Estamos sufriendo un ataque sin precedentes a los derechos laborales y sociales. Los gobiernos se han aliado con la patronal y con los poderes económicos. Están aprovechando la crisis, que fue generada por sus políticas, para realizar todo tipo de recortes. Se trata de primar los beneficios empresariales y enriquecer a una minoría, a cambio de empobrecer a la mayoría de la población, recortando los salarios, precarizando el empleo, aumentando el paro, recortando las prestaciones sociales, las pensiones y el gasto público en sanidad, educación o servicios sociales.
La reforma laboral y de negociación colectiva, aprobada por decreto por el gobierno de Rajoy, es un nuevo ataque en esta dirección, que se suma a las reformas aprobadas en los años previos. Pero no es un paso más, sino uno “muy agresivo”, como señaló un miembro de dicho gobierno. Es una reforma que desequilibra enormemente las relaciones laborales. Da mucho más poder y capacidad de decisión al empresario y debilita a los trabajadores y trabajadoras. La reforma:
· Debilita el derecho a la negociación colectiva. Si un convenio colectivo no se renueva en dos años, desaparece. Se da prioridad absoluta al convenio de empresa respecto al convenio sectorial y se facilita que las empresas no apliquen los convenios.
· Aumenta la flexibilidad laboral al gusto de la empresa. Se facilitan la movilidad funcional, la movilidad geográfica y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
· Se precariza la contratación. Además de seguir subvencionando a las empresas, la reforma crea nuevos tipos de contrato precarios, con despido gratuito en el primer año, y modifica el contrato a tiempo parcial para aumentar su flexibilidad.
· Todas estas medidas tienen especial repercusión en los colectivos que, como las mujeres, están en peor situación en el empleo y en la sociedad.
Hemos denunciado reiteradamente las políticas que se vienen aplicando por las distintas instituciones. Hemos rechazado los recortes del gasto social que se vienen aprobando por las instituciones de la CAPV y de Navarra. Se atacan los servicios públicos, especialmente la educación, la sanidad y los servicios sociales. Se han reducido los presupuestos, haciendo retroceder lo público hasta niveles de 2005. Especialmente graves y significativos son los recortes de las prestaciones sociales, que dejan en la estacada a decenas de miles de personas (más de 200.000 personas en paro en Hego Euskal Herria, 55.000 familias que necesitan la Renta de Garantía de Ingresos en la CAPV y 18.000 la Renta Básica en Nafarroa). Las prestaciones no solo se recortan, sino que directamente se deja sin derecho a percibirlas a muchas personas, especialmente inmigrantes. Además, se criminaliza a quienes las perciben y se culpabiliza a la gente desempleada de su situación.
También hemos denunciado la política fiscal. Se perdonan impuestos a quienes más tienen, no hay voluntad de perseguir el fraude fiscal. Se trata de una política fiscal injusta, regresiva y decidida sin participación social.
Las políticas que se están desarrollando son injustas y antidemocráticas. No solo no nos van a sacar de la crisis, sino que la van a agravar: aumento del paro, de la pobreza y de la exclusión social, son situaciones que están en aumento como consecuencia directa de estas políticas. Hay que dar un giro radical para:
· Un reparto más justo de la riqueza, a través de la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras.
· Impulsar políticas de creación de empleo, a través de la reducción de la jornada, de un aumento del gasto social, del reconocimiento de los derechos sociales y de la mejora e impulso de los servicios públicos.
· Conseguir un marco vasco de relaciones laborales y de protección social con plena capacidad normativa, para avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales.
· Derogar los recortes legislativos y presupuestarios aplicados a las diferentes prestaciones sociales. Dignificar sus cuantías.
· Establecer una red de servicios sociales públicos, universales y a cargo de los presupuestos públicos, garantizando la cobertura a todas las personas dependientes.
· Aplicar una política fiscal justa y progresiva, que dé marcha atrás en las reformas aprobadas en las últimas décadas, y que contribuya a un reparto más equitativo de la riqueza. Una verdadera lucha contra el fraude fiscal.
· Garantizar el derecho de participación real de los agentes sociales y sindicales en la definición y evaluación de las políticas públicas.
· Diseñar políticas de igualdad de oportunidades. Políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y personal. Reparto del trabajo productivo y reproductivo.
Estamos en una situación muy grave. Tenemos que decir no a la reforma laboral y de negociación colectiva, así como reclamar el avance en los derechos laborales y sociales y unos servicios públicos de calidad. Distintas organizaciones sindicales y sociales compartimos esta necesidad, así como el convencimiento de que es necesaria una amplia respuesta de movilización. Por eso hacemos el llamamiento a la huelga general en Hego Euskal Herria el 29 de marzo.
Esta huelga general es una respuesta a estos ataques y un grito a favor de un cambio de políticas. Es una respuesta y un grito que el movimiento sindical y social que plantea un cambio de las políticas está llevando adelante en distintas partes de Europa. Vamos a la huelga el 29 de marzo. Es nuestro derecho, es nuestra responsabilidad.