El Departamento de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra apuesta una vez más por la privatización de servicios esenciales y acaba de publicar el nuevo pliego para la licitación de la mayoría de servicios de atención a menores en Navarra. Tal y como alertó el sindicato LAB hace unos meses, cuando el Gobierno informó de que preveían cambios sustanciales en cuanto a las titulaciones exigidas, con las nuevas exigencias más de cien trabajadoras de diferentes empresas podrían perder su trabajo en los próximos meses.
Para la categoría de educador residencial a partir de ahora quieren exigir como mínimo únicamente los grados universitarios de educación y trabajo social, así como, formación profesional de grado superior de integración social únicamente si cuentan con cinco años de antigüedad. Cualquier persona que no cumpla estos criterios podrá ser despedida y además, estos criterios sentarán precedente para próximas licitaciones, con lo cual, el número de despidos puede ser mayor en los próximos años.
Además, para atención directa (educadores/as y auxiliares) quieren exigir un mínimo de 20% del personal con B2 de inglés y francés, ¿Pero qué pasa con el euskera? Ya basta de euskarafobia, sabiendo cómo muchas de las personas usuarias no pueden ser atendidas en su idioma natural porque el Gobierno no quiere considerar ese derecho.
LAB ya dijo que está de acuerdo en que hay que poner orden en el asunto de las titulaciones, pero cree firmemente que hay que hacerlo de una manera transitoria, negociada y no lesiva, respetando los derechos de las personas que ya están trabajando. No se puede permitir que se les maltrate de esta manera; las plantillas merecen un respeto.
No es serio ni responsable que cada 4 años, el Gobierno de turno cambie los criterios de titulaciones. Tampoco se puede entender que el Gobierno de Navarra discrimine a unas titulaciones sobre otras, que no atienda a los entornos profesionales para lo que cada titulación faculta o que ignore las resoluciones de la Comisión Paritaria de Vigilancia e Interpretación del Convenio de Intervención Social de Navarra sobre esta materia.
Pese a nuestra oposición, el Gobierno ha consumado este despropósito; por lo que más de cien trabajadoras de diferentes empresas podrían perder su trabajo en los próximos meses. Pero si piensan que sacando el pliego a las puertas del verano van a conseguir que este atropello pase desapercibido, están muy confundidos/as. No lo vamos a permitir. Emplazamos a las plantillas a organizarse y movilizarse para conseguir que se retiren estos pliegos y se hagan unos nuevos en base a los parámetros que hemos venido reivindicando: aplicación en base a un acuerdo negociado y temporalizado, de manera transitoria y con garantías para las personas que actualmente están trabajando.