Este debería realizarse sobre cuatro bases: una transición planificada, preventiva y que asegure la participación de las y los trabajadores; debe contar con una intervención pública contundente; reducción de jornada a una semana laboral de 30 horas y reforzar las leyes contra los despidos y las deslocalizaciones.
La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha comparecido acompañada por delegadas y delegados de CAF, Rezola, Mercedes, Michelin, Tubacex, Guardian, Sidenor, Pine, PCB, Rio Galindo, NFS, Gestamp Bizkaia, BSH, Volkswagen y Sunsundegui. En primer lugar, ha mostrado su preocupación por la situación de la industria en Hego Euskal Herria. En segundo lugar, ha hecho una valoración de las políticas de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea, criticando su decisión de profundizar en recetas que han supuesto un fracaso y explicando las consecuencias que esto va a tener. En tercer lugar, ha situado las bases de la política industrial para la transición ecosocial.
La situación de la industria de Hego Euskal Herria es preocupante
La lista de empresas en conflicto es larga. Algunas han decidido cerrar la planta de un día para otro y destruir el empleo de cientos de trabajadores y trabajadoras, como BSH, Guardian, SDA Factory, Balenciaga o Siemens. Otras, a pesar de recibir mucho dinero público para hacer frente a las inversiones y reconversiones que hay que hacer en la empresa, están en conflicto por su mala gestión o porque quieren mayores beneficios. Por ejemplo, Sunsundegi se encuentra en concurso de acreedores o anuncian la supresión del turno de noche en Mercedes Gasteiz y la reordenación de las horas de trabajo diurno para trabajar 53 horas semanales en el turno de mañana y 45 horas en el de tarde. Además, hay quienes utilizan la transición energética o la descarbonización como pretexto para justificar cierres o amortizaciones de puestos de trabajo, como Mecaner o Cementos Rezola.
En otras empresas hay Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y también es previsible la destrucción de más empleo. El empleo industrial y el peso de la industria en la economía se han reducido. Así, desde 2008 se han destruido 39.000 empleos industriales en la CAV.
Esta situación se debe a políticas industriales inadecuadas. En la industria, como en otros ámbitos, se ha dejado prevalecer la lógica del mercado, se han dado todas las facilidades a las multinacionales y a los fondos de inversión para hacerse con las empresas de aquí, apoyadas con dinero público. A cambio no se les ha exigido ningún compromiso ni requisito para el mantenimiento del empleo ni para las condiciones de trabajo de las y los trabajadores. Además, la recepción de fondos públicos no ha estado condicionada a proyectos industriales o al mantenimiento de las fábricas en ellas. No hay compromiso de país.
Con esta forma de hacer política queda en manos de las grandes empresas qué hacer con ese dinero: realizar inversiones o no; dónde y en qué invertir; el tipo de transformaciones productivas que repercutirán en las condiciones de trabajo o decidir el reparto de dividendos en lugar de socializar vía impuestos los beneficios que obtengan.
Las consecuencias de esto han sido claras. Por un lado, ese dinero público ha ido a bolsillos privados. La industria ha seguido perdiendo peso en la economía, no se ha impulsado ninguna apuesta por la innovación tecnológica, se ha reducido el empleo y se han deteriorado las condiciones laborales.
Por otro lado, la capacidad de decisión de las empresas se ha llevado al extranjero. Desde la perspectiva de país la situación es preocupante. Esta forma de hacer política nos hace totalmente dependientes de las multinacionales en detrimento de las medianas y pequeñas empresas de aquí. Estas empresas sólo buscan sacar el máximo rendimiento a corto plazo, no hay ningún arraigo en el país ni ningún tipo de consideración hacia las y los trabajadores. Intervenir en una planta como Talgo, puntualmente, no resolverá este profundo problema. También hay que hablar de las condiciones laborales. En este caso, queremos denunciar que Sidenor está utilizando esta operación para bloquear las negociaciones del convenio en sus plantas.
En tercer lugar, cuando una empresa decide cerrar sus puertas y marcharse no hay medidas para impedirlo. A partir de la Reforma Laboral de 2012, los despidos son libres y muy baratos. Pese a los beneficios de una empresa, le basta con «razonar» la reducción de beneficios para realizar despidos. Hablamos de reducción de beneficios y no de pérdidas. La Reforma Laboral no se ha derogado y eso se ha mantenido. Por otro lado, las leyes de deslocalización vigentes no son suficientes para frenar estos cierres de empresas.
Nuevo contexto, viejas recetas
El contexto internacional está lleno de incertidumbres. La industria de aquí depende de las exportaciones, a lo que hay que añadir la reducción de pedidos y las guerras comerciales. Por otro lado, la emergencia climática ha puesto al mundo en un nuevo atolladero. El agotamiento de las energías fósiles hace insostenible el modelo vigente hasta ahora basado en el crecimiento continuo.
La adquisición de materias primas se convierte en fuente de conflicto. El clima bélico, el autoritarismo y el fascismo se están extendiendo y se impulsa la militarización de la economía. Las voces a favor de la energía nuclear se escuchan cada vez con más claridad o se habla de la necesidad de aumentar el gasto militar. Hay que decir claramente que aumentar el gasto militar supone destinar aún menos dinero al gasto social y a los servicios públicos.
La situación exige una política industrial diferente, un cambio de rumbo. No vemos voluntad de hacerlo. Crece la dependencia de los Gobiernos de Nafarroa y de la CAV respecto a la patronal y las multinacionales. Los dos Gobiernos han expresado su preocupación por la situación de la industria y están diseñando nuevos planes, pero no hay intención de cambiar las políticas actuales.
En Nafarroa está en marcha la Ley de Industria, y LAB ha tenido la oportunidad de hacer aportaciones. Hemos aportado en la dirección de la transición que requiere la situación. En la CAV, el Gobierno ha entrado de lleno en el marco que supone la militarización de la economía. Ha subcontratado la elaboración de un plan industrial a una consultora con intereses privados. De este grupo de consultoría forma parte un miembro de la dirección del lobby empresarial Zedarriak. Ante el consejero de Industria y con su visto bueno, Zedarriak ha llamado a superar los tabúes y ver la industria armamentística como oportunidad y a apostar por las nucleares. A los pocos días, ha sido Mikel Torres quien ha mostrado su apoyo a estas ideas.
Han creado un Foro para definir la política industrial y han dado cabida aquí a CONFEBASK. Una patronal que rechaza cualquier posibilidad de distribución de la riqueza, que secuestra el debate de la política fiscal y que ha dicho no al SMI. También están presentes otros tantos que velan por los intereses patronales.
En cambio, no hay participación de las y los trabajadores, no hay sindicatos. Quieren debates sin trabajadores y trabajadoras porque saben que dirigir la reconversión industrial a la apuesta por la industria armamentística es conflictivo.
Estamos ante un Gobierno sin visión de país, más dependiente del capital que nunca. En los temas que son prioritarios para el capital, en el debate del modelo productivo que el capital quiere diseñar no hay una nueva forma de hacer que tanto se ha subrayado al inicio de la legislatura.
Política industrial para la transición ecosocial: cambio de rumbo y nueva política industrial
La función de la política Industrial para transformar el modelo productivo para la transición ecosocialista debería ser distinta. Debe tener 4 pilares:
1. Transición planificada, preventiva y que asegure la participación de las y los trabajadores. Los sectores que se deben transformar para reducir las emisiones, el uso de recursos naturales y el consumo energético son conocidos. Otros campos, imprescindibles para sustentar la vida, deben crecer. Esta remodelación debe realizarse sin exclusiones, defendiendo el derecho al empleo de todos.
2. Debe contar con una intervención pública contundente. Una intervención que controle la reconversión del modelo productivo debe asegurar que en ella no prevalezca únicamente la lógica del mercado y las expectativas de beneficio.
Por otro lado, las condiciones para que el dinero público pase a manos de las empresas deben ser más exigentes: exigir a quienes reciben dinero compromisos claros para no destruir empleo y mantener allí el proyecto industrial, compromisos por unas condiciones laborales dignas y por la innovación tecnológica y las empresas que repartan dividendos no tienen que recibir subvenciones públicas
3. Reducción de jornada a una semana laboral de 30 horas. Para reconocer y repartir todos los trabajos , paliar los efectos de la transición ecosocial y tener una vida más digna. Las reconversiones deben convertirse en una opción de reducción de jornada e impulsar la reducción de jornada. Hay que impedir la amortización de puestos de trabajo que las multinacionales impulsan con dinero.
4. Hay que reforzar las leyes contra los despidos y las deslocalizaciones. De la misma manera que entre las condiciones para recibir dinero público hay que exigir compromisos con el empleo o con proyectos industriales, cuando después la empresa quiere hacer cierres o despidos, se necesitan garantías para devolver ese dinero recibido.
Si no es así, se reforzará el clima de movilización y conflicto: entre las y los trabajadores predomina la preocupación y volvemos a ver que se apuesta por una política pública e industrial que redunde en una mayor concentración de poder y riqueza.
Las y los trabajadores no estamos dispuestos a dar por buena esta situación. El domingo se celebró en Nafarroa una multitudinaria y exitosa manifestación y seguiremos defendiendo el derecho al empleo por la vía de las luchas sindicales, reivindicando una política industrial diferente a favor de la transición ecosocialista.