Ayer conocimos los datos de siniestralidad del 2013 en la CAPV. Nuevamente desde los poderes políticos sacan pecho diciendo que todo va bien, que se han reducido un 13% los accidentes mortales, o que la mitad de los mismos son de tráfico o no traumáticos, y no solo en datos absolutos sino que los indices de incidencia numero de accidentes mortales por cada mil personas trabajando también se han reducido y todo ello es muestra del buen camino. Pues nuevamente, les tenemos que decir, que no dicen la verdad.
El indice de incidencia si bien es un indicador historico en prevención, a día de hoy resulta totalmente limitado, ya que no diferencia el numero de horas trabajadas, es decir, el número de accidentes entre las personas trabajadoras. Da igual que trabajen una hora al día u ocho, computan en los dos casos como un trabajador o trabajadora, pero está claro que el nivel de riesgo no sera el mismo si se trabaja una hora u ocho. Y uno de los efectos que hemos denunciado es el aumento exponencial de la contratación a tiempo parcial. Es por todo ello que ese indicador a día de hoy no refleja la realidad en las empresas.
Utilizan como excusa que casi la mitad de los siniestros son de tráfico o no traumaticos, como si los mismos no dependieran de las condiciones de empleo y trabajo, como si fuera algo ajeno. Y muestra de ello, es como Osalan históricamente se ha negado a investigar tanto los accidentes no traumáticos para ver su relación con las condiciones de empleo y trabajo (riesgos psicosociales) y los de trafico alegando falta de competencias, es decir, una excusa mas para no intervenir en la realidad. Cuando se produce un accidente de trafico, no solo hay que tener en cuenta el estado de la carretera o del vehiculo, sino otros muchos aspectos (por lo menos desde un prisma de salud laboral) como es el horario de entra y salida, en el caso de repartos la carga de trabajo, el ajetreo, las prisas etc. todas ellas condiciones que influyen o determinan muchos de estos accidentes sin que se ponga ni una sola medida.
Ademas cabe recordar el deficit existente en la declaración de las enfermedades profesionales, sin que desde las administraciones públicas se haga nada para combatir ese fraude de declaración. El ejemplo más claro es como en los últimos años han muertos más de 100 trabajadores y trabajadoras afectados por patologías derivadas de la inhalación de amianto durante su vida laboral, y tras largos procesos judiciales se ha reconocido el origen laboral de las mismas y ninguna de ellas aparece en las estadisticas de enfermedad profesional.
El problema de las pérdidas de salud de la clase trabajadora está unido a las condiciones de empleo y trabajo, no depende de una falta de conocimientos técnicos o médicos. Lo que falta es voluntad política para poner freno a esta realidad, lo que sobra es complicidad de las administraciones públicas que hacen reformas que van a en contra de nuestros derechos y como hoy mismo ha sucedido las administraciones hacen declaraciones públicas grandilocuentes, felicitándose de lo que no hacen, tapando y escondiendo una realidad para que parezca que el sistema funciona, cuando en realidad, la clase trabajadora ya sabe lo que realmente sucede en las empresas, en las obras y en las tiendas.
Es por todo ello que desde el Sindicato LAB queremos desmentir esas cifras maquilladas e instamos a los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea a implicarse realmente en las políticas de salud laboral para que no perdamos la vida o la salud en el intento. Ese es nuestro compromiso.