La falta de personal se convierte en un negocio muy lucrativo para las empresas. Rentabilizar el cuidado es volver aún más vulnerable un empleo esencial para la vida de miles de personas.
El pasado 31 de julio, el Gobierno Vasco aprobó el decreto de centros residenciales que regula los siguientes aspectos de las residencias; requisitos materiales, requisitos funcionales, los requisitos de personal y la homologación.
Lejos de responder a estas demandas, el nuevo decreto convierte a las trabajadoras en beneficio empresarial. La ratio de personal que establece, cuestión fudamental para sostener al sector en buenas condiciones, no mejora la establecida en el anterior decreto del año 98. Es insuficiente y nos quiere trabajando como máquinas.
Este decreto supone una mejora, sí, pero para las cuentas bancarias de las empresas gestoras de los centros residenciales. Los titulares del servicio, que son las diputaciones y Gobierno Vasco, ofrecen terrenos y edificios públicos a entidades privadas. La gestión de un derecho se convierte así en saldo positivo en las cuentas empresariales. Las trabajadoras del sector son la mejor baza para conseguir beneficios. Cuanto menos personal, más beneficio, y así también a la inversa.
La aprobación del decreto garantiza alejar la gestión de los servicios sociales de lo que verdaderamente debería ser un sistema público, gratuito, universal, suficiente y adecuado tanto para las trabajadoras como para las y los residentes de los centros.