, Salica, Cementos Rezola Añorga… A pesar de recoger algunas medidas adecuadas, las leyes acordadas hasta ahora para establecer límites a la deslocalización de las empresas no cumplen su objetivo. Es necesario ir más allá para mantener y defender nuestro tejido industrial y económico.
Muchas grandes empresas, tras haber recibido grandes cantidades de dinero público, abandonan Euskal Herria desplazándose a territorios con una mano de obra más barata y precaria y con un nivel de impuestos más bajo, destruyendo y precarizando de ese modo un gran número de puestos de trabajo. Los Fondos Europeos actuales no sirven para poner en marcha la necesaria transición ecosocial, sino que se ultilizan para que paguemos entre todos y todas los cambios que necesitan las empresas para aumentar sus beneficios.
En la misma línea, las reformas laborales de los últimos años han facilitado la destrucción del empleo. La apuesta por la precarización lleva consigo la descualificación de las personas trabajadoras, es decir, no poder dedicarse a aquello para lo que se han formado, o que los y las jóvenes con formación se tengan que ir fuera de Euskal Herria a trabajar.
Demandas de LAB a las instituciones
Por todo lo citado anteriormente, LAB cree que es necesario planificar las transformaciones que inevitablemente van a tener que producirse en la industria a corto y medio plazo y hacerlo en beneficio de los intereses y necesidades de los y las trabajadoras, al margen de los mercados. Hay que fijar objetivos concretos para posibilitar los cambios que se tienen que dar en los distintos sectores, definir cómo se van a descarbonizar y evitar consecuencias traumáticas para el empleo.
Por otra parte, el sindicato exige que se refuerce la intervención pública y que se implante una política industrial que termine con la colaboración público-privada. En algunos casos habría que apostar por la propiedad pública y habría que evitar que se destine dinero público a intereses privados. No es justo estimular la inversión privada sin aplicar ningún tipo de condicionamiento con respecto al empleo y a las condiciones laborales. Los fondos públicos que se destinan a la transformación industrial deben cumplir dos objetivos: garantizar que se produzca una transición ecosocial y aumentar la soberanía y la capacidad de decisión del sector.
Por último, LAB opina que debe garantizarse la participación de las y los trabajadores en la transformación y reformulación industrial, para lo que proponecrear Comités de Transición Ecosociales. Estos deberían ser instrumentos para garantizar la representación y el protagonismo de las personas trabajadoras a nivel sectorial o comarcal. Entre sus funciones estarían definir propuestas de transformación del sector, mediar en conflictos laborales concretos o diseñar y ejecutar planes para empresas o sectores que requieran intervención pública.
