Igor Arroyo, secretario general adjunto de LAB, hace un llamamiento a las y los trabajadores a secundar los paros de hoy contra la estatalización.
El Estado español está inmerso en un proceso de involución social y política, consistente en la centralización del modelo de Estado, la imposición de la agenda neoliberal y el recorte de las libertades colectivas e individuales. No es un fenómeno nuevo; ahora bien, con la crisis sistémica del 2007, se ha acelerado notablemente. Un eje fundamental de esta estrategia consiste en la estatalización o centralización de las relaciones laborales, que viene a ser la aplicación del artículo 155 a la clase trabajadora vasca.
Dos ámbitos determinan las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. La legislación laboral (Estatuto de los Trabajadores y Ley de la Función Pública, entre otros); y la negociación colectiva que se desarrolla en el terreno de juego delimitado por dicha legislación laboral. El primer ámbito está en manos del Parlamento y Gobierno español, que han ido despojando de derechos a la clase trabajadora a golpe de reforma laboral. El segundo ámbito lo determinan la correlación de fuerzas entre sindicatos y patronal. En Hego Euskal Herria ha existido y existe un sindicalismo que ejerce el contrapoder frente a la patronal. Gracias a ello, se han podido estructurar unos convenios provinciales y de empresa que garantizaban condiciones laborales dignas a una parte considerable de la clase trabajadora. A falta de una normativa laboral propia en Hego Euskal Herria, constituían un pilar fundamental para la construcción de un marco propio de relaciones laborales.
Las reforma de la negociación colectiva del PSOE (2010) y la reforma laboral del PP (2012), así como las normas para limitar el sector público adoptadas por ambos partidos, han cambiado por completo las reglas de juego de la negociación colectiva, dándole a la patronal un poder absoluto para hacer y deshacer las relaciones laborales; así mismo han abierto la puerta a la estatalización de las relaciones laborales, han impuesto un modelo totalmente antidemocrático. Es una epidemia que se va extendiendo y que, si no detenemos, va a alcanzar a la mayoría de sectores y empresas, empezando por aquellos más precarizados y feminizados. La estatalización alcanza ya, en diferentes grados, a más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras de Hego Euskal Herria. El objetivo final del proceso es el de la homogeneización a la baja de las condiciones laborales.
Cuatro son las vías para extender la estatalización de las relaciones laborales: en primer lugar, la negativa de la patronal foránea a abrir nuevos ámbitos de negociación en sectores o empresas donde siempre se han aplicado convenios estatales. En segundo lugar, el bloqueo de la negociación colectiva impuesto por esa misma patronal, puesto que el fin de la ultraactividad abre la posibilidad de aplicar convenios estatales. En tercer lugar, la imposición de las condiciones laborales, las tasas de reposición y los límites a la inversión en el sector público. Y en cuarto lugar, la centralización impulsada por patronal, UGT y CCOO al introducir en los convenios estatales la prohibición de negociar determinadas materias (o todas ellas) en ámbitos inferiores.
Hacer frente a la estatalización exige una acción sindical firme y decidida en todos los ámbitos de negociación intersectorial, sectorial y de empresa. A nivel de empresa, luchando por convenios de empresa en aquellos ámbitos estatalizados, como en Carrefour Oiartzun, Staples, Selecta o Transportes Álvarez; a nivel provincial, luchando por introducir cláusulas antirreformas en los convenios provinciales existentes y luchando para abrir nuevos ámbitos como el de Intervención Social, Telemarketing o Colectividades; y a nivel general, utilizando todos los resortes políticos, legislativos y de negociación colectiva, como por ejemplo el Acuerdo Interprofesional.
Apostamos claramente desde el principio por blindar nuestro ámbito propio de negociación colectiva y hemos participado en los diferentes intentos de acuerdo que han existido. En las dos primeras ocasiones, Confebask evitó el acuerdo. Hay que recordar que en el año 2013 estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo. ELA no participó en aquellas negociaciones, apostó únicamente por el ámbito de empresa y además fue muy beligerante con las posiciones de LAB.
Cuatro años más tarde, ha quedado demostrado que solo desde el ámbito de la empresa no se puede dar una cobertura de negociación colectiva a los trabajadores de este país. ELA cambió su posición y se retomó aquel intento del año 2013 y se firmó el Acuerdo Interprofesional. ¿Por qué lo que no había sido posible en 2013 si lo fue en 2017? Porque a la patronal le supone menos coste hacerlo ahora, con la negociación colectiva totalmente bloqueada, con el proceso de estatalización en marcha y una realidad mucho más desestructurada.
El Acuerdo Interprofesional se firmó en la CAV con el objetivo de hacer frente a esta última vía de estatalización. No así en Navarra, donde patronal, UGT y CCOO se opusieron. Su impugnación por parte de la patronal estatal de colectividades Feadrs demostró la vulnerabilidad de dicho acuerdo. Se trata de una injerencia clara, de un ataque directo a nuestro derecho a decidir nuestras condiciones laborales.
A finales de marzo LAB y ELA nos reunimos para analizar la situación. ELA propuso desarrollar una campaña de presión a Feadrs con el objetivo de evitar la celebración de juicio, planteando una jornada de huelga en tan solo tres empresas de colectividades y tan solo a nivel de Bizkaia.
Estábamos de acuerdo, pero una respuesta en dichos términos se quedaba corta ante el ataque que supone la impugnación y desde LAB defendimos la necesidad de hacer huelga no solo en tres empresas sino en todos los sectores, por varios motivos: porque la defensa del Acuerdo Interprofesional que atañe a todos los sectores no se puede depositar tan solo en tres empresas; porque aun en caso de conseguir la suspensión del juicio, cualquier patronal en cualquier momento puede volver a impugnarlo si el sindicalismo vasco no realiza una pedagogía adecuada mediante una respuesta contundente; y porque, aun con el Acuerdo Interprofesional vigente, las diferentes formas de estatalización de la negociación colectiva siguen su curso. Por desgracia, ELA nos comunicó, en la primera semana de abril, su negativa a plantear ningún tipo de paro o huelga general en contra de la estatalización y la precarización y a favor de un marco propio de relaciones laborales. Esto nos llevó a hacer nuestra propia convocatoria.
Pese a todo, lo cierto es que estamos viviendo momentos esperanzadores. Se está incrementando la movilización por el cambio político y social en Euskal Herria y en otros territorios del Estado. Se está hablando de la necesidad de una huelga general en clave soberanista; de hecho, la CIG ya la ha propuesto en Galicia para el 19 de junio.
En este contexto, era y es el momento para empezar a revertir el proceso de estatalización; en coherencia con la Declaración suscrita por LAB y ELA en septiembre, reivindicar con fuerza un marco de relaciones laborales propio; de que el sindicalismo se sume con fuerza, junto con el movimiento de pensionistas y las feministas, a la batalla por el cambio político y social que se está desarrollando en Euskal Herria. La jornada de movilización y paros convocada por LAB para el 30 de mayo va a ser una buena oportunidad para avanzar en esa dirección.