USO, ELA, UGT, LAB y CCOO denuncian la decisión de las empresas vinculadas a la UTE Ambulancias Bizkaia y SAMU Araba de ejecutar de manera injusta la cláusula de la reforma laboral que hace desaparecer la ultraactividad de los convenios colectivos. Una decisión que afecta a más de 400 trabajadores y trabajadoras y que supone una perdida de salario de más del 40%.
Las empresas vinculadas a la UTE Ambulancias Bizkaia, encargadas del transporte sanitario en Bizkaia, así como SAMU Araba que se hace cargo de gran parte del servicio de transporte sanitario en Araba, han decidido de forma unilateral, sin contar con los comités de empresa, ejecutar de manera injusta la cláusula de la reforma laboral que hace desaparecer la ultraactividad de los convenios colectivos, causando una grave lesión al derecho de libertad sindical, en su dimensión del derecho a la Negociación Colectiva, y ha comunicado a sus trabajadores que a partir del lunes 8 de julio pasan a regirse por el convenio estatal.
Este hecho, que afecta a más de 400 trabajadores, supone una perdida de salario de más del 40%, pasando a cobrar alrededor de 900 €, así como un aumento de la jornada laboral de hasta 100 horas, y un empeoramiento general de las condiciones laborales.
Esta decisión viene precedida por la negativa de la patronal de iniciar las negociaciones para la consecución de un convenio autonómico, que sea la base para regular las condiciones laborales en el sector de ambulancias en la CAPV, a la que fue convocada por tres veces (20 de mayo, 29 de mayo y 27 de junio) por los cinco sindicatos con representación en el sector (USO, LAB, ELA, UGT Y CCOO), no presentándose el empresario a ninguna de las citas, dejando bien a las claras que no tenía intención de alcanzar ningún acuerdo con los representantes de los trabajadores, con la mente puesta sin lugar a dudas en la oportunidad que le brinda la reforma laboral para desregular y recortar nuestros derechos laborales y salariales.
Cabe destacar que paralelamente a estos intentos de reunión, se produce la licitación a los puestos de la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) de la CAPV que no dependían hasta ahora de las ONGs ( Cruz Roja y DYA), y que en esta licitación la oferta económica de las empresas implicadas rebajó en un 15% el presupuesto base de licitación señalado por el Gobierno Vasco, en una rebaja que roza la temeraridad en un concurso público, y que no cubre ni siquiera los gastos del personal asignado a los puestos y que también sin lugar a dudas tendrá efectos en el servicio que se ofrece a los usuarios y en las condiciones de trabajo, primando más los intereses particulares empresariales que el interés común.
Es también reseñable que estas empresas viven prácticamente en su totalidad de dinero público, es decir que trabajan para el departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, el mismo Gobierno Vasco que ha propugnado que no se rompan las condiciones laborales por las que se han regido hasta ahora las empresas vinculadas a la comunidad autónoma , llama la atención que sea una empresa que trabaja directamente para la administración pública la que no solo desoye estas recomendaciones y deseos, si no que de forma premeditada y unilateral decide aplicar la legislación estatal, rompiendo con las relaciones laborales del sector sin dar la más mínima oportunidad de negociación a los trabajadores y trabajadoras , e imponiendo el beneficio de un empresario a costa de la explotación de más de 400 empleados y de un servicio público y fundamental para la sociedad.
Esperamos que el Gobierno Vasco tome cartas en el asunto, al tratarse de un servicio público ofertado por Osakidetza, pese a que este subcontratado a empresas privadas, y que tenga en cuenta estos hechos en la adjudicación de los actuales puestos de la RTSU a los que optan estas mercantiles y de las futuras concesiones en los servicios de ambulancias que quedan por asignar, como son las ambulancias concertadas de los tres herrialdes, que se encargan del transporte de enfermos no urgentes (diálisis, oncológicos, rehabilitaciones, consultas, etc.).
Es por ello que desde los comités de UTE AMBULANCIAS Bizkaia y de SAMU de Araba, vamos a emprender de inmediato el ejercicio de cuantas acciones, tanto administrativas como judiciales, sean necesarias para revocar esta decisión de la empresa, y vamos a movilizarnos ante esta decisión empresarial que va a tener un reflejo en nuestras condiciones salariales y de trabajo, y en el servicio que prestamos a la sociedad.
Juntos si podemos.
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