La semana pasada el Abogado General hizo pública su opinión sobre las dos solicitudes de aclaración del Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. A pesar de que se han aclarado algunas de las inquietudes que habían, existe una gran desinformación y preocupación entre las y los trabajadores. Aunque teníamos claro que este punto de inflexión no iba a ser decisivo para resolver la situación del personal interino, por parte de algunos elementos se mantiene la estrategia de desinformación.
Trataremos de clarificar brevemente el impacto de la opinión hecha pública la semana pasada por el Abogado General, distinto en cada caso, en este recorrido jurídico.
Las dos claves del problema: consolidación e indemnización
• La primera cuestión era la exigencia de la fijeza del puesto de trabajo como indemnización por el fraude en la contratación interina: ambos abogados se han opuesto, es decir, que la conducta que se da en el Estado español no va en contra de las directivas europeas.
• La segunda cuestión era la indemnización por despido del personal interino: las dos personas han opinado diferente, una de ellas opina que sí se debe recibir una indemnización y que la indemnización también debería tener un carácter disuasorio para las administraciones, precisamente para que no se repitan los fraudes.
Trayectoria jurídica:
• Lo de la semana pasada fue un punto de inflexión en un largo camino jurídico iniciado por el Juzgado de lo Contencioso de Madrid, y podía abrir o cerrar mucho las posibilidades. Era la opinión del Abogado General, muy importante de cara a la sentencia que debe dictar el Tribunal Europeo, pero sólo fue una opinión, no determinante. Luego viene la resolución del Tribunal Europeo; después la sentencia del Contencioso de Madrid; el posible recurso ante el Tribunal Supremo, y los siguientes recursos hasta la sentencia final.
• Este largo camino está condicionado por una muy marcada línea roja, el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la administración pública.
• Han aparecido rápidamente elementos que se aprovechan de la situación de las y los trabajadores, además a la ligera y torpemente: sindicatos que buscan aumentar a toda costa la afiliación; y diversos gabinetes jurídicos que, aprovechándose de las desgracias ajenas, sin nada que perder no pierden la oportunidad de llenar el bolsillo. Hay intereses claros para mantener la desinformación y la confusión. Unos elementos que suelen aparecen con frecuencia en la lucha colectiva de las y los trabajadores.
¿Y ahora qué es lo más adecuado?
• Pedimos de nuevo a las y los trabajadores que aborden el tema con realismo y que no caigan en tramposos cantos de sirena. Además, siempre hay posibilidades de interponer denuncias, los derechos no se van a perder, así que no hay por qué apresurarse. Reiteramos que lo más adecuado es esperar a que los juzgados resuelvan, y después denunciarlo. Al revés sí, existe el riesgo real de obtener resultados adversos irreversibles.
• Siendo largo el camino, los gobiernos tienen una gran responsabilidad ante el empleo y la estabilidad y se están escondiendo demasiado tiempo detrás de los tribunales. Seguiremos reivindicando y luchando por planes de empleo y las leyes de estabilidad, que garantizando la igualdad de oportunidades acaben con la temporalidad.
Los gobiernos de Euskal Herria están cómodos mientras la estabilidad se debate en juzgados de fuera. En lugar de planificar y acordar las cuestiones, se encuentran cómodos dejando que se éstos se pudran, y cuando les estallan delante, ocultan los problemas con grandes pero tramposas OPEs y campañas de marketing. LAB sigue exigiendo, que se negocie de una vez sin excusas un plan integral de empleo público y que se elabore una Ley de Estabilidad propia.