Convocaremos asambleas en las próximas semanas en varias comarcas para compartir conjuntamente con las trabajadoras el diagnóstico, reflexionar sobre la actual situación de la Ayuda a Domicilio como parte de la crisis de los cuidados y poder acordar una agenda movilizadora entre todas. Hemos comparecido hoy en Bilbo para informar de todo esto.
Los Ayuntamientos son los titulares en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Mayoritariamente, subcontratan la prestación del servicio mediante licitaciones. La prestación directa del mismo, la realizamos auxiliares domiciliarias que trabajamos por cuenta de las subcontratas.
En los últimos 6 años, el número de horas de servicio otorgadas por los ayuntamientos ha disminuyendo constantemente. Dicha disminución o recorte ha supuesto en algunos municipios un descenso en torno al 30% de horas de servicio. Ello ha tenido consecuencias negativas, en el plano asistencial y en el laboral.
En relación al plano socio – asistencial:
• Ha supuesto una reducción en el nivel de protección a un colectivo cada vez mayor toda vez que las horas de servicio son menos, así como una disminución en la calidad del servicio, toda vez que además de la reducción de horas, por cada hora de trabajo se realizan más funciones.
En el plano laboral, quienes llevamos desempeñando este fundamental servicio durante décadas, casi en su totalidad mujeres, hemos sufrido una pérdida de empleo y de derechos laborales año tras año.
• Se ha despedido de manera masiva a trabajadoras con contratos eventuales, mayoritariamente en fraude de ley. La contratación eventual es la política de contratación predilecta de las empresas. A través de ésta se arrogan un mecanismo adecuado de flexibilidad, contratando a trabajadoras con jornadas parciales y a la carta, aunque no exista causa real y se encuentren en fraude de ley, e incluso, incumpliendo los mínimos establecidos en el Convenio Colectivo de aplicación. A día de hoy, las empresas se niegan a regularizar este tipo de contratos en fraude de ley, así como a acordar con la Representación Legal de los y las Trabajadoras bolsas de trabajo garantistas para estas trabajadoras.
• No se garantizan las horas que por contrato tenemos, siendo modificadas nuestras condiciones, perdiendo salario y cotización. Un alto porcentaje de trabajadoras realiza actividad a jornada parcial.
• En los últimos tres años, además de empeorar nuestras condiciones laborales, hemos perdido casi un 3% de poder adquisitivo, como consecuencia de la congelación salarial de los años 2013 y 2015, con la excepción del 2014, en que se actualizaron 8 € mensuales a jornada completa.
• Las empresas achacan a las trabajadoras y a su Representación Legal el alto índice de absentismo, motivado por contingencias comunes y profesionales, pero no encontramos en ellas voluntad para cumplir con sus obligaciones y garantizar a las trabajadoras las medidas preventivas adecuadas para que no sufran ningún daño por el hecho de realizar su trabajo.
• Las plantillas están compuestas casi en su totalidad por mujeres, con muchos años de servicio, los cuales se manifiestan negativamente para la salud de éstas. Las dolencias músculo esqueléticas, entre otras, son la causa para que en muchas ocasiones, se cese en el trabajo voluntariamente y se soliciten jubilaciones anticipadas con la pérdida de derechos que supone la mismas.
A su vez, han pasado ya 14 meses desde que se constituyera la mesa negociadora del Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de Bizkaia.
La patronal bloqueó la negociación desde el comienzo, mostrando su negativa a aceptar cualquier mejora de contenido salarial así como de mejora en la regulación del propio servicio. Tras la quinta sesión negociadora, la patronal suspendió unilateralmente la negociación argumentando la imposibilidad de continuar negociando hasta que no se resolviese el concurso del servicio en el municipio de Bilbao, el cual supone el 50% del conjunto del sector en Bizkaia.
El concurso público del Servicio de Ayuda a Domicilio de Bilbao, ha finalizado y ha sido asignado a las mismas empresas. El mismo cuenta con un aumento del 8% en el precio hora respecto de la licitación anterior. ¿Cuál es el motivo para que no regresen a la mesa negociadora?
¿Cómo es posible que se esté dando esta situación, cuando es cada vez mayor el número de personas que necesitan de protección para hacer frente a los diferentes niveles de dependencia que padecen? ¿Cómo es posible, que siendo un servicio social público, se abandone a las prestatarias del servicio a la suerte de las mercantiles?
Paralelamente el Servicio de Ayuda a Domicilio disminuye, según un informe de la Diputación Foral de Bizkaia, el 46% de las personas que manifiestan algún grado de dependencia en Bizkaia no reciben ningún tipo de servicio externo.
Mientras el Servicio de Ayuda a Domicilio se deteriora y con él nuestras condiciones laborales, la Diputación de Bizkaia destina cada año una mayor partida ampliable para los cuidados en el entorno familiar. Una prestación económica de carácter excepcional, conforme a la Ley de Dependencia.
Los ayuntamientos y Diputación son responsables en cuanto son titulares de este servicio que externalizan dejándolo en manos de empresas privadas, muchas veces con escasa solvencia social, las cuales priman los beneficios a la calidad del servicio y en que condiciones se presta. Las empresas mercantilizan el servicio.
El SAD, así como otros servicios son una oportunidad para la generación de empleo ahora que tanto se necesita, demostrando que el sector público debe ser motor de la economía, garantizando además unos cuidados de calidad a las personas que lo necesiten, esto es, dotando de la suficiente cobertura a las personas.
El sindicato LAB, se reafirma en el diagnóstico compartido conjuntamente con las trabajadoras de la cruda realidad del Servicio de Ayuda a Domicilio de Bizkaia, y se ratifica en los contenidos recogidos en la plataforma reivindicativa unitaria con ELA, UGT y USO.
Por ello, queremos realizar un llamamiento al conjunto de sindicatos para sumar fuerzas y articular un movimiento de trabajadoras frente a la irresponsabilidad de los Ayuntamientos y frente a la voracidad de quienes gestionan este servicio social, las empresas.