Nota de ELA-LAB y STEE-EILAS
La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales ha dado a conocer los contenidos de la Orden por la que se regulan los servicios mínimos tendentes a garantizar los servicios esenciales que se han de prestar durante el paro convocado para el 9 de febrero. Se trata de una orden, una vez mas, tremendamente regresiva y restrictiva que persigue limitar, una vez más, el derecho fundamental a la huelga.
A juicio de las organizaciones sindicales convocantes, esta Orden establece límites, más allá de lo razonable, al ejercicio del derecho fundamental; y persigue desactivar e impedir en la medida de lo posible la huelga que quiere hacer frente a las duras medidas que el gobierno nos quiere imponer.
Así, en el sector del transporte, se establece un porcentaje del 30% de mantenimiento de servicios y frecuencias. Se trata de una decisión abusiva no solo por el porcentaje si no porque, además, se pretende anular el efecto de la huelga y vulnerar el derecho a ella, con alargamientos del servicio durante el periodo de paro.
Por otro lado, en el sector socio-sanitario se resuelven servicios mínimos en los centros de día a la regulación equiparándolos a las residencias geriátricas. Es incomprensible esta incorporación en cuanto que permanecen cerrados domingos y festivos, y por tanto deberían quedar excluidos de esta regulación.
Resulta especialmente grave la regulación que se hace en el ámbito educativo. Siguiendo con la decisión adoptada por vez primera en la huelga general del 21 de mayo de 2009, se establecen servicios mínimos en educación. Resulta incomprensible la consideración de servicio esencial la educación en un huelga de horas y el obligar a tener abiertos en todo momento todos los centros aun cuando todos los trabajadores y trabajadoras secundan el paro. Esta decisión lesiona el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo. Se trata de una medida que busca claramente desactivar la incidencia de la huelga en el sector de la educación y boicotear su visibilidad.
Esto mismo se puede decir de las Haurreskolak, donde se establece la necesidad de mantener abierto el centro con una única persona. ¿Se trata acaso de un servicio esencial en una huelga de horas? ¿Se garantiza la seguridad de los niños o niñas si todos los educadores y educadoras hacen huelga y una única persona debe hacerse cargo de todos los niños y niñas? ¿Se garantiza en tal caso el derecho a huelga si la totalidad de la plantilla quiere hacer huelga y por responsabilidad con la situación creada no pueden hacer de facto?. Es evidente que no es esto lo que preocupa al gobierno, sino desactivar la huelga. Otro tanto se puede decir de lo establecido para la Universidad o el Centro Superior de Música, Musikene, para los que por tercera vez se establecen servicios mínimos, incluso en servicios donde como entrada y control de la universidad se realiza también con trabajadores no llamados al paro. Al parecer, en opinión del Gobierno, esta jornada de huelga por la defensa del empleo y del servicio público puede “dinamitar la planificación académica”, no así las medidas que pretenden imponer y, que son las motivadoras de la huelga, aunque estas tengan como consecuencia los recortes en los derechos y condiciones laborales, la reducción de plantillas, el aumento de las cargas de trabajo y el empeoramiento del servicio, en definitiva.
En la administración de justicia son también abusivos ya que decretan servicios mínimos para el funcionamiento habitual de una jornada ordinaria siendo el paro de 4 horas.
Así mismo, consideramos el decreto abusivo porque los servicios mínimos que se imponen se hacen bajo una falsa premisa. Constantemente se equipara el derecho a la huelga, que es un derecho fundamental, con el derecho al trabajo, que siendo un derecho constitucional, en absoluto tiene el rango de derecho fundamental, y por lo tanto merecedor de una especial protección.
En definitiva, esta decisión del Gobierno Vasco pretende claramente vulnerar el derecho fundamental de huelga y, abusando de los servicios mínimos establecidos, busca minimizar los efectos y la visibilidad de la misma. Una vez más, este gobierno deja ver su firme decisión de hacer callar y tratar de eliminar a todos aquellos que no comulguen con él y estén dispuestos a hacer frente a sus decisiones.
Los sindicatos convocantes del paro de 4 horas vamos a recurrir esta Orden y exigimos al Gobierno que siguiendo las propuestas hechas por los sindicatos rectifique la Orden de modo que garantice el derecho de huelga y responda de modo racional a las necesidades mínimas. En cualquier caso, llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público a que hagan frente a estas imposiciones e intentos de desactivación de la huelga, hagan ejercicio de su derecho a la huelga con plena libertad y respondamos con contundencia a las medidas que tratan de imponernos.
Bilbao, 3 de febrero.