El Gobierno de Sánchez ha anunciado, una vez más, medidas coyunturales para hacer frente a la situación económica y social que se está agravando. Al igual que con la pandemia del COVID-19, se han anunciado decisiones de alcance limitado más que adoptar medidas estructurales para dar respuesta a las necesidades de las y los trabajadores y sectores populares. Analizaremos en profundidad estas medidas, pero queremos realizar una primera valoración.
Se ha ampliado hasta julio la reducción de los impuestos para limitar el precio de la luz, quieren extender el escaso bono energético a más familias y, bajo la recién reconocida excepción de la península ibérica, existe una posibilidad de establecer límites temporales en el precio del gas. Esta última noticia se nos ha anunciado como una victoria, pero será un logro escaso si se utiliza el para mantener el precio en valores parejos al último año. Recordamos que antes de la descarnada subida de hace un año, el precio de producción del gas rondaba los 40 euros.
En cuanto a los carburantes, Madrid anuncia un descuento de 20 céntimos por litro, con tres cuartas partes asumidos por la administración pública y sólo 5 céntimos con el esfuerzo del sector petrolero. Desgraciadamente, sabemos cuáles son las consecuencias de dicho esfuerzo. Mientras algunos seguirán haciendo negocio con los derechos de los y las trabajadoras y estas medidas apenas condicionarán sus ganancias, esta medida traerá más recortes en los servicios públicos que actualmente están siendo paupeurizados.
Tambien se han anunciado otras medias como la subida del 15% del IMV que apenas notaremos aquí y el incremento máximo del 2% de los alquileres en los próximos tres meses o la flexibilidad de los ERTEs para evitar despidos. Todas estas medias suman un total de 16.000 millones de euros, de los que 6.000 corresponden a ayudas y bajadas de impuestos a sectores y familias en situación de vulnerabilidad.
En la misma dirección, también hemos conocido que las Haciendas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con el fin de ayudar a algunos sectores afectados por la situación, han planteado una serie de medidas fiscales.
La situación es grave y una vez más somos la clase trabajadora quien está sufriendo las consecuencias de manera más directa. La situación exige medidas más audaces. Los representantes del capitalismo salvaje no pierden ocasión y aunque han reiterado su demanda de bajar los impuestos, ya es hora de que se haga una redistribución de la riqueza y se adopten medidas urgentes.
Exigimos que se limite al oligopolio energético su poder y capacidad de chantaje. La energía es un bien público, universal, imprescindible para todos y todas. La pobreza energética es una estrategia de vulnerabilidad de las y los trabajadores. Por eso reivindicamos el control público y social sobre la energía, porque su consumo y disponibilidad no puede establecerse en función de la renta de la personas, sino en función de las necesidades sociales. Por otra parte, es hora de revisar la política fiscal, entre otras cosas, metiendo mano en los beneficios tanto del oligopolio energético como de otras empresas, aumentando los impuestos a las rentas de capital.
Vivimos en un sistema político económico que nos ha metido en una crisis permanente y las políticas del gobierno de Madrid no nos aseguran a las y los trabajadores vascos nuestras condiciones de vida. Los ejecutivos de Gasteiz e Iruñea siguen el mismo camino, ocultando tras el discurso de las competencias limitadas su falta de voluntad, propuesta e iniciativa. Necesitamos, pues, soberanías. Capacidad para hacer políticas que dignifiquen nuestras condiciones de vida y prioricen los intereses de los trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares.
Por último, hace dos semanas que las y los transportistas autónomos de Euskal Herria iniciaron una huelga bajo el apoyo del sindicato de HIRU, ya que también están sufriendo las consecuencias de esta situación injusta. A través de esta nota, les trasladamos toda nuestra solidaridad.