La precariedad y la pobreza no deja de extenderse entre la población vasca. Un 25% de empleo de baja calidad, una tasa del desempleo estructural del 15%, 4 de cada 10 trabajadoras y trabajadores llevan más de dos años en paro, un 17% de la población en situación de riesgo de pobreza y exclusióna, los deshaucios que continuan,… En definitiva, la imposiblidad para miles de personas de poder contar con una existencia digna en nujestro pueblo.
Resulta inaceptable que el Gobierno vasco se esconda en la no obligación de proporcionar estas ayudas, porque la ley considera que no es un derecho subjetivo exigible. Estamos hablando de necesidades vitales de las personas (alquiler, hipoteca, electrodomésticos,…) que no pueden hacer frente por falta de recursos económicos.
Si quien participa en la destrucción de empleo, en el desmantelamiento de servicios públicos, en la imposición de copagos, en políticas de vivienda que no garantizan el acceso a ellas, además se niega a aportar los recursos para paliar las consecuencias negativas de sus políticas antisociales está de sobra. Sí, la “política social” de este Gobierno vasco está de sobra.
LAB reclama la prioridad para las personas y por tanto, la ampliación de la partida para las ayudas de emergencia social. Y junto a ello, expresa la necesidad de la movilización en favor de prestaciones sociales dignas y unas políticas coherentes, que además de responder a las consecuencias más crueles de la pobreza, establezcan las bases para su superación en base al reconocimiento de los derechos sociales, la creación de empleo de calidad y una fiscalidad progresiva y justa.