Mediante esta comparecencia queremos dar a conocer la influencia que tienen las sentencias europeas recientemente publicadas. Más allá de la indemnización que tengan que recibir las y los trabajadores interinos o eventuales, estas sentencias quiebran el sistema de contratación que se ha ido implantando en las administraciones públicas en Euskal Herria, basado en el fraude y la precariedad. En estas sentencias se deja claro que ninguna administración podrá cubrir con personal eventual funciones estructurales del servicio público que proporciona; hoy día son miles las trabajadoras y trabajadores en situación de inseguridad, en puesto de trabajo no reconocido durante años.
Las sentencias europeas publicadas a lo largo de septiembre tendrán gran influencia en el sector público. La sentencia que acepta indemnizaciones de trabajadoras interinas y temporales pone en cuestión basado en el fraude de la temporalidad. Es innegable que esta decisión tendrán gran influencia en las distintas administraciones, ya que son centenares las y los trabajadores que ven finalizada su relación laboral, sin que hayan recibido ninguna indemnización hasta hoy.
Por lo tanto, estas sentencias han creado nuevos derechos individuales para las y los trabajadores públicos. Recogen que las y los trabajadores laborales tienen el mismo derecho a recibir la misma indemnización que los y las fijas y abre la puerta a la presentación de reclamaciones. Desde LAB apoyaremos que los y las trabajadoras que estén en esta situación presenten la correspondiente reclamación.
Las consecuencias de las sentencias no se limitan únicamente a la aceptación de la indemnización. Se le asesta un duro golpe al sistema basado en el fraude. No se pueden cubrir puestos estructurales con trabajadores y trabajadoras temporales. Al hilo de esa afirmación, el o la trabajadora que tengan sucesivos contratos temporales para las mismas tareas o que tenga contratos interinos tiene derecho a consolidarse en ese puesto hasta que se convoque la OPE. Ese trabajador o trabajadora tendrá el carácter de fijo no indefinido y hasta que el puesto salga en concurso público o se cubra con concurso de traslado, tendrá derecho a quedarse en el mismo.
Estas y estos trabajadores tendrán derecho a reclamación. Son un colectivo muy numeroso. En Educación se cubren más de 6.000 puestos estructurales con trabajadores y trabajadoras no consolidadas. En Osakidetza puede haber más de 15.000 puestos estructurales pero sin consolidar y en la administración de la CAV más de 2.000. Si siguiéramos con los ejemplos llegaríamos a cifras aterradoras. Junto con las consecuencias personales que tienen en la situación de cada trabajador y trabajadora, es innegable la influencia que tiene en la calidad de los servicios públicos.
Podemos dar por hecho que la reciente publicación de las tres sentencias europeas tendrá consecuencias en las administraciones de Euskal Herria. No podemos obviar que el sistema de cobertura de los servicios públicos está basado en el fraude contractual, tanto en funcionarias como en personal laboral. El hecho de poder reclamar una indemnización a la hora del cese o poder reclamar la permanencia en el puesto de trabajo declarado estructural hasta OPE o concurso de traslados supone un nuevo hito en las relaciones laborales de la función pública.
Son miles las personas que navegan en el mar de la eventualidad en las administraciones públicas. Profesoras que un año están en una escuela y al curso siguiente en otra, o enfermeras que encadenan docenas de contratos en los diferentes hospitales de Euskal Herria. Ésta es la precariedad que cada vez más se extiende por las administraciones de Euskal Herria y afecta, como no ser de otra manera, a la calidad de los servicios públicos.
Sin embargo, no podemos obviar la responsabilidad de las personas que durante todos estos años han estado gestionando los servicios públicos. Han sido cómplices necesarias a la hora de instaurar este modelo fraudulento sustentado en la eventualidad. Ha encontrado la fórmula perfecta para raquitizar la administración pública y privatizar los servicios públicos con mayor facilidad. Tenemos la certeza de que estas sentencias conceden a las administraciones una oportunidad inmejorable para avanzar en un camino propio hacia la defensa de los servicios públicos. En este aspecto no hay excusas en forma de tasas de reposición o legislación estatal; la sentencia exige el fin de la precariedad y el expolio en el sector público.
Creemos que ha llegado la hora de consolidar plantillas. Tiene que acabar que puestos que no quieren reconocer sea cubiertos con trabajadoras y trabajadores condenados a la perpetua incertidumbre. La sentencia europea lo deja claro; una administración que ofrece un servicio público no puede tener un déficit de puestos de más del 25%. En el caso de las administraciones de Euskal Herria esta situación ha empezado a emerger; la sentencia europea señala que ese déficit de empleos debe cubrirse con una oferta pública de empleo.
LAB defenderá la aplicación de estas sentencias en todas las administraciones:
● Exigiremos el pago de indemnizaciones cuando se den ceses contractuales en todas la administraciones.
● Hay que acabar con el abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas.
● Atendiendo a la realidad de cada administración, exigiremos que se declaren indefinidos todos aquellos puestos que se han cubierto hasta ahora de manera fraudulenta.
● Las distintas administraciones deberán establecer a medio plazo un Plan Integral de Empleo, para que las funciones necesarias para el desarrollo del servicio público que llevan a cabo sean cubiertas mediante oferta pública de empleo.
● Finalmente, exigimos a las administraciones públicas que aprovechen los recursos que estas sentencias proporcionan para la defensa de los servicios públicos.