De la lectura complaciente del Gobierno de Navarra sobre la mejora de las situaciones de pobreza LAB quiere llamar la atención sobre otros datos que el propio informe señala como “contradictorios” ya que las personas perceptoras de la Renta Garantizada siguen aumentando. Así, ha aumentado el número de hogares en los que sus ingresos laborales son complementados por la RG, y alude entre las razones principales a que “la pobreza ya no se vincula solo a los hogares en desempleo, sino también al empleo inestable y precario” y que la creación de empleo no se está traduciendo en una significativa mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras que siguen teniendo que recurrir a complementar sus bajos salarios con la RG.
El informe presentado constata que Navarra, como “parte del engranaje del mercado de trabajo estatal regido por la misma normativa”, no está siendo ajena al fenómeno de las personas trabajadoras pobres, aunque considera que la calidad del empleo es mejor que la del Estado. También constata que el “déficit del sistema estatal por desempleo” implica que la mitad de las personas desempleadas no cuente con cobertura de desempleo y que ello produce “un trasvase de responsabilidades de cobertura entre el Estado y Navarra”.
Ante esta situación el sindicato LAB considera que las medidas necesarias que deben abordarse para hacer frente a la pobreza deben contar con voluntad política para hacer políticas públicas ambiciosas que prioricen los intereses de las personas, así como con los instrumentos necesarios que permitan decidir en Navarra su propia políticas sociales y de empleo, y poder superar así los déficits que señala el propio informe.
También denunciamos que ante el incremento de la realidad de las personas trabajadoras pobres constatadas en el propio informe, por parte del Gobierno de Navarra no se señala ni interpela a los responsables empresariales que ante coyunturas de crecimiento económico siguen haciendo de la precariedad del empleo su nicho de negocio.
Por ello remarcamos la importancia de la huelga general del 30 de enero, donde la reivindicación de un empleo y salario digno se plantea como la mejor garantía para el sostenimiento del sistema público de pensiones.