Ha pasado un año desde la Huelga General del 30 de enero de 2020, convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y promovida por el movimiento de pensionistas. Garbiñe Aranburu e Igor Arroyo, secretaria general y secretario general adjunto de LAB, respectivamente, han señalado, en este artículo de opinión, que la lucha continúa:
Se cumple un año desde que hicimos una huelga general por unos trabajos, vidas y pensiones dignas. Fue a propuesta del movimiento de pensionistas y la convocatoria corrió a cargo de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Más allá de responder a una medida concreta, la del 30 de enero fue una huelga realizada a favor de una agenda para el cambio. Pedimos medidas para poner límites al proceso de precarización de las condiciones de trabajo y de vida y para satisfacer las necesidades económicas básicas de toda la ciudadanía de Euskal Herria.
Las huelgas feministas, el incansable movimiento de pensionistas o las luchas que se estaban incrementando en los centros de trabajo crearon el contexto para la huelga general. Fue el hito de una dinámica de organización, empoderamiento y confluencia; no el final de algo, sino su continuación. El confinamiento que se estableció al hilo de la pandemia ha obstaculizado la gestión posterior de la huelga, sin duda. No obstante, por encima de las dificultades, podemos decir que tanto el patrimonio de la huelga general como el proceso social de cambio que tenía como hito la huelga está muy vivo, tal y como muestran las redes de cuidados creados a lo largo del confinamiento, las movilizaciones por un sistema público de salud y las luchas del ámbito laboral.
Este proceso a favor del cambio social es más necesario que nunca. De hecho, la pandemia del covid-19 ha acelerado la crisis sistémica que venía de antes, creando un terremoto social, económico y político denominado «sindemia». El guion neoliberal se repite: las empresas que han acumulado beneficios a lo largo de años han empezado a despedir trabajadores y trabajadoras; las instituciones apuestan por el endeudamiento público que tendremos que pagar entre todos y todas, renunciando a subir los impuestos a quienes más tienen; han seguido con las políticas de privatización y recortes de los servicios públicos; no hay ninguna intención de reconocer y reorganizar los trabajos de cuidados tal y como merecen; persiste la división sexual del trabajo que acarrea la precariedad de los sectores feminizados. En definitiva, se está acentuando el choque entre capital y vida.
La huelga general realizó una interpelación en dos direcciones. Por un lado, exigir que se dejen lado los recortes realizados por los sucesivos gobiernos de España y por otro, la creación de un ámbito de relaciones laborales y protección social en Euskal Herria. Decíamos de forma clara que si no avanzábamos en soberanía no va a haber mejoras radicales para las y los trabajadores vascos. En esta línea, el reto del soberanismo es el siguiente: partiendo de reivindicaciones generales pasar a formular propuestas concretas que mejoren la vida de trabajadores y trabajadoras, atrayendo a cada vez más sectores al proceso soberanista para el cambio social. Con la intención de hacer una aportación en esta línea, próximamente LAB presentará una propuesta concreta, profunda e innovadora sobre un código laboral vasco y una seguridad social vasca.
Por otro lado, exigimos tanto a gobiernos como a patronales utilizar las competencias de las que disponen en la actualidad. Los gobiernos han hecho oídos sordos, tal y como hemos visto en el debate presupuestario; los partidos del sistema que guían los gobiernos de Hego Euskal Herria no quieren cambios profundos en política fiscal y presupuestaria. En lo que respecta a las patronales, aunque les dirigimos una propuesta concreta y viable para un acuerdo interprofesional que haría realidad algunas de las reivindicaciones de la huelga, respondieron de forma negativa. Más aún, la apuesta de Confebask ha sido desactivar la lucha sindical sin realizar ningún cambio de profundidad. De hecho, la patronal trata de dar pasos atrás, y no hacia adelante, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de trabajo. La clave es si los sindicatos seremos capaces de construir un muro por el empleo digno, tanto a nivel local como en general. Tenemos oportunidades para ello.
Junto con las reivindicaciones que puso encima de la mesa la huelga general del 30 de enero, y respondiendo los graves déficits que ha dejado de manifiesto la pandemia, ha sido la lucha por los servicios públicos la que ha cobrado fuerza de forma especial en este curso, sobre todo, en el ámbito de la salud y los cuidados. Trabajos, pensiones, vidas y servicios públicos dignos: esas son las reivindicaciones sociosindicales que tenemos en la agenda a corto plazo. Para avanzar en ellas necesitamos una estrategia de lucha eficaz tanto en los centros de trabajo como en las calles. Y junto con ello, con la intención de construir una alternativa en Euskal Herria al modelo capitalista, heteropatriarcal y ecocida, tendremos que ir haciendo propuestas de transición y articulando acuerdos sociales, en temas como pensiones, sistema de cuidados, empleo o transición energética.
Para aunar esos dos niveles, nos corresponde fortalecer las alianzas entre los agentes sindicales y sociales que estamos a favor del cambio de modelo y profundizar en la articulación de ese trabajo conjunto. Además de dar continuidad al patrimonio de la huelga general, para poner en marcha huelgas, movilizaciones y nuevas iniciativas en estos tiempos llenos de riesgos y oportunidades.