El 31 de julio, CEOE, CCOO y UGT acordaron dotar a las mutuas de más facultades para el control de las contingencias comunes. Ahora está en manos de los gobiernos de la CAV y Nafarroa impedir el desarrollo de ese acuerdo, lo que supondría un nuevo paso en la privatización del sistema sanitario, y no suscribir convenios con las mutuas.
Es un acuerdo que llega en un contexto muy concreto. Por un lado, la patronal, con su falso y manipulado discurso sobre el absentismo, quiere abrir la puerta a nuevos recortes de derechos, para los que tiene a las mutuas como compañeras de viaje. Por otro lado, en la CAV, el debate sobre la Sanidad está abierto.
LAB quiere rechazar la intervención de las mutuas y subrayar la necesidad de priorizar la sanidad pública. La privatización de la sanidad que supone esta medida busca garantizar los beneficios de las empresas, nunca la salud de las y los trabajadores.
Así, hemos escuchado con preocupación lo señalado el pasado viernes en el Parlamento de la CAV sobre el convenio con las mutuas por parte del Consejero de Sanidad Alberto Martínez Ruiz, quien, preguntado por EH Bildu, manifestó su voluntad de «analizar el tema». Desde LAB queremos recordarle que, en nuestro caso, la opinión de la mayoría sindical es contraria.
En el caso de la CAV, el debate sobre la reforma del Sistema Sanitario está abierto y, tal y como hemos denunciado desde LAB, el documento resumen del diagnóstico que nos han presentado adolece de importantes carencias, entre otras cosas, porque no se recogen todos los datos sobre la privatización, ni los motivos, ni el coste. No se hace una valoración de estas políticas y para LAB, esas políticas de privatización, han debilitado y han supuesto la decadencia el sistema público, al mismo tiempo que han reforzado el privado. Ahora, no sólo no se corrigen estas políticas de privatización, sino que la concesión de nuevas competencias a las mutuas sería un paso en la dirección contraria a la transformación que exige Osakidetza.
El presente Acuerdo de ámbito estatal recoge, en su punto 7, la gestión de las incapacidades temporales y las medidas relativas a la recuperación de las y los trabajadores. Así, lo que se plantea es «utilizar los recursos de las mutuas para acelerar en el tiempo los diagnósticos y tratamientos en procesos traumáticos». Así las cosas, si se desarrollara el convenio, la mutua trataría a las y los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal ordinaria (es decir, baja no laboral) (en los casos en que se hayan producido los traumatismos enumerados), una vez transcurridos los tiempos de recuperación previstos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con el consentimiento de la o del trabajador. En relación a esto último, el propio Ararteko advierte de que los y las trabajadoras pueden dar su aprobación bajo presión, por lo que LAB también lo considera inaceptable. Por lo tanto, el diagnóstico y tratamiento los realizaría la mutua, pero la decisión de altas y bajas seguiría dependiendo de la o el médico de familia de Osakidetza u Osasunbidea.
Lo recogido en el acuerdo refleja, a juicio de LAB, la incapacidad del sistema público, aunque no se reconozca explícitamente. Obedece a una demanda tradicionalmente reivindicada por patronal y mutuas por la que estas entidades empresariales conseguirán gran parte de la gestión de contingencias comunes. LAB advierte, además, de que la actual es sólo una de las medidas acordadas por mutuas y gobiernos y que en el futuro vendrán más, todas ellas en la dirección de la privatización.
El acuerdo plantea un servicio sanitario dual. El primero, para las y los trabajadores activos, siendo lo más importante que sean productivos y productivas cuanto antes, con más recursos sanitarios y cuyo objetivo sea acortar el tiempo de duración de la baja en lugar de curar. Y el segundo, para la parte de la sociedad no productiva, a la que corresponde el sistema sanitario público y a la que se destinan menos recursos, alegando que la curación y la recuperación no tienen prisa.
El acuerdo no aclara si los criterios y decisiones de los tratamientos quedarían en manos de las mutuas o del personal médico de Osakidetza. Esto se traduce en que, con el fin de buscar el alta rápida en algunos traumatismos, se pueden aplicar tratamientos que no son adecuados desde el punto de vista sanitario, sino que en lugar de buscar una adecuada curación, el objetivo puede ser paliar el daño y volver al trabajo cuanto antes. LAB recuerda que las mutuas anteponen siempre el criterio economicista al sanitario. En los posibles convenios que podría desarrollar cada comunidad con las mutuas habría la posibilidad de delegar esta competencia en el personal médico de las mutuas, lo que a juicio de LAB sería muy grave. Por lo tanto, la medida pone a la o el trabajador bajo la criterio del personal médico de empresa sin garantías y además, disminuye la capacidad y capacidad de decisión de la o el médico de familia, debilitando el criterio sanitario.
Por lo tanto, sobran razones para rechazar la implementación del acuerdo acordado en Madrid.