La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se aprobará en los próximos meses en el Congreso del Estado español. Esta ley regulará durante unos años la naturaleza y funcionamiento de las universidades del Estado español, incluidas las universidades de Hego Euskal Herria y, por supuesto, afectará a todas las personas que trabajen o estudien en ellas.
Por ello, LAB quiere hacer pública su lectura de esta ley en base al todavía provisional texto del anteproyecto de ley.
No es nuestra ley. No es la ley que necesitamos
Euskal Herria necesita una universidad propia, desarrollada desde Euskal Herria y orientada a responder a las necesidades de la ciudadanía vasca. Aunque bien es cierto que la Ley Universitaria Vasca (aprobada en la CAV en 2004 tras una larga lucha a favor de un profesorado propio) recoge algunas competencias en esta materia, no cabe olvidar que se trata de una ley totalmente subordinada a la legislación estatal, impidiendo, de esta forma, el desarrollo íntegro del modelo universitario que necesita Euskal Herria. En Nafarroa Garaia la situación es aún peor, ya que sólo disponen de la ley de creación de la UPNA en lo que al ámbito universitario se refiere. La LOSU no traerá ningún cambio en este sentido y, en algunos aspectos, además, supondrá un retroceso. Aunque en la introducción del texto de la ley se pueden observar algunos aspectos progresistas, esta ley seguirá siendo una ley centralista, dejando de lado tanto la identidad y realidad diferenciada de Euskal Herria como las de otras naciones del Estado.
Asimismo, debemos regular en Euskal Herria las condiciones laborales de quienes trabajan en las universidades, reivindicando y construyendo nuestro propio marco laboral.
La LOSU seguirá marginando la vía laboral
Frente al modelo funcionarial centralista impuesto por Madrid, la opción que desde LAB hemos defendido históricamente es la de dotarnos de una normativa propia de relaciones laborales. En este sentido, aunque en las dos últimas décadas se han conseguido desarrollar en la UPV/EHU figuras laborales equiparables en muchos aspectos a las figuras del funcionariado, todavía se mantienen algunas discriminaciones. En la UPNA, a diferencia de la UPV/EHU, aún no se ha desarrollado ninguna figura laboral permanente propia que permita estabilizar la plantilla y, desde LAB, pensamos que es un camino a abordar sin demora. En esta situación, el aumento del porcentaje de personal funcionario que contempla el texto provisional de la LOSU del 51% al 55% perjudicará inevitablemente la vía laboral abierta en la UPV/EHU, ya que aumentará la presión sobre el profesorado para convertirse en personal funcionario del Estado español, mientras que no supondrá ningún avance en la situación de la UPNA. Asimismo, se niega al personal docente e investigador laboral la posibilidad de optar a rector/a, a pesar de contar con los méritos exigidos al personal funcionario para presentarse a ese cargo, manteniendo intacta esta discriminación hacia el profesorado laboral. La LOSU deja en una grave indefinición el futuro de las figuras laborales, manteniendo amplias dudas sobre la trayectoria y las posibilidades de promoción de las y los trabajadoras/es que quiera optar por esta vía.
No democratiza el modelo de gobernanza universitaria y aumenta la subordinación
La LOSU mantendrá la histórica jerarquización en la gobernanza universitaria, otorgando la mayoría de la representación al profesorado permanente y minorizando la representación de otros colectivos. Las atribuciones del claustro seguirán siendo limitadas, la participación restringida y la posibilidad de materializar cambios mínima. Es necesario democratizar el Claustro y el Consejo de Gobierno, convirtiéndolos en espacios de debate y participación. En esta ley no habrá avances en este sentido. La LOSU aumentará la representación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno. En lugar de buscar una composición más democrática del Consejo Social (la mayoría de los representantes son elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y la presencia de la universidad es muy escasa), esta medida servirá para aumentar el control externo de las universidades y no para responder mejor a los intereses de la UPV/EHU, de la UPNA y de la sociedad en general.
Dudas y amenazas en las condiciones del personal docente investigador
La LOSU recoge diferentes medidas para reducir la tasa de personal docente e investigador temporal, pero no queda claro cuáles serán las fuentes de financiación de estas medidas. También hay que señalar que los nueve meses de estancia en el exterior requeridos para acceder a un puesto de trabajo fijo pueden suponer un incremento de la brecha en la carrera profesional de las mujeres.
Sin mejoras para el euskera
Esta nueva ley tampoco servirá para mejorar la situación del euskera en nuestras universidades. No se recogen porcentajes mínimos para los programas de enseñanza, ni niveles mínimos de conocimientos para el personal ni para los tribunales de oposiciones.
Peticiones de LAB a los agentes responsables en esta materia
Las direcciones de la UPV/EHU y de la UPNA tienen una gran responsabilidad en este asunto. Deberían aprovechar sus relaciones con otras instituciones y agentes y su participación en diversas entidades (como la CRUE) para presionar. Desde LAB dirigimos las siguientes peticiones a los equipos directivos de la UPV/EHU y de la UPNA:
• Defender la autonomía universitaria frente al control político externo.
• Defender la vía laboral en la UPV/EHU, rechazando el porcentaje de funcionarios y funcionarias que pretenden implantar y garantizando que el personal laboral no tenga menos derechos que el funcionarial.
• Crear una figura laboral permanente que se gestione en Nafarroa.
• Solicitar y obtener la financiación pública que precisan tanto la UPV/EHU como la UPNA.
• Reivindicar un espacio universitario y de investigación propio que responda a los retos y necesidades de la sociedad vasca.
Asimismo, pedimos a todos los partidos políticos vascos representados en Madrid que presionen en defensa del sistema universitario vasco. Por un lado, les pedimos que luchen para traer a la CAV y a la CFN la transferencia del personal docente e investigador funcionario. Por otro, que defiendan la vía laboral para que no sea perjudicada por la LOSU, es decir, para que, teniendo las mismas obligaciones que el personal funcionario, tengan también los mismos derechos.