2024-11-24
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LAB denuncia la subida de la luz: mayor pobreza de mano de los especuladores

Acabamos de conocer un aumento espectacular en el recibo de la luz del 11% en el último trimestre. Un nuevo aumento que ha hecho más que doblar el precio de la luz en los últimos diez años. La energía es un bien común imprescindible, y por tanto, su acceso y gestión debería garantizarse desde el servicio público. Sin embargo, las decisiones y complicidades políticas de los gobiernos lo han puesto en manos de unas pocas empresas que manipulan el mercado en beneficio exclusivo de sus balances de cuentas.

Tenemos que llamar la atención sobre el impacto de estas subidas permanentes en los precios de la luz en los sectores empobrecidos y precarizados. No usar la calefacción o la luz, no contar con una temperatura adecuada afecta a la salud física y mental de las personas, genera mayor exclusión y discriminación. No olvidemos que, según datos del año pasado, la pobreza energética afecta al 4% de la población de Hego Euskal Herria. Todo indica que este porcentaje también haya subido. Los Gobiernos de Gasteiz y de Iruñea anunciaron en la primavera plantar batalla a la pobreza energética. No se conoce que hayan adoptado ninguna medida efectiva para evitar que las personas sean sometidas a cortes en los suministros de agua, luz y gas. Al contrario, han seguido con su política de favorecer la caída de las rentas (pobreza laboral, pensiones bajas por debajo del umbral de la pobreza,…) y de recortes y ataques en los sistemas de garantías de ingresos que provocan mayor desprotección.

Desde LAB reclamamos que el acceso a la energía es un derecho básico, que es preciso afrontar con urgencia la cuestión de la soberanía energética en Euskal Herria, en base a un nuevo modelo (eficiente, de ahorro, transparente, renovable, democrático), entendido como servicio público, y que garantice su disfrute y uso a todas las personas. Igualmente, de forma inmediata y en vísperas del invierno, reclamamos a las instituciones que adopten medidas concretas para que no se le niegue a ninguna persona el acceso a la electricidad y gas por razones económicas. Estamos hablando de derechos sociales, de salud y de vida digna.

 

 

 

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