Desde el sindicato fijamos tres prioridades para los presupuestos de la CAV y de Nafarroa: el desarrollo de servicios públicos de atención y protección a la ciudadanía, la mejora de las condiciones de trabajo en los ámbitos público y subcontratado y la puesta en marcha de comisiones de transición equitativa. Presentará sus reflexiones y propuestas en el Consejo Económico y Social de la CAV que se celebra este jueves.
El coordinador general del sindicato, Igor Arroyo, y el responsable de Acción Social, Endika Pérez, han trasladado la reflexión de LAB de cara a los presupuestos de la CAV y de Nafarroa.
Arroyo ha denunciado que «los gobiernos nos presentan los presupuestos como si se tratase de un asunto puramente técnico. Se hace mucha propaganda y poco debate. Precisamente esa es nuestra demanda, posibilitar un debate estratégico sobre las necesidades y retos que tiene este país y en concreto la clase trabajadora «.
En opinión de LAB, “en la próxima década tenemos grandes retos como transformar el modelo productivo y de consumo según criterios ecosociales, afrontar una distribución cada vez más desigual del bien o hacer frente a la crisis de cuidados y salud”. El fortalecimiento de las políticas y servicios públicos es fundamental para hacer frente a estos retos, pero la política fiscal llevada a cabo en la última década ha hipotecado totalmente la capacidad de las instituciones vascas y navarras para hacerlo. Llevar a cabo una profunda reforma fiscal es, por tanto, la primera demanda de LAB. Si nos equiparáramos a la media de la Unión Europea, en Hego Euskal Herria contaríamos con 4.600 millones más para reforzar y desarrollar los servicios públicos”.
En cuanto al apartado de inversiones, LAB reclama una revisión presupuestaria desde una perspectiva feminista y transformadora. Los presupuestos no son neutros, es necesario revisarlos en función de variables como la clase y el género, más aún a las puertas de la Huelga Feminista General. Desde una perspectiva feminista, habría que definir los recursos necesarios para superar la discriminación estructural que sufren las mujeres y las diferentes brechas que se les imponen: el reparto corresponsable de las tareas de cuidado y la mejora de las condiciones laborales de las personas cuidadoras, la lucha contra la violencia machista o contra la pérdida de renta que sufren las mujeres que adoptan medidas de conciliación.
Lo que LAB ha visto hasta ahora es que no hay intención de realizar el debate estratégico mencionado, de reforzar los ingresos y de reorientar las inversiones: «El Gobierno de Urkullu está hipotecado por su dependencia hacia la Patronal. Sigue haciendo oídos sordos a las demandas sindicales y sociales. No expresa interés en mejorar las condiciones laborales, reforzar los servicios públicos o complementar las pensiones. Además, desdeña su responsabilidad y asume el papel de víctima, presentando las dinámicas amplias y transversales de pensionistas, trabajadoras de servicios públicos o del movimiento feminista como ataques hacia su persona «.
Endika Pérez ha dado cuenta de las tres prioridades de LAB de cara a los presupuestos y detalla en qué deberían materializarse en el caso de la CAV.
En palabras del responsable de Acción Social, “por un lado, hay que dar cabida en la política presupuestaria a la protección de la gente trabajadora y a los cuidados”. Incluye dentro de ese objetivo la sanidad, la educación, las pensiones o el desarrollo del sistema público comunitario de cuidados. «Aunque ha señalado que la inversión en sanidad es la mayor de la historia, el consejero Aspiazu no dice que todavía estamos lejos de la media europea, por debajo de los tres puntos». «Precisamente, acabamos de conocer que el número de quejas y reclamaciones de Osakidetza ha crecido y es evidente que las intenciones de privatización se mantienen. Hay que recordar que por iniciativa de LAB se han conseguido suspender contratos de privatización de diversos servicios de Osakidetza por un importe total de más de 11.000.000 de euros «.
En la misma dirección, Pérez ha recordado el plan estratégico que necesita la Escuela Pública Vasca, insistiendo de nuevo en que la inversión en este apartado está lejos de Europa. En cuanto a las pensiones, ha señalado que el complemento de una pensión mínima de 1080 euros debería recogerse en los proyectos de presupuestos, recordando que según las estimaciones realizadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria tendría un coste de 235M. Asimismo, denuncia la falta de inversiones concretas para configurar un sistema público comunitario de cuidados.
Pérez destaca otra prioridad de cara a los presupuestos: «Los presupuestos permiten mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y dar soluciones a conflictos laborales concretos. A las y los empleados públicos y a los subcontratados les sobran razones para secundar huelgas y movilizaciones. El gobierno de Urkullu ha rehuido las reivindicaciones de las personas trabajadoras de los servicios públicos. Y descartada la excusa de las competencias, también se pueden citar ejemplos más concretos, como que no se contempla ninguna partida económica para la equiparación de trabajadores y trabajadoras de las ambulancias o que no se recogen los 8 millones de euros que son necesarios para solucionar el conflicto laboral con las y los profesores precarios de la UPV/EHU».
Por último, Pérez ha criticado la falta de inversión para llevar a cabo la transformación socioproductiva que exige la crisis energética y ecológica. Mientras el Tren de Alta Velocidad, que se ha convertido en el relato de la historia interminable, sigue teniendo la escandalosa partida habitual, estos presupuestos no abren la posibilidad de financiar el Comité de Transición Justa para que los y las trabajadoras puedan formar parte de la transformación socioproductiva. Tampoco contemplan la reconversión de empresas en crisis ni intervención pública alguna que tenga por objetivo defender el empleo. «No hay más que ver lo que está pasando con Siemens Gamesa, dotada de dinero público, o lo que viven en menor grado empresas industriales como Mecaner o Glavista. ¿Dónde está el dinero público para llevar a cabo la reconversión y viabilidad de estas empresas, tan reivindicada por los trabajadores y las trabajadoras ? «, ha concluido.