Ainara Ladrón y Oihan Ataun, de LAB, escriben el siguiente artículo de opinión que trata sobre el desmantelamiento por parte del Gobierno de Nafarroa del servicio público Kattalingune, dirigido a la población LGTBI+:
La población LGTBI+ ha sido y es, en la sociedad navarra, un colectivo históricamente invisible, vulnerable y olvidado a muchos niveles (social, sanitario, educativo, justicia, deporte…) en los que no se han tenido en cuenta sus necesidades y reivindicaciones, como el derecho de ser, sentir y expresarse en libertad, lo cual ha provocado mucho sufrimiento, estigma, señalamiento y desamparo para una parte de nuestra sociedad. Esto ha supuesto una merma de derechos y se debería reconocer la deuda histórica que como comunidad tenemos con las personas LGTBI+.
Navarra, pese a ser una sociedad de tinte conservador, gracias a los cambios políticos de las últimos años, ha podido legislar y acometer mejoras en favor de los derechos de las personas LGTBI+. Primero con el avance en la atención a la población LGTBI+ en Navarra durante la legislatura del cuatripartito (2015-2019), y la creación del Servicio Público Kattalingune en las oficinas de Pamplona y Tudela. Segundo, con la dotación presupuestaria creciente año a año en la legislatura del tripartito (2019-2023), que ha posibilitado la apertura de las oficinas de atención de Irurtzun, Estella-Lizarra y Tafalla.
Sin embargo, observamos con tristeza cómo el Gobierno liderado por PSN y Podemos, a través del Instituto Navarro para la Igualdad, con Eva Isturiz a la cabeza, ha desmantelado este servicio tan necesario y lo ha dejado al borde de la desaparición. Vemos que, lejos de consolidar el servicio, lo ha colocado ahora en un limbo, para que sea el próximo Gobierno que surja de las urnas, quien deba decidir qué hacer con Kattalingune y por ende, con los derechos de las personas LGTBI+, en especial del ámbito rural.
Desde el sindicato LAB consideramos que el servicio que se venía prestando funcionaba correctamente, con unas profesionales expertas y tremendamente implicadas en la materia. Si se requerían modificaciones, eran únicamente para seguir desarrollando el mismo tal y como se venía haciendo. Por un lado, con el carácter preventivo que lo caracterizaba, en lugar de reducirlo a una mera asesoría personal; por otro, con la descentralización del mismo, continuando con la implantación en el ámbito rural frente al predominio urbano de Pamplona, mediante la contratación de más personal, en lugar de despedir al existente. Y por último, con la garantía de una dotación económica creciente, frente a los recortes impuestos y al precario contrato de emergencia actual, que hace peligrar la continuidad del servicio hasta que un nuevo Gobierno dé con una solución, para evitar la desatención de las necesidades de una parte de nuestra sociedad.
Creemos que es posible reconducir este atropello y que es necesario hacerlo cuanto antes. Para eso, hace falta voluntad política y pasos urgentes y decididos, ya que, ni los derechos ni los servicios de atención pueden ni deben depender de los resultados electorales.