A continuación podéis leer el artículo de opinión que Imanol Karrera, portavoz de LAB en Nafarroa, ha escrito sobre fiscalidad.
En el estudio «Opinión pública y política fiscal (XLI)» de julio de 2014 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), entre los partidos políticos, los votantes de UPN ostentan el mayor porcentaje entre los que responden que «los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué». En cuanto al sistema fiscal actual, la opinión mayoritaria entre los votantes de UPN es que los impuestos se deberían recaudar «sobre todo con impuestos indirectos, tipo IVA (gravan bienes de consumo y servicios que afectan a todo el mundo por igual)», y no «sobre todo con impuestos directos, tipo IRPF (según la renta o la riqueza de las personas y empresas)». Algo que ni siquiera opinan la mayoría de los votantes del PP y Vox. Finalmente, los votantes de UPN, al contrario que los votantes del resto de partidos, incluidos una vez más PP y Vox, son los únicos que opinan de forma mayoritaria que, en general, «los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más quienes más tienen».
Esta visión no es una sorpresa después de escuchar esta misma semana a José Javier Esparza (UPN), los empresarios de la CEN y a la Cámara de Comercio. Pero, sobre todo, no es una casualidad. Todos ellos tratan de hacer creer a la sociedad que sufren un «infierno fiscal» que «empobrece Navarra». Es una clara estrategia de estos agentes para mantener sus privilegios y tratar de evitar cualquier posibilidad de reforma fiscal en términos de justicia y progresividad. Además, Geroa Bai, en un papel subsidiario, se une también al mantra y presión de la derecha para bajar impuestos a una inexistente clase media y autónomos.
Esta postura de la derecha es totalmente reprochable en términos políticos y sociales, no es aceptable por egoísta, partidista y corporativista. En ese sentido, por ejemplo, el señor Esparza no respalda los intereses de los navarros y navarras si aplaude cuando un empresario decide irse. Alegrarse de la decisión de un empresario que se beneficia con incentivos fiscales –que se queda con la riqueza que generamos los trabajadores y trabajadoras con nuestro esfuerzo, también con la que generamos con la compra de sus productos, como es el caso de la empresa Taberna-Berlys– es un mensaje que alienta la idea de que los empresarios se puedan llevar sus empresas cuando quieran. En su lugar, el señor Esparza debiera decir: «señor empresario, se ha enriquecido con el sudor y trabajo de los trabajadores y trabajadoras navarras y ahora nos da la espalda». Un juego sucio que demuestra que el capital no tiene límites. Hoy a Madrid, mañana a Polonia. Allá a donde menos paguen y más privilegios tengan.
El Parlamento de Navarra aprobará el próximo 19 de diciembre los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2025 y la reforma fiscal de 2025 (Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias). Y a pesar de la sobreactuación de la derecha y los empresarios de la CEN, la reforma fiscal que se aprobará no ha sido capaz de recoger el consenso unánime de los cuatro principales sindicatos de Navarra que, en la reunión del Consejo Económico y Social, solicitamos al Gobierno de Navarra abordar una reforma fiscal progresiva.
Los sucesivos gobiernos de María Chivite (PSN) han enfriado la evolución de la fiscalidad en términos de progresividad. La propia presidenta se jacta de que «el 83% de las empresas pagan en Navarra menos impuestos que en el Estado». Así, el Gobierno de Navarra se permite el lujo de no tener en cuenta y no aprovechar el consenso sindical existente para dotar a Navarra de una fiscalidad más justa y progresiva que mire a Europa. Ello significa dar la espalda a los intereses de la mayoría social navarra y no responder a una de sus principales prioridades: la mejora de los servicios públicos. El reparto de la riqueza es fundamental para el alivio, necesario y suficiente, que necesitan y merecen los servicios públicos en Navarra.
La derecha representada en UPN y los empresarios de la CEN quieren que vayamos a peor, quieren empeorar la fiscalidad actual y con ello nuestras condiciones de vida y de trabajo. Así, reclaman para Navarra el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, la misma que en un encuentro con la Confederación Empresarial Navarra se atrevió a contradecir a la opinión pública navarra que pide una mejora de los servicios públicos, diciéndole que el peso del sector público sobre el privado es insostenible. Lo cierto es que la sociedad navarra no quiere equipararse a la vida, ni a las escuelas y hospitales de Madrid que dejan mucho que desear; quiere escuelas y hospitales públicos y dignos, una vida digna aquí que, por cierto, la señora Ayuso no garantiza en Madrid.
Dicho de otra manera, mientras los empresarios (los que más tienen y menos pagan) miran a Madrid, la clase trabajadora (los que menos tenemos y más aportamos) miramos a Europa en busca de un reparto de la riqueza y bienestar social.
El resultado en cuanto a los contenidos y la votación en materia fiscal es el reflejo de la posición del actual Gobierno y la correlación de fuerzas existente en este momento en el Parlamento de Navarra. Urge la necesidad de cambiarla en favor de los intereses de la mayoría social, para afrontar el debate fiscal desde unas bases de justicia social, fortalecimiento de los servicios públicos y la mejora de las condiciones de vida de todos y todas.