El servicio que dan las residencias cumple con una necesidad básica de la sociedad. Al dejar la gestión de la misma en manos privadas el objetivo es meramente de beneficio económico; y este hecho es absolutamente inadmisible. Aún más cuando para ello se precarizan las condiciones de trabajo y se empeora la calidad del servicio, ya que a consecuencia de este hecho el servicio que reciben y las condiciones en las que se encuentran los residentes son claramente peores.
Como hemos dicho, hace unos meses ya denunciamos esta situación y pusimos sobre la mesa los riesgos que suponía. Pues bien, esos riesgos ya han comenzado a materializarse.
En este 2019 se ha conseguido uno de los logros más importantes de los últimos años en nuestro sector en Nafarroa: Una norma común a nivel provincial que regula tanto elementos organizativos como condiciones laborales de las trabajadoras para aquellos centros con plazas concertadas (aquellas plazas de las cuales una parte paga el gobierno de Nafarroa). Pues la empresa privada IDEA, la cual gestiona nuestra residencia Francisco Joaquín Iriarte, de manera unilateral y sin notificárselo de manera alguna al Ayuntamiento, decidió no presentarse a esas plazas. Sin esas plazas no existe obligación alguna de cumplir con esas condiciones mínimas y la carga económica para algunos residentes aumenta. Para cuando tuvimos noticia de este hecho ya era muy tarde.
Las razones que hay tras esta decisión son dos; el no querer dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras y el querer situarse fuera de la norma general, dejando claro que las trabajadoras y los residentes no les importamos en absoluto y que los beneficios económicos es lo único que les importa.
Hemos creído necesario plantear este tema de manera publica, por un lado porque sentimos que estamos totalmente desprotegidas y por otro lado porque consideramos importante que los habitantes de Baztan conozcan en qué condiciones se encuentran un servicios básico del valle y las trabajadoras del mismo.
El primer paso, pero no el único, que se debe de dar para solucionar esta situación inadmisible es que la residencia vuelva a tener una gestión pública. Ya que mientras la gestión del centro siga siendo privada las condiciones laborales y el servicio seguirán siendo precarios.