En opinión de LAB, las medidas propuestas por las Diputaciones no responden a la reforma fiscal que necesita Euskal Herria.
La fiscalidad es una herramienta fundamental para un reparto justo de la riqueza, pero para eso hay que gravar a los ricos y a las rentas del capital. Hoy, somos la clase trabajadora quienes vía rentas del trabajo realizamos la mayor aportación a la recaudación fiscal.
La necesidad de una reforma de calado en la política fiscal es una demanda apoyada de manera mayoritaria puesto que el modelo actual es profundamente injusto. Tras declaraciones políticas que han ido perdiendo fuelle, el acuerdo entre PNV y PSE que se trasladó en forma de propuesta ayer a las diputaciones no contiene más que pequeños fuegos de artificio. Esta no es la reforma fiscal que pide y necesita la clase trabajadora vasca.
Como desde el sindicato analizamos en la publicación Ikusmiran 15, la fiscalidad actual está hecha a medida de la patronal. Y para poder impulsar los servicios públicos –en ámbitos como sanidad, educación, cuidados o vivienda– y garantizar el liderazgo público necesario para afrontar la transición ecosocial, necesitamos que se graven los beneficios empresariales y las rentas del capital, incrementando la progresividad.
El debate de la fiscalidad no puede quedarse en el ámbito institucional y el acuerdo entre partidos. El CEO de Repsol Josu Jon Imaz es consciente de ello, igual que Lopez Atxurra o Garamendi, que ejercen su presión, chantaje y amenazas para evitar una fiscalidad que les haga aportar a las arcas públicas una parte mayor de sus vergonzosos beneficios. Es imprescindible el debate y la presión social para evitar que, una vez más, el Gobierno de Gasteiz y las diputaciones cierren en falso el debate y mantengan los privilegiosde la patronal.
Para LAB, son fundamentales tres medidas:
– En el IRPF, un tipo único para las rentas de capital y trabajo y la elevación del tipo máximo al 60%. No puede ser que las y los trabajadores declaremos más que las empresas.
– En el Impuesto de Sociedades, supresión de todas las deducciones e incentivos fiscales y establecimiento de un tipo nominal del 35% para que los beneficios empresariales aporten a la sociedad.
– Un recargo a las rentas de capital de entre el 1 y el 10%.