Desde la explicación de motivos y los supuestos objetivos del acuerdo, no se hace más que explicitar enunciados que faltan a la verdad y que intentar esconder, de una manera bastante chusca, las responsabilidades que en la situación que está sufriendo nuestro pueblo tiene el Gobierno Vasco y las políticas que viene aplicando (sea de mano del PSE o del PNV) desde el comienzo de la crisis.
Sorprende, asimismo, la autocomplacencia de la que hacen gala ambos partidos que no dudan en halagar su “decidida acción política de apoyo a las empresas”, acción política que, como se vislumbra en este acuerdo que seguirá siendo, ha ido encaminada a la financiación a fondo perdido y sin exigencia alguna de creación ni siquiera mantenimiento del empleo. Afirman que gracias a ello sobrellevamos “esta situación con mayor solvencia que otras comunidades” y, sin embargo, no se advierte ningún atisbo de autocrítica a la vista del progresivo deterioro de nuestro panorama laboral, ahora que sufre con mayor intensidad que en el resto del estado los efectos de la segunda recesión en cinco años.
El esbozo que se realiza en el documento sobre el plan para la reactivación económica y el empleo, deja claro que no se trata más que de una reedición de las políticas que se vienen realizando. Este tipo de políticas, basadas en dejar en manos de la iniciativa privada la conveniencia o no de crear y mantener el empleo y en las que la acción de las administraciones públicas en puramente residual, de acompañamiento y de financiación con dinero público, son precismente las que nos han traído a la situación actual.
Euskal Herria necesita una verdadera política económica eficaz y efectiva, que atienda a los problemas por los que pasan nuestros distintos sectores y que realice una intervención pública real. Ésta es la urgencia y la prioridad de nuestro pueblo y sobre esto son indispensables verdaderos acuerdos de país entre los distintos agentes políticos, sociales y económicos, y no acuerdos de conveniencia entre partidos.
Por otra parte, no se puede hablar de la necesidad de creación de empleo de manera genérica, mientras que en el ámbito de los servicios públicos podrían adoptar sin más dilación la retirada del decreto de ampliación de la jornada y revertir, así, la destrucción de empleo que con esta medida generó el Gobierno de Urkullu y no se hace. A este respecto, criticar especialmente la actuación del PSE, que exigió en el Parlamento la retirada de la medida y, al no recogerlo como cuestión fundamental para la firma de este acuerdo, han demostrado que aquel posicionamiento parlamentario no fue más que un brindis al sol.
Con toda la importancia que tiene el fraude fiscal y la necesidad de poner medidas efectivas para su persecución, es una medida insuficiente si los mecanismos de elusión fiscal siguen permitiendo que sea solo la clase trabajadora la que aporte ingresos a las arcas públicas. No obstante, respecto a la reforma del sistema tributario, no se adelanta ningún detalle. Pero merece la pena recordar que el PNV es el máximo responsable de la configuraci´n que actualmente tienen los impuestos que ahora pretende modificar. La gestión que el PNV ha desarrollado durante largos años en el Órgano de Coordinación Tributaria y al frente de las Haciendas Forales ha estado dirigida a conceder privilegios fiscales a las retas más elevadas, a las grandes fortunaas familiares y a los beneficios empresariales.
Asimismo, se incorpora como parte del acuerdo el fomento de la colaboración entre las tres haciendas forales, incluyendo el establecimiento de un mecanismo estable y recíproco que permita la interconexión y el intercambio de datos fiscales. Hace meses que la Hacienda de Gipuzkoa venía reclamando un amedida similar.
En todo caso, la determinación mostrada para acometer la complicada tarea de remover la actual arquitectura institucional contrasta con el desinterés por impulsar un escenario que nos permita ir avanzando hacia un sistema tributario propio. En la actualidad, sólo tenemos competencias normativas sobre impuestos que representan la mitad de la recaudación por tributos concertados.
Desde la perspectva de las adiministraciones y los servicios públicos, las referencias a iniciativas legislativas son inútiles, dado que siempre será el estado el que defina cuáles son, tanto los servicios públicos, como las condiciones laborales de sus plantillas y las iniciativas que emanen de este acuerdo no podrán ser más que un “corta y pega” de lo que dicte el Congreso español: Ley Municipal supeditada a lo que establezca la reforma de la Administración Local (que recorta servicios municipales y destruye empleo público); Ley de la Función Pública Vasca supeditada al Estatuto Básico del Empleado Público que niega la negociación colectiva; decreto de servicios esenciales supeditado a la Cartera de Servicios Públicos establecida por el estado español; rechazo a los copagos, pero rechazos retóricos que en la práctica se aplican…
Hablan de la necesidad de impulsar unos servicios públicos de calidad pero para su sostenimiento dicen que con la dotación presupuestaria actual es suficiente. Ambas cosas son incompatibles, si verdaderamente quieren un sistema de servicios públicos de calidad sí o sí deben afrontar la equiparación de la dotación presupuestaria media de la UE. Entre tanto si no, lo único que tendremos es una red de servicios públicos con poco personal en relación a las necesidades, con sobrecarga de trabajo, ratios de atención saturados, listas de espera intolerables y servicios públicos no universales con tasas y copagos inasumibles por cada vez una mayor parte de la población. Tan es así, que en la literalidad del acuerdo en relación a los servicios públicos se ponen calificativos relativos a la calidad pero en la práctica no proponen otra cosa más que “simplificación” del entramado cuestión que no sabemos muy bien qué es pero de entrada suena a rescisión de servicios.
{module[111]}