Los recortes del Gobierno del PP en materia de dependencia suponen en la práctica la liquidación de la Ley, la eliminación del derecho a la atención de las personas dependientes y el intento de arrastrar a las Diputaciones y Gobierno de Navarra en la senda del castigo contra la población. Su objetivo es bien claro: ofrecer a un número cada vez menor de personas, menos servicios y en peores condiciones.
Menos personas impidiendo la incorporación de dependientes moderados hasta el 2015, alargando hasta dos años el plazo para poder recibir prestaciones económicas y manipulando el baremo para controlar y reducir a conveniencia el número de personas beneficiarias. Menos servicios reduciendo la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio e impidiendo la compatibilidad de servicios. Y en peores condiciones aumentando el copago y reduciendo las cuantías económicas de las prestaciones.
Esta es la alternativa a la que el PP nos quiere condenar: o ir, quien pueda pagarla, a una residencia privada o vuelta al hogar, aumentando la presión sobre las mujeres para que se dediquen a los cuidados de las personas dependientes. Privatización o asistencialismo familiar.
Frente a este panorama, las instituciones de Euskal Herria no pueden mirar a otro lado, y aún menos pueden realizar su labor basándose en una Ley estatal contraria a las necesidades de quienes vivimos aquí. Y no pueden mirar cuando los datos están ahí:
2. Se está produciendo una tendencia a la baja en la prestación de servicios. Así, el Servicio de Ayuda a Domicilio en el último año ha atendido un 20% menos de personas (especialmente en Bizkaia y Araba). Igualmente se están produciendo descensos en el acceso a Centros de Día y Residencias., y en la Teleasistencia gestionada por el Gobierno Vasco.
3. En cuanto a las prestaciones económicas, han adquirido mucho protagonisto debido- a la falta de servicios, falta de adecuación de éstos a las necesidades de las personas y el alto coste por la utilización de los servicios.
El desarrollo de la Ley en Euskal Herria ha puesto en evidencia sus debilidades: confusión entre derechos de las personas dependientes y las de sus familiares, la mercantilización de la dependencia, la débil financiación, la ausencia de un modelo integral. Y estas debilidades están siendo compartidas:
2. Por el Gobierno de Gasteiz que vende humo con su modelo Euskadi que nadie ha visto en ningún lugar pero, del que sí conocemos su incapacidad para apoyar planes de inversión y creación de infraestructura de servicios y empleos públicos o para promover la cualificación y el reconocimiento de las trabajadoras de la Dependencia.
3. Por todos aquellos partidos que en su gestión:
• no plantean modelos de financiación que vayan superando el copago por fórmulas fiscales más justas, solidarias y redistributivas
Por todo ello, LAB, con urgencia, hace un doble llamamiento:
2. Que las instituciones de Hego Euskal Herria, Gobiernos de Gasteiz y Nafarroa y Diputaciones Forales desobedezcan las directrices de Madrid, y que adopten decisiones políticas y económicas para concretar el derecho a la atención a la dependencia en nuestro pueblo. Más allá de la Ley de Dependencia y las actuales Leyes de Servicios Sociales, las instituciones:
2. Tienen que apoyarse en el refuerzo y ampliación de centros y servicios de carácter público, que crean empleo, y que promueven la igualdad de género y de oportunidades. En especial, es preciso mejorar la Teleasistencia, ampliar la red de centros de día, aumentar la intensidad de los Servicios de Ayuda a Domicilio y avanzar en el carácter público, tanto en titularidad como en gestión, de los centros y servicios.
3. Tiene que aprobar partidas presupuestarias consolidadas, que no pongan en duda las garantías del sistema para atender a las personas dependientes, en base a políticas fiscales que permitan superar el copago injusto.
5. Que cuente con plantillas suficientes, en condiciones laborales y salariales dignas que permitan ofrecer servicios con intensidad y calidad.