Hemos realizado una caravana de coches y una concentración en Donostia, ante la sede de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la que hemos destacado el carácter público de las trabajadoras del ámbito de los cuidados, y hemos reclamado que los cuidados no se conviertan en negocio. También hemos pedido garantizar el IPC y mejorar los ratios.
La ciudadanía de Gipuzkoa conoce bien la situación del personal que trabaja en las residencias de ancianos y ancianas, en la intervención social, en el servicio de ayuda a domicilio y en los servicios para personas con diversidad funcional. Desde LAB queremos denunciar, una vez mas, la actitud de las autoridades de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que son las responsables directas de la situación que viven las trabajadoras. Hace años que nuestros gobernantes, de la mano con la patronal, emprendieron la privatización de los puestos de trabajo relacionados con las tareas de cuidado; así, convirtiendo las residencias de ancianos, la ayuda a domicilio, los servicios relacionados con la diversidad funcional, los que se engloban en la intervención social en negocios, se priorizan los beneficios de las empresas privadas por encima del derecho a unas condiciones de trabajo dignas y unos servicios públicos de calidad.
La tendencia capitalista está profundizando el proceso de mercantilización de los cuidados y la precarización de las mujeres* trabajadoras desde que apostaron por sacar provecho económico de estos servicios verdaderamente esenciales.
Todos los sectores dependientes del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de Gipuzkoa se encuentran en una situación similar como consecuencia de la privatización:
No hay garantía del IPC para las trabajadoras de cuidados y servicios sociales. A pesar de que los incrementos salariales deben ser acordados por convenio entre la representación de las trabajadoras y la patronal, la negociación colectiva está totalmente condicionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, porque siendo la principal titular y financiadora de la mayoría de los servicios, es la que limita la capacidad económica de negociación de la mayoría de las asociaciones empresariales. Por ello, a día de hoy, en los sectores citados no existe ninguna garantía de mantener poder adquisitivo para las trabajadoras.
La Diputación también es la que establece cargas de trabajo excesivas e insostenibles en todos estos servicios, ratios que en muchos casos ni siquiera se cumplen. La mejora de los ratios es una cuestión de urgencia porque el exceso de carga de trabajo está causando graves daños en la salud física y psicosocial de las trabajadoras. Y cómo no, porque también está teniendo un impacto innegable en la calidad del servicio.
Desde el sindicato LAB tenemos claro que la necesidad de un cambio de modelo es evidente y que debemos seguir avanzando hacia un sistema de cuidados público-comunitario. Por eso nos hemos mobilizado hoy, y le hemos pedido una reunion a la Diputacion foral de Gipuzkoa. Aunque en estos momentos estos servicios están privatizados, son trabajadoras que estamos haciendo un trabajo público. Por ello decimos que somos empleadas públicas. Es imprescindible acabar con la privatización y dar pasos en el reconocimiento social, político y económico que se debe a las tareas de cuidado, además de dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras que realizan las tareas de cuidado.