LAB no considera que se trate de un gran paso desde el punto de vista de las y los trabajadores municipales. Después de tantos años podríamos esperar algo más si se hubiera tratado de una ley negociada con agentes sociales y que se creara de la negociación con éstos. Además, tenemos la certeza de que si hubiera sido fruto de un proceso participativo, la Ley Municipal no sería la que se ha aprobado, sino una ley que tuviera mayores garantías sobre los intereses de ciudadanía, trabajadores, trabajadoras y los servicios públicos.
La ley tiene este déficit desde su nacimiento. Tal y como vemos en el ámbito institucional, en los dos años en los que se ha prolongado la negociación, no ha habido ni negociación ni relación con quienes trabajamos en este ámbito. No hemos participado y, por lo tanto, no hemos conocido el acuerdo en profundidad casi hasta que se aprobada. Por lo tanto, se ha desdeñado la Negociación Colectiva.
Hemos empezado a analizar la ley en cuanto hemos tenido acceso a la misma, desde la perspectiva de los y las trabajadoras, y son los aspectos negativos los que prevalecen. No vamos a negar los aspectos positivos de la ley: los pasos que da en la normalización del euskara, es esfuerzo que se hace de cara a la participación ciudadana en los ayuntamientos, el paso imprescindible para que los ayuntamientos estabilicen sus competencias y consigan nuevas (aunque éstas queden a la espera de una nueva Ley). Pero se trata de pasos muy tímidos.
Los aspectos negativos tienen más peso para nosotras: está subordinada a la Ley Estatal y se mueve en los límites establecidos por ésta, no cierra la puerta a las privatizaciones, en detrimento de la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. Apenas dice nada en el capítulo relativo al empleo público, si exceptuamos la figura de la Dirección Profesional, que nos preocupa de forma notable. La Dirección Profesional, mencionada en el proyecto de Ley de Empleo Público se concreta aquí y LAB no ve con buenos ojos que directivos de empresas se dedique a responsabilidades municipales (esta ley abre las puertas a esto). Por otro lado, aunque esta ley garantice financiación para que los ayuntamientos puedan desarrollar sus competencias, el objetivo relativo al cumplimiento del déficit se sitúa por encima de cualquier otra consideración, a las órdenes de la Ley Estatal, y ésta limita la actividad municipal y el desarrollo de servicios públicos.
En nuestra opinión, el camino para desarrollar los servicios públicos para por la remunicipalización y la reversión y esta Ley podría haber sido un paso para garantizar eso, cerrando la puerta a privatizaciones y estableciendo mecanismos para que se den reversiones. Hay que dar por finiquitado el camino que deja los servicios públicos en manos privadas y deteriora y precariza sin cesar las condiciones laborales de las y los trabajadores y esto hay que hacerlo respondiendo a las necesidades de trabajadores, trabajadoras y ciudadanía, dándonos la palabra y permitiendo que participemos en la decisión. Los ayuntamientos y las instituciones en general deberían tomar otro camino, el de la democratización de las instituciones y el desarrollo de los servicios públicos.
LAB continuará trabajando con el objetivo de desarrollar los servicios públicos y publificar los privatizados y luchará porque la figura de la Dirección Profesional no se lleve a cabo en los ayuntamientos. En esta dirección, también trabajaremos para que en la Ley Municipal se hagan los cambios que son necesarios.