Desde LAB creemos que gran parte de culpa de esta situación la tienen las instituciones, que adjudica estos servicios al mejor postor, con tal de ahorrarse unos cuantos euros. Lo que conlleva que después las empresas no tengan margen para mejorar las condiciones de las plantillas, surjan problemas, y las instituciones se laven las manos.
Ante el anuncio de huelga hecho por los y las trabajadores/as del sector de actividades deportivas para terceros de Araba, desde el sindicato LAB queremos exponer los motivos que han llevado a este colectivo a llegar a este extremo:
Este colectivo está formado por socorristas, monitores deportivos, porteros o control de instalaciones, vigilantes… que en gran medida trabajan en instalaciones públicas (piscinas, centros cívicos, polideportivos, frontones, campos de fútbol…), y mayoritariamente para el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Llevamos dos años intentando renovar el convenio provincial, sin vigencia desde enero de 2015. La patronal del sector durante la mayor parte de la negociación no ha mostrado voluntad alguna por avanzar: La primera oferta por escrito que nos trasladó es de enero de 2017. Además, las propuestas que ha puesto encima de la mesa la patronal han sido parciales, esto es, no suponían mejoras para todas las categorías. Lo que hemos interpretado como una forma de intentar dividir al colectivo, aunque no lo han conseguido.
Las reivindicaciones básicas son las siguientes:
– Salarios dignos para las categorías más precarizadas (porteros o control de instalaciones, vigilantes)
– Recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos 8 años por parte de socorristas y monitores deportivos, cuyos sueldos han estado prácticamente congelados
– Compensación para los socorristas de la temporada de verano que están de refuerzo todos los días de la semana.
– Aumento del precio hora de lo trabajado en domingos, festivos y horas nocturnas
– Blindaje del convenio ante solicitudes de descuelgue
Hay situaciones en el sector alarmantes que necesitan una solución urgente: las categorías más precarizadas tienen un salario miserable (6,22 €/hora bruta o lo que es lo mismo 786 €/mes el que tenga jornada completa), que hace que aunque tengan trabajo, sean pobres.
Desde LAB creemos que gran parte de culpa de esta situación la tienen las instituciones, que adjudica estos servicios al mejor postor, con tal de ahorrarse unos cuantos euros. Lo que conlleva que después las empresas no tengan margen para mejorar las condiciones de las plantillas, surjan problemas, y las instituciones se laven las manos.
LAB reivindica que las instituciones tienen una responsabilidad con los y las trabajadoras de las subcontratas, y que no pueden mirar hacia otro lado. Las Instituciones tienen capacidad para cuando subcontratan una obra o servicio, no premiar a aquellas empresas que licitan a la baja, e incluir cláusulas de obligado cumplimiento que garanticen nuestros puestos de trabajo, y las condiciones laborales de las y los trabajadores subcontratados.
Se trata de tener voluntad política para ello, pero la experiencia está demostrando que por parte de aquellos que están dirigiendo las instituciones vascas, no la hay a día de hoy.