Desde LAB manifestamos nuestro bochorno y estupor por el Auto de la magistrada del juzgado de instrucción Nº2 de Vitoria-Gasteiz. Cierra en falso la investigación dejando en el aire las grandes incógnitas. Rechazar la petición de prórroga y las diligencias solicitadas por LAB supone renunciar al esclarecimiento de los hechos, materializando los grandes temores de LAB desde que se produjo el 4º cambio de magistrada. El Auto agrada a todos los imputados que han solicitado a la jueza no hacer caso de los escritos de LAB y el resto de acusaciones solicitando la prórroga.
LAB ha sido el actor principal durante los cuatro años que dura la investigación, la mayoría de las diligencias practicadas han sido a instancias de nuestro sindicato. Hoy como fruto del trabajo realizado y el conocimiento que poseemos de la dimensión del fraude ante el que nos encontramos, podemos afirmar que no admitir nuestra solicitud de prórroga de la instrucción supone un revés preocupante para quienes queremos OPEs limpias. Cerrar en este punto la investigación afianza importantes espacios de impunidad para los filtradores y para la dirección de Osakidetza que impulsa y protege estas filtraciones para mantener el control de la institución mediante una red clientelar que premia con plazas de empleo público a quienes se pliegan ante los planes de la dirección de Osakidetza.
Hay diligencias solicitadas por LAB sobre las que aun no tenemos respuesta. Estas diligencias pendientes podrían dar lugar a nuevas actuaciones que se desprendan de las declaraciones y documentación solicitada, pero la actual magistrada ha decidido cerrar la investigación. Para LAB es un temeridad que pone en cuestión el sentido mismo de la judicatura.
Los servicios jurídicos de LAB presentarán en los próximos días un recurso de reforma ante un auto en el que se ha priorizado dar carpetazo, antes que posicionarse ante las diligencias pendientes solicitadas por LAB y las que se deriven de las mismas. Por otro lado, es esperpéntico que la magistrada justifique tal decisión en su desconocimiento de tales diligencias hasta nuestra solicitud de prórroga porque tomó posesión de la plaza después de nuestra solicitud.
Los y las ciudadanas tenemos derecho a unos servicios de justicia igual para todos que no dependan de sustituciones, bajas, movilidades, etc.… de los y las trabajadoras de los mismos.
Los y las ciudadanas tienen derecho a conocer lo que sucedió en la OPE de facultativos y la instrucción debe continuar para conocer la verdad, ¿Por qué en la OPE 2016-17 se adelantaron a la fecha prevista únicamente las pruebas de facultativos?, ¿Por qué la dirección de Osakidetza designó los expertos que hicieron los exámenes en nombre del IVAP y tras el anonimato?, ¿Por qué se nombró a personas que previamente habían sido objeto de denuncias de irregularidades en otras OPEs? ¿Por qué permitió y se toleró que familiares pudieran ser opositores y redactores de exámenes? ¿Por qué no se trasladó a fiscalía las filtraciones certificadas? ¿Por qué ocultaron al juzgado durante 3 años reuniones clandestinas con filtradores y beneficiados?, ¿Por qué se enviaron emails autorizando quebrantar el manual operativo de la OPE?
Cuestiones de gran relevancia que podrían dar lugar a nuevas diligencias a las que el auto de la magistrada actual cierra las puertas. Es un despropósito y un atropello para quienes aspiramos a eliminar los espacios de impunidad y afianzar OPEs limpias que respeten los principios democráticos básicos en el acceso al empleo público: igualdad, mérito y capacidad.