En las administraciones de la CAV la temporalidad y la incertidumbre son la tónica habitual entre los y las trabajadoras públicas. LAB tiene claro que nos encontramos en una situación excepcional y que los responsables de la misma son los poderes públicos. Así lo hemos hecho saber en la comparecencia de hoy, en la que hemos interpelado a las fuerzas políticas para que tomen las medidas necesarias en el Parlamento de Gasteiz. Ha intervenido el secretario de la Federación de Servicios Públicos, Gorka Berasategi, junto con otros representantes de LAB en la administración de la CAV como Aitor Nuñez de Enseñanza, Bego Aranzasti de Osakidetza y Ainhoa Güemes del Gobierno Vasco.
Nos encontramos en una grave situación de excepcionalidad en la Administraciones Vascas. Esta situación es la consecuencia de una nefasta gestión política en torno al empleo público, que ha dejado en la más absoluta indefensión e inestabilidad a miles de empleados y empleadas de las diferentes administraciones. Podemos decir que la tasa de eventualidad global se sitúa en el 40%, pero para algunos colectivos concretos la situación es aún más grave. Podemos hablar de colectivos en los que en los últimos 20 años no se han hecho convocatorias de empleo publico, por ejemplo, en la administración general.
Esta situación está provocando consecuencias graves, más allá de la eventualidad. Con el paso del tiempo se ha multiplicado la eventualidad de las plantillas, sin tener ninguna opción para consolidar los puestos de trabajo. La edad y la antigüedad de las plantillas ha ido en aumento. Colectivos concretos, como el de cocina y limpieza del Departamento de Educación, o el personal de educación especial, con una alta tasa de eventualidad son también colectivos con cara de mujer.
El Gobierno Vasco está buscando excusas en las prohibiciones y limitaciones que nos llegan desde Madrid. Pero no sólo está ahí el origen del problema. Antes de estás imposiciones, en las administraciones vascas no se realizaban las convocatorias necesarias, ni se sacaban las plazas existentes. A nuestro entender, en Euskal Herria, hemos sido víctimas de una política claramente enfocada a la privatización y el debilitamiento de los servicios públicos.
LAB ha reivindicado la necesidad de un Plan de Empleo. Pero, por desgracia, la actitud del gobierno frente al empleo es claramente insuficiente, ofreciendo grandes numeros en operaciones de propaganda ante al opinión pública. Sin embargo, estas operaciones no responden a las necesidades reales de las administraciones vascas. Consideramos necesario sacar a oferta pública todas las vacantes que existen, pero también, es necesario reconocer a las personas que durante años han cubierto esas vacantes la posibilidad de consolidar el puesto de trabajo, siempre y cuando su entrada en la administración haya sido respetando los principios de transparencia e igualdad.
En el Estado español, tras la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2018 se abre la posibilidad de realizar procesos de consolidación. Nuevamente se impone la manera de hacer las cosas y se ponen limitaciones que no responden a las necesidades reales que tenemos en nuestras administraciones. Por lo tanto, con una aplicación de la normativa actual, podemos prever un elevado número de pérdida de empleo. El Gobierno Vasco es consciente de esta situación, y elude su responsabilidad. Este gobierno prefiere seguir realizando operaciones de márketing en lugar de tener en cuenta a los miles de interinos de las administraciones vascas.
Por eso mismo, solicitamos al Gobierno vasco, que ponga soluciones a los problemas que él mismo ha generado. En la CAPV necesitamos instrumentos legales propios que regulen procesos de consolidación, adecuados a los problemas y las necesidades propias. En este sentido, solicitamos al Gobierno, que lleve cuanto antes una propuesta de Ley al Parlamento. Esta Ley debería identificar las diferentes situaciones, así como la situación de determinados colectivos para poder regular un modelo Propio de Consolidación de Empleo. En definitiva, como con otras otras cuestiones, necesitamos una Ley Propia de Consolidación de Empleo.
LAB no aceptará que los trabajadores y trabajadoras paguen las consecuencias de una política neoliberal. La situación de miles de trabajadores y trabajadoras está en juego y es una responsabilidad de los poderes públicos. Existen los instrumentos, falta la voluntad.