La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha comparecido esta mañana para explicar la lectura que realizamos con respecto a las reformas de las pensiones que se están llevando a cabo tanto en el estado español como en el francés. También ha presentado un análisis sobre las consecuencias derivadas de las últimas cinco reformas en el estado español, junto con diversas medidas para mantener la viabilidad de las pensiones. Finalmente, hemos anunciado una movilización que llevará a cabo en la muga entre Lapurdi y Gipuzkoa el próximo 8 de febrero, bajo el lema Hemen lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki. Pentsioen erreformei ez (Trabajar aquí, cotizar aquí, decidir aquí. No a las reformas de las pensiones).
Garbiñe Aranburu ha subrayado que el contexto de la guerra de Ucrania ha acelerado la necesidad de una transición ecosocialista y feminista, la cual debe apostar por políticas públicas redistributivas. “No hacerlo supone seguir aumentando las desigualdades sociales”, afirma. Sostiene que dicha transición debe comenzar por revertir los recortes llevados a cabo durante los últimos años a través de reformas laborales y de pensiones, así como aquellos derivados de la falta de inversión en servicios públicos.
“Los argumentos utilizados en ambos estados para justificar la reforma de las pensiones son similares. Nos hablan del reto demográfico y se nos dice que los sistemas actuales de pensiones no son sostenibles”, ha explicado Aranburu, y ha destacado que dichas medidas “recortan derechos y endurecen las condiciones para cobrar la jubilación”. Todo ello responde, según LAB, “a la lógica de las políticas económicas neoliberales que benefician al negocio privado”.
En cambio, el sindicato asegura que es posible garantizar la sostenibilidad de las pensiones sin recurrir a recortes, y para ello destaca las siguientes medidas:
• Mejora de los salarios y eliminación de los topes de cotización. De esta manera, los y las trabajadores en activo aportan más dinero vía cotizaciones, y además, en el futuro tendrán mejores pensiones.
• Y si fuera necesario, vía presupuestos, con otra política fiscal. Recaudando más dinero y de manera más progresiva. Garantizando unas pensiones públicas y unos servicios públicos dignos. Porque las pensiones son un derecho básico que tiene que garantizar el Estado.
Con respecto a la reforma anunciada por el gobierno de Macron, Aranburu destaca que “es un ataque directo al sistema público”, ya que amplia la edad legal de jubilación y endurece las condiciones para acceder a las pensiones.
Del mismo modo, afirma que las cinco últimas reformas realizadas en el estado español van en la misma dirección. Subraya, además, la “gravedad añadida” de que algunas de ellas hayan contado con el aval sindical de CCOO y UGT. Aranburu ha destacado las siguientes consecuencias de dichas reformas:
• Retraso de la edad de jubilación
• Ampliación de los años mínimos necesarios para percibir la pensión
• Periodo mínimo de cotización para cobrar la pensión
• Aumento de los años de cotización para el cálculo de la pensión
• Método de actualización de la cuantía de la pensión que ha supuesto una rebaja de las pensiones que no se ha recuperado con la revisión del método
• Impulso a fondos privados de pensiones
“Por medio de estas reformas se han endurecido las condiciones para acceder a la prestación de jubilación. Además, no se garantiza la pensión mínima de 1.260 euros”, ha explicado Aranburu. También ha destacado que el 66,7% de las mujeres percibe un sueldo por debajo de los 1.000 euros, y que el 34,5% del total de personas pensionistas tampoco alcanzan a cobrar dicha cantidad. Añade que tampoco hay ningún reconocimiento ni compensación económica para el trabajo de cuidados realizado gratuitamente por las mujeres, ni se adopta ninguna medida para reducir la brecha de género.
“Y ahora, el Ministro Escriva pretende dar otra estacada, aumentando el período para el cálculo de la pensión a 30 años. Queremos mostrar nuestro frontal rechazo a esta medida. Esta demostrado que por cada año que se aumenta el período de cómputo, las pensiones tienen un recorte claro y disminuye la tasa de cobertura. Así, cada vez hay una mayor brecha entre el último salario percibido y la pensión de jubilación”, critica.
La representante de LAB ha señalado que el sindicato va a poner todo su empeño en parar esta reforma de pensiones: “Vamos a enviar cartas a Unidas Podemos, PNV y EH Bildu, para exigirles que no avalen los recrotes al sistema público de pensiones, así como para que defiendan la necesidad de un sistema propio de pensiones”.
Aranburu ha explicado que la mayoría sindical y social de Euskal Herria se ha mostrado en contra de todas esas reformas impuestas desde Madrid y París. “Es aquí donde queremos decidir nuestras pensiones y para ello necesitamos soberanía, una Ley Vasca de Seguridad Social”.
“Toca salir a la calle a defender las pensiones”, ha añadido Aranburu. En ese sentido, considera necesaria una Ley Vasca de Seguridad Social, para lo cual seguiremos movilizándonos. Por ello, hemos concretado una cita para el próximo 8 de febrero en la muga entre Gipuzkoa y Lapurdi, que comenzará a las 11:00 de la mañana en la estación de tren de Hendaia y que se desarrollará hasta Irun bajo el lema Hemen lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki. Pentsioen erreformei ez (Trabajar aquí, cotizar aquí, decidir aquí. No a las reformas de las pensiones), para “dejar claro que queremos dedicir nuestro sistema propio de pensiones”.
Lo mismo que en Ipar Euskal Herria, si en Hego Euskal Herria se confirman los recortes y un nuevo ataque contra las pensiones, ha concluido que “también vamos a valorar la posibilidad de movilizarnos con el resto de sindicatos, los agentes sociales y el movimiento de pensionistas”.