Una vez más hemos conocido una sentencia contra una convocatoria de empleo de una administración vasca. Esta vez ha sido contraria a los perfiles lingüísticos exigidos en un proceso del Gobierno Vasco para formar una bolsa de trabajo de secretarios e secretarias interinas municipales, confirmando en segunda instancia la sentencia que previamente había adoptado un juzgado de Vitoria en esta dirección. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado un paso más en la larga sucesión de sentencias que está publicando contra la euskaldunización de la administración, dando un nuevo paso en la embestida judicial contra los derechos lingüísticos de los euskaldunes.
Esta resolución puede comprometer el trabajo realizado durante décadas en los ayuntamientos para promover la normalización del euskera, dada la importancia que, por su función, tiene la figura de los secretarios municipales en los hábitos lingüísticos de los ayuntamientos. Por tanto, una decisión denunciable que puede tener consecuencias preocupantes a juicio de LAB. No será posible normalizar el euskera en los ayuntamientos si los trabajadores no son euskaldunes. En este sentido resulta especialmente ofensiva y denunciable la afirmación que hace la sentencia de que la exigencia del euskera es «perfectamente prescindible».
Aún siendo un paso más de una larga serie de sentencias, las y los vascos y los agentes euskaltzales no podemos caer en la desesperación. Eso también es lo que buscan los sectores euskarafobos. La continua resolución de sentencias en el mismo sentido, pretende desesperarnos y paralizar el proceso de normalización del euskera, en un momento en el que la euskaldunización de la administración, uno de los principales motores de dicho proceso, está en el punto de mira.
Por ello, LAB considera que es el momento de gritar «basta ya». Las y los euskaltzales debemos activarnos y mostrarnos firmes en la defensa del euskera y de nuestros derechos lingüísticos una vez más. Asimismo, LAB exige a los partidos políticos e instituciones que aprueben una legislación adecuada para proteger por ley el proceso de normalización integral del euskera en la administración. Si no se aprueba un nueva normativa adecuada, la euskaldunización de la administración seguirá estando en el punto de mira de los juzgados, en una situación de extrema vulnerabilidad. Dar certeza jurídica a este proceso no vendrá de aceptar una jurisprudencia asfixiante contra la euskaldunización impuesta por los tribunales, sino que, al contrario, la certeza jurídica vendrá de legislar un nuevo amparo legal adecuado.