Ante la creación en el Parlamento Vasco, en el seno de la Comisión de Politicas Sociales, Trabajo e Igualdad de una ponencia de estudio con el fin de analizar el contenido, fines y responsabilidades de un posible fondo de compensación del amianto y la solicitud de la comparencia del Sindicato LAB en la misma, tenemos que decir:
En primer lugar consideramos un error acometer la problemática del amianto en referencia a la creación o no de un fondo de compensación. Ya que si bien este punto tiene una relevancia considerable, no es lo unico que se debe y puede abordar para hacer frente a las consecuancias de la utilización masiva e incontrolada de amianto durante decadas en Euskal Herria.
Desde el Sindicato LAB en referencia a la problemática del amianto consideramos necesario:
• Que desde las autoridades competentes se considere el amianto no como un problema de salud laboral, sino como un problema de salud pública.
• Establecer la relación entre la importación de amianto y las enfermedades derivadas del mismo. Esta relación nos da la idea aproximada de la realidad, ya que realmente la epidemia está llegando poco a poco, pero faltan los años más duros, si tenemos en cuenta que en el Estado español fueron en los años 70 y 80 cuando más cantidad de amianto se importó. Se estima que la epidemia de enfermedades derivadas de la exposión al amianto alcanzara su punto maximo en torno al año 2020.
• Control del amianto instalado: Regular la obligatoriedad de realizar un inventario de edificios e instalaciones que contengan amianto por parte de todas las empresas y Administraciones Públicas.
• Que tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones y Ayuntamientos actúen en sus respectivos ámbitos para que los trabajos con riesgo de exposición al amianto (demolición parcial o total, desmantelamiento, sustitución o retirada de elementos constructivos susceptibles de contener amianto en edificios, tuberías e instalaciones, elementos y parcelas) se realicen conforme a la correcta manipulación y retirada de materiales con amianto y de los residuos que se generen, y que viene regulada en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. Para ello se debe hacer previamente un inventario de todas las instalaciones que puedan contener amianto y que existan en su ámbito de actuación.
• Exigir e impulsar la prohibición de amianto y el control de los mercados de desamiantado en terceros países, los denominados países empobrecidos, a los que Europa recurre por ejemplo para desguazar buques contaminados.
• Crear un registro de enfermedades derivadas del amianto con criterios epidemiológicos, con la participación de Osakidetza y Osalan.
• Crear un registro de empresas que hayan trabajado con amianto, partiendo del RERA histórico, e incluyendo al mismo las empresas en las que se haya dado Enfermedades Profesionales derivadas del amianto. Todo ello teniendo en cuenta que ha existido un subregistro de inscripción en el RERA de alrededor de un 70%.
• Apoyo social, psicológico y económico a las víctimas del amianto.
• Creación de un Fondo para resarcir a las víctimas del amianto. Este fondo ya existe en otros estados (Fracia y Belgica) en donde los gobiernos entienden que son co-responsables porque actuaron tarde. Pero además este Fondo debería estar también financiado obligatoriamente por las empresas productoras de amianto y por las empresas que lo utilizaron. Quien contamina y hace enfermar, que pague. Para ello se debe solicitar la transferencia de la Seguridad Social a la CAPV para la creación del Fondo a nivel de CAPV y estudiar la posibilidad de la creación de dicho fondo a nivel de hego Euskal Herria (Nafarroa).
• Ampliar la protección a los casos derivados de la exposición no profesional (exposición a nivel doméstico y ambiental)
• Crear el registro e impulsar la declaración de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto sin tener que recurrir a los juzgados. Actualmente este problema de trabajadores expuestos afectados se ha judicializado, porque el máximo enemigo de los trabajadores y trabajadoras es la propia Seguridad Social. Haciendo especial mención la situación que sufren los trabajadores y trabajadoras que a pesar de tener una enfermedad clasificada en el cuadro de enfermedades profesionales como profesional y al encontrarse ya jubilados y dicha enfermedad de momento no causa una incapacidad, desde el INSS y los juzgados niegan la declaración como profesional de dichas patologias. Lo que supone condenar a dichas trabajadoras y trabajadores a tener que reclamar la declaración de enfermedad profesional cuando esten en un estadio de gravedad y que nuevamente se oculten las enfermedades profesionales.
• Mientras se crea dicho registro, que sean juzgados especializados los que se ocupen de las reclamaciones derivadas del amianto.
• Ampliación de los programas de vigilancia de la salud. A dia de hoy, principalmente en relación con los postocupacionales, existe un deficit a la hora de realizar dicho seguimiento.
• Regulación que posibilite la jubilación anticipada de las personas expuestas a amianto y que las víctimas de enfermedades causadas por el amianto cesen su actividad de inmediato.
Todas estas medidas son necesarias si realmente queremos dar una respuesta real a la problemática del amianto pasada, presente e incluso futura. Sino todo lo demas es parecer que hacemos algo, sin hacer nada. No consiste en pedir a otro que lo haga, para lavarse las manos, sino que debe ser el propio Gobierno Vasco quien lidere esta lucha en su ámbito sin depender que se haga en otras instancias. Y volvemos a repetir que para ello son totalmente necesarias todas y cada una de las medidas aquí planteadas.
Gasteiz, 27 de marzo de 2012