En este 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos que seguir denunciando que las condiciones de trabajo de la clase trabajadora han empeorado. Este hecho, unido a la dejación y la complicidad ideológica de las administraciones públicas y a la falta de prevención real en las empresas, da como resultado un incremento del número de enfermedades y accidentes laborales, aunque a menudo no se reconozca su origen laboral y se les derive al sistema sanitario público, a consecuencia del trabajo que hacen las mutuas en este ámbito.
Las mutuas, asociaciones de empresarios, que la ley define sin ánimo de lucro, colaboran en la gestión de dinero público de la Seguridad Social y tienen plenos poderes en las contingencias profesionales. Y con los años han ganado más tanto en contingencias comunes (donde someten a la clase trabajadora a un control exagerado e indiscriminado), como en la prestación por enfermedad grave de descendientes, o el desempleo de autonómos y autónomas, etc. más propia de otras administraciones públicas que de una mutua.
Pero todo ello responde a un modelo muy concreto de descapitalizar lo público en beneficio de intereses privados. Este camino, de dotar de mayor poder a las mutuas, iniciado en la década de los 90, se va a ver agravada a largo de los próximos meses, ya que distintos borradores sobre una futura Ley de mutuas y un real decreto sobre la incapacidad temporal indican que van a dotar de mayor poder de actuación a estas asociaciones de empresarios, vaciando de contenido y competencias a los sistemas públicos de salud y sus profesionales (Osasunbidea y Osakidetza). Todo ello basándose en el falso argumento del ahorro en la actual situación económica y de la sospecha de fraude por parte de los y las trabajadoras hacia el sistema público, quieren descapitalizar lo público y entregarle el negocio al ámbito privado, también en temas básicos como la salud.
Los cambios normativos que aparecen en los borradores son:
• Amplían la duración de los convenios de 1 a 3 años.
• Las mutuas decidiran si una baja es de origen común o profesional.
• Ante las altas de las mutuas solo 10 días para poder reclamar.
• Se pondrán tablas de duración óptimas de enfermedades para controlar su duración (media).
• Aumento de la burocracia en la baja que dependa del servicio público de salud (no así de la que dependa de las mutuas).
• Capacidad por parte del INSS e incluso de las Mutuas de acceso a nuestra historia clínica de los servicios públicos de salud.
• Y en contingencias comunes:
– Nos puden citar desde el primer día.
– Obligatoriedad de hacerse reconocimientos en contingencias comunes, en caso contrario la seguridad social nos puede dar el alta y la mutua dar el alta económica (seguir de baja sin cobrar).
– Realización de pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores que cobrarán al sistema de salud.
– En el caso de no acudir al reconocimiento médico de la mutua se suspende el pago de la prestación y hay un plazo de 10 días para demostrar por escrito la incomparecencia.
– Propuestas de alta.
Es decir, este cambio va a suponer:
• Centralización. Se centralizan y roban competencias a los servicios públicos de salud (Osasunbidea y Osakidetza) y a sus inspecciones médicas.
• Privatización de la Sanidad Pública. En contra de los criterios de equidad y universalidad del sistema público de salud.
• Dualización del sistema sanitario. Uno de gestión privada, fuerte para personas en activo y el sistema público de salud descapitalizado.
• Financiación sistema mutual con presupuestos públicos. Ya no solo se financian con cotizaciones sino que también por medio del cobro de las pruebas médicas adelantadas en contingencias comunes.
• Empoderamiento total de las Mutuas.
• Falta de control. No se regula ningún tipo de control de las actividades sanitarias.
En definitiva, las nuevas competencias para las Mutuas supondrán un mayor poder de control hacia la clase trabajadora y, por lo tanto, está claro cómo el modelo actual, con sus constantes reformas, van hacia el desmantelamiento del sistema público: avanzamos hacia un modelo privado y economicista de la salud, en el que se les va a dar todo el poder a esas asociaciones de empresarios que son las mutuas, sin ningún control, sin perseguir el fraude en el registro de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Todo ello bajo la excusa de la mejor gestión “privada” que la pública, pero ocultan los costes que la sociedad paga por sus altas tempranas, despidos de personas enfermas o secuelas evitables.
Por lo tanto, debemos potenciar lo público frente a lo privado y, por lo tanto, que las empresas NO contraten el control de las contingencias comunes con las mutuas y que las contingencias profesionales se contraten con el INSS, y la asistencia sanitaria sea realizada por medio de Osasunbidea u Osakidetza, en defensa de otro modelo.
Un modelo público, equitativo, universal, único que desarrolle una carta de derechos asistenciales de las personas usuarias, vasco, orientado a la prevención, participativo e impulsor de la investigación, cuyos ejes más importantes serían:
• Marco normativo y régimen económico propio, potenciando el Marco Vasco de Relaciones Laborales y de Protección Social.
• Capacidad plena de organizar en base a nuestras necesidades.
• Seguridad Social propia y el compromiso en su defensa.
• Creación de un organismo de recaudación y gestión de las cotizaciones con participación social y sindical.
• Dotar al sistema público sanitario vasco de los recursos necesarios (económicos, humanos y materiales) en mejora de la calidad.
• Modificaciones normativas para que los daños a la salud derivados del trabajo sean atendidos únicamente desde el servicio público de salud.
• Publificación de los recursos de las mutuas y de los servicios de prevención.
Un modelo donde la salud de la clase trabajadora sea un derecho en sí mismo y no esté condicionada por factores económicos, sino únicamente por criterios de salud.