Los conflictos en las empresas han aumentado y 4 de cada 10 conflictos abiertos están cerrados, con contenidos más plurales.
La responsable de Acción Sindical de LAB, Oihana Lopetegi, y el coordinador general, Igor Arroyo, han presentado el balance de las principales características y los resultados de las luchas llevadas a cabo por el sindicato LAB en el presente curso y han destacado los avances conseguidos para la clase trabajadora vasca gracias al trabajo realizado.
Oihana Lopetegi ha resumido de la siguiente manera las luchas y conflictos de este curso: “Hemos comenzado 190 luchas. En 84 de ellas se ha hecho uso de la huelga. Por lo tanto, la huelga ha estado presente en el 44,21% de los conflictos. Las luchas a nivel sectorial han sido 35, 18 de ellas en sectores feminizados. Las luchas a nivel de empresa han sido 155, 20 en empresas feminizadas. El porcentaje de conflictos cerrados ha sido del 46,32%”.
Lopetegi ha explicado que la cantidad de conflictos en empresas ha incrementado mientras que en el caso de los conflictos sectoriales ha disminuido. Destaca que se mantiene la conflictividad: “El número de trabajadores y trabajadoras llamadas a conflictos sectoriales en este curso ha sido mucho menor en comparación con los cursos anteriores. Si la tasa de cobertura a diciembre de 2022 era del 27%, a raíz de las luchas del pasado curso muchos y muchas trabajadoras consigueron renovar su convenio, y a diciembre de 2023 la tasa de cobertura se situaba en el 52,3%. Se trata de una tasa elevada para ese periodo del año. Ese dato nos da la clave para entender la disminución de los conflictos sectoriales”.
Por lo tanto, aún habiendo menos conflictos sectoriales, aquellos que se llevan a cabo a nivel de empresa continúan incrementándose: “Se trata sobre todo de luchas en defensa de convenios colectivos (51,18%), pero también en contra de los ataques por parte de la patronal (33,16%): cierres, despidos, Expedientes de Regulación Temporal De Empleo o distintas formas de acoso como acoso sindical -especialmente notable en empresas como Amazon-, agresiones machistas o de otro tipo.
Lopetegi subraya que siguen organizándose en ámbitos precarizados: “Amazon, Telepizza, centros especiales de empleo, agricultura y ganadería o sectores feminizados. Organizarse en esos ámbitos conlleva trabajar sobre las reivindicaciones de las personas trabajadoras de manera colectiva y se logran beneficios directos para esas personas”.
Si bien se han trabajado varias cuestiones dentro de los mencionados conflictos, los ejes más notables durante este curso han sido la defensa del marco de negociación propio, los cuidados como derecho colectivo y las condiciones laborales de las cuidadoras y la defensa de los servicios públicos, según la responsable de Acción Sindical: “Además de la aceptación legal de la prioridad de los convenios de quí, se ha hecho un gran trabajao para recuperar o crear convenios propios. Además, hemos combinado la lucha por el mantenimiento del poder adquisitivo y de mejora de condiciones laborales con la lucha en defensa de los servicios públicos y a favor del derecho a unos cuidados dignos”.
Además de los ya mencionados, Lopetegi ha profundizado en otros elementos a destacar, poniendo especial atención a la transición ecosocial o a las movilizaciones llevadas a cabo a favor del euskera: “Este año la transición eocoscial ha comenzado a tomar el lugar que ha de tener en nuestras luchas, como ha sido el caso de Mecaner, donde se ha unido la defensa del empleo con la reivindicación de un plan de transición ecosocial. Finalmente, los ataques al euskera han provocado la movilización de trabajadores y trabajadoras que han salido a la calle en defensa del derecho a trabajar y a recibir sus servicios en euskera”.
El valor de la lucha
A continuación, el coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha querido poner en valor la lucha sindical llevada a cabo en Euskal Herria: «Euskal Herria es un espacio autónomo de organización y lucha sindical que se desarrola en coordenadas distintas a la de los estados. El sindicalismo vasco tiene vocación y fuerza para defender los derechos de las y los trabajadores y provocar cambios desde el mundo laboral».
En palabras de Arroyo, «el reto del sindicalismo vasco es doble: por un lado, que las condiciones de trabajo y vida de los y las trabajadoras vascas se decidan en Euskal Herria, a través de sus convenios y sus políticas públicas; y por otro, que mediante la acción sindical y la negociación colectiva se mejoren las condiciones laborales y de vida de la gente trabajadoras vasca». Estos dos objetivos van de la mano: la estatalización supone empobrecimiento y la construcción del ámbito vasco un camino para dignificar las condiciones de trabajo y de vida.
Arroyo destaca los avances obtenidos este curso en la construcción del marco propio: «Las reformas laborales de 2010/2012 tuvieron como consecuencia, además de la estatalización de la negociación colectiva, la apuesta por el ámbito de empresa y el debilitamiento de la negociación colectiva. En este contexto, LAB defendió desde el principio todos los ámbitos de negociación y en especial los convenios sectoriales que se encontraban en el punto de mira de las reformas: dos Huelgas Generales contra las reformas y otros dos paros generales posteriores (uno en defensa de la ultraactividad indefinida y otro en contra de la estatalización); el intento de alcanzar en 2013 un Acuerdo Intersectorial para preservar los ámbitos de negociación locales, que supuso el germen del Acuerdo Intersectorial sobre la estructura de negociación colectiva alcanzado cuatro años después; y el trabajo de presión para restablecer la prioridad de los convenios locales, que ha dado sus frutos este curso «.
Siguiendo esa misma senda, en LAB nos marcamos como objetivo dar tres pasos más de cara al futuro. El primero, recuperar los convenios de aquí (artes gráficas de Nafarroa o madera de Gipuzkoa) o crear nuevos (residencias de mayores de Nafarroa, centros especiales de empleo, trabajadoras del hogar, químicas de la CAV o personal técnico cultural de Nafarroa).
El segundo objetivo sería establecer un salario mínimo ajustado a la realidad de Euskal Herria, de 1.600 euros brutos al mes, para reducir la brecha existente con los convenios con salarios más bajos o con ámbitos que se encuentran sin convenio, muchos de ellos feminizados y racializados, y establecer un suelo digno para todos y todas las trabajadoras.
En tercer lugar, superar el veto impuesto por el Estado sobre la función pública. Aunque el acuerdo para establecer una comisión mixta entre el PNV y el Gobierno se presentó como un avance, las condiciones laborales del personal de las administraciones públicas y los criterios de creación de puestos de trabajo siguen estatalizados. En este sentido, la ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, pretende aplicar una subida salarial que suponga una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras vascas (la intersindical ha pedido a los partidos vascos que hagan frente a esto último).