El anuncio del Gobierno de España de la subida del IPC (establecido en el 0,9% para el Estado español) a las pensiones es una medida que llegar tarde y que no satisface, ni de lejos, las necesidades y las demandas del movimiento de las personas pensionistas de Euskal Herria. Por unas pensiones dignas, un empleo digno y una vida digna, es imprescindible reforzar la movilización y el llamamiento de la Huelga General va a ser un paso mas en ese camino.
El ejecutivo del Estado español, además, no ha garantizado el mantenimiento de la subida del IPC en los años venideros. Por otro lado, tampoco se deroga el factor de sostenibilidad; en el acuerdo programático firmado por PSOE y Unidas Podemos, se establece que se acometerá este punto “siempre asegurando la sosteniblidad del sistema a medio y largo plazo”. Esta puntualización constituye un elemento encubierto para condicionar esa supuesta derogación y convertirlo en un nuevo factor de recorte de las pensiones futuras.
Más de la mitad de las personas pensionistas de Hego Euskal Herria cobran por debajo de los 1.000 euros. Está claro que una subida del 0,9% (9 euros en el mejor de los casos para la mitad de los pensionistas) no pone fin a la precariedad en la que viven estas personas.
Hay que tener en cuenta que, en la CAV, las pensiones más bajas se complementan con la RGI. El 25% de las personas que reciben la RGI son pensionistas, esto es, 13.421 personas. Esas personas no van a verse beneficiadas por esta subida (queda absorbida por el complemento). De esta manera, el Gobierno Vasco se va a ahorrar el dinero correspondiente a la subida, que debiera de destinar a cumplir las demandas de complementar aquí y ahora las pensiones hasta los 1.080 euros mensuales.
Hay más razones que nunca para la Huelga General del 30 de enero. Como viene reivindicando el conjunto del Movimiento de Pensionistas de Hego Euskal Herria y recoge la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria en su tabla reivindicativa para la Huelga General:
• Es urgente derogar las reformas de pensiones del 2013 y 2011.
• La pensión mínima de 1080 euros es indispensable para garantizar vidas dignas.
• Hay que acabar con la brecha de género en las pensiones. En Hego Euskal Herria, las
mujeres cobran un 40% menos de pensión que los hombres. En este sentido, es especialmente grave la situación de las mujeres viudas.
El Gobierno de Madrid no contempla ni tiene en su agenda ninguna de estas reivindicaciones. El camino para garantizar todas estas medidas y articular un sistema de protección social que satisfaga las necesidades de las trabajadoras y pensionistas vascas es la movilización social, como lo está demostrando el movimiento social y decidir aquí el futuro de nuestras pensiones.
La propuesta del “gobierno de progreso” de reforzar el Pacto de Toledo como espacio para dirimir la cuestiones en torno a las pensiones es una camisa de fuerza frente a las reivindicaciones de los pensionistas vascos. En ese sentido, tenemos que dar pasos firmes en la construcción de ese sistema público, propio y digno.