2024-11-19
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Los trabajadores y trabajadoras de INCOESA temen que la deslocalización de la planta de Bedia pueda haber sido financiada con el dinero de las ayudas del Gobierno Vasco

El pasado viernes, 18 de octubre Arantza Tapia Otaegi, Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, reconocía en sede parlamentaria que el Gobierno Vasco habría otorgado ayudas entre los años 2007 y 2012 por una cantidad próxima a los 2 millones de euros al grupo empresarial INCOESA. 

Ante la pregunta realizada en el Pleno Parlamentario de seguimiento por Belen Arrondo, parlamentaria del grupo EH Bildu, la Consejera reconocía estas ayudas dentro de los programas Gaitek, Innotek, Etorgai y Saiotek, y que ascendería a los 988.344 euros para el periodo 2007-2009 y de 961.503 entre los años 2010 y 2012. Según Tapia Otaegi estas ayudas estarían debidamente justificadas por cumplir con la base de dichas ayudas.

En opinión de los trabajadores de INCOESA, estas ayudas pudieran haber servido para financiar la deslocalización de esta empresa. Denuncian que si bien ese dinero fuera invertido teóricamente en programas de investigación y desarrollo, esto no haya visto aplicación alguna en la producción de la planta en Bedia, mientras la empresa construía sus plantas de Soria y Extremadura.

La acreditada falta de inversiones en los últimos años en la planta de Bedia contrastaría por tanto con el dinero concedido por el Gobierno Vasco para programas de Investigación y Desarrollo. Es por ello que los trabajadores van a solicitar a la Consejería de Desarrollo Económico y Competitividad que aclaren aspectos tales como cuáles de las empresas del grupo INCOESA fueron beneficiarias de dichas ayudas, o en qué plantas de dicho grupo empresarial se están poniendo en práctica esos proyectos de investigación y desarrollo.

Los trabajadores temen haber sido engañados, primero como trabajadores y después como ciudadanos, al enterase que el dinero de todos, el que aportaba el Gobierno Vasco como ayudas a la investigación, pudiera haber sido destinado por la empresa a destruir el tejido productivo de este país y acabar llevándoselo a otros sitios, por puro interes económico, y ante la pasividad de las propias instituciones que lo financiaban.

Para aclarar todos estos aspectos, no descartan solicitar una reunión con la propia consejera y una nueva comparecencia en la comisión parlamentaria para los próximos días, siguiendo la agenda de relaciones con entes institucionales y que esta semana les llevará a reunirse con representantes del Area de Desarrollo Económico de la Diputación para tratar la aplicación de la Norma Foral antideslocalizacion del 2007.
 

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