Trabajadores y trabajadoras del centro de Galdakao se han concentrado en vísperas del cierre frente al Palacio Foral de Bizkaia con el objetivo de subrayar la responsabilidad de esta institución en este asunto junto a la empresa adjudicataria, Landalan-Emankor. Destacan la urgencia de dignificar la labor de las y los educadores sociales y el propio servicio que gestiona la diputación.
Mañana, 30 de septiembre, se producirá el cierre definitivo del centro de menores del Vivero, ubicado en Galdakao, con el consiguiente despido de 19 personas.
A finales de noviembre de 2022, la empresa Landalan, adjudicataria de la Diputación Foral de Bizkaia para la gestión del centro, remitió una carta al Departamento de Acción Social manifestando su deseo de poner fin al servicio. Entonces comenzó el largo y doloroso proceso que culminará mañana con el despido de la mayoría de la plantilla. Para buscar una solución adecuada, los y las representantes de las y los trabajadores se han reunido en varias ocasiones con el hasta ahora consejero de Acción Social, Sergio Murillo, Landalan y Agintzari Kooperatiba, que debería subrogar a todos y todas las trabajadoras, aunque finalmente no ha sido así.
Las y los trabajadores destacan, además, que las precarias condiciones tanto del servicio como las laborales venían de antes y que, aunque la Diputación Foral de Bizkaia tenía conocimiento de los problemas, nunca ha hecho una apuesta real por buscar una solución eficaz para ellos. El excesivo número de menores, que en ocasiones superaban en cinco veces lo permitido, los ratios que no se respetaban y otras muchas cuestiones han sido las que han perjudicado el servicio. Todo ello, evidentemente, afectaba tanto al ambiente entre las personas usuarias como a la salud laboral del personal. El control prevalecía sobre la protección y el asistencialismo sobre la labor socioeducativa.
A pesar de ello, cabe destacar que la mayoría de las personas usuarias han podido salir adelante a pesar del estigma y de las continuas trabas, en parte por la buena voluntad de las y los trabajadores. Por tanto, consideran necesario tener en cuenta las opiniones tanto de los y las trabajadoras como de las y los expertos que trabajan en este sector a la hora de elaborar políticas sociales.