El sindicato LAB ha mostrado su total rechazo a este tipo de decisiones, defendiendo los derechos lingüísticos tanto de los y las trabajadoras como de los ciudadanos y ciudadanas.
En la oferta publica realizada por la administración del estado, se han anunciado 2.180 puestos de libre acceso y otros 2.545 de promoción interna. En LAB, en primer lugar, queremos denunciar que el delegado del gobierno Javier de Andrés, en la comparecencia que realizó la semana pasada, indicó que 340 puestos de trabajo de los anunciados anteriormente serían para la CAV. ¿De dónde ha sacado esa información? Los sindicatos no tenemos constancia de ello, nada más que lo aparecido en el BOE. En él solo aparece la cantidad de los puestos de trabajo para el total de Estado.
En todos ellos, el euskera no se tomará en cuenta, ni tan siquiera como mérito. Para los puestos de abogado o abagada a e interventor o interventora, sin embargo, es un requisito dominar el inglés y el francés. ¿Cómo es posible?
Para el sindicato LAB, dar paso a estas actitudes conlleva al retroceso en la euskaldunizacion de la administración pública vasca. No solo se vulneran los derechos lingüísticos de los y las trabajadoras, que tienen derecho a saber euskera, sino que tampoco garantiza los derechos de la ciudadanía. Por lo tanto, este tipo de oposiciones vulnera uno de los derechos más básicos que es la atención a la ciudadanía en euskera.
Según dice el delegado del Gobierno en la CAV, Javier de Andrés, de esta manera la ciudadanía tendrá más opciones de acceder a los puestos públicos. LAB no está de acuerdo con eso, ya que se restringe el derecho a saber euskera.
Los y las trabajadoreas tenemos derecho a saber euskera, tenemos derecho a realizar nuestro trabajo en euskera y también a hablar en euskera en nuestro puesto de trabajo. Ofertas de empleo de este tipo posibilitan que sea la administración la que vulnere los derechos lingüísticos en vez de ser la que los garantiza.
¿Nos quieren tomar el pelo a los y las ciudadanoas?
Con esta nueva oferta pública de empleo queda claro que con la actitud del Gobierno español hacia el euskera y las y los euskaldunez, no vamos a conseguir nunca euskaldunizar la administración, y tampoco Euskal Herria. Por eso, y para que los derechos lingüísticos de la ciudadanía sean garantizados correctamente, en LAB opinamos que es necesario tener la capacidad de decidir sobre cómo queremos que sea la administración pública vasca.
Por último, queremos manifestar que haremos la correspondiente denuncia en el Observatorio de Derechos Lingüísticos, Behatokia, para que este tipo de vulneraciones lingüísticas no sigan ocurriendo.