La salud y la vida de la clase trabajadora siguen en peligro, es necesario un cambio de modelo

Valoración de la siniestralidad en 2011

La seguridad y salud en Hego Euskal Herria no han mejorado en 2011. Según datos de los que disponemos, de enero a diciembre de 2011 en Hego Euskal Herria hubo un total de 46.665 accidentes de trabajo sin baja y 42.715 con baja, de los que 42.342 fueron leves, 293 graves, y 78 mortales a los que habría que sumar los 3 producidos en Iparralde. 

Fte. Osalan, INSL, Medios de comunicación

Fte. Osalan, INSL, Medios de comunicación

En Hego EH, cada 6 minutos se produce un AT. Y cada día se producen 128 accidentes sin baja y 117 que causan una baja y cada 4 días, un accidente mortal.

Estos datos son la fotografía fija de la siniestralidad, unos números fríos que no dicen mucho, suben en algunos tramos y bajan en otros. Pero detrás de cada uno de esos fríos números existe una realidad personal, familiar y social.

Lo primero felicitarnos porque efectivamente han muerto menos trabajadores y trabajadoras. Pero es una sonrisa agridulce, porque si se han reducido el número de AT, pero no es debido a la mejora de condiciones de trabajo y vida de las trabajadoras y trabajadores, sino es debido a la crisis sistémica del capitalismo.

Respecto a las causas y analizados los datos relativos a los 81 fallecimientos, destacan los siguientes extremos:

Son todos los que están, pero no están todos los que son.

La realidad no es la que dicen los datos oficiales, ya que dejan fuera a una parte importante de la población trabajadora afiliada a la seguridad social como son trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, las empleadas de hogar, de la economía sumergida y dentro de esos datos tampoco se incluyen a las trabajadoras y trabajadores que hayan sufrido el accidente en Euskal Herria pero que su empresa sea de otra comunidad autónoma del estado o de otro estado. Por ejemplo, dentro de los 66 AT mortales sucedidos en la CAV no está el ocurrido el día 12 de marzo en Santurtzi por una empleada de hogar, o el ocurrido el 6 de septiembre en las obras del TAV (Excavaciones JOVE) o el ocurrido el 4 de octubre en Estampaciones Metálicas en Abadiño (METSO MINERAL) o el ocurrido el 7 de octubre en las obras del metro de Bilbao (Estructuras COSVIMAR), porque la empresa era de fuera de la CAPV. Es decir, un accidente que ocurre en Euskal Herria en donde un trabajador fallece se registra en teoría en su comunidad autónoma o país, pero nuestra pregunta es ¿Qué medidas preventivas se pueden poner desde Asturias o Madrid o Portugal? Es aquí donde se tiene que registrar ese accidente, buscar las causas reales que lo han provocado y poner medidas para que no vuelva a ocurrir.

Además, estudios realizados en el estado, hablan de un subregistro de accidentes de en torno a un 30%. Y esos datos son fácilmente comprobables en los accidentes mortales debido a su número y gravedad de los mismos. Por ejemplo en el 2010 (al tratarse de un año cerrado totalmente) si cogemos los datos de accidentes mortales oficiales fueron 56, pero según nuestros datos fueron 80 (dejando a los 4 sucedidos en Iparralde) por lo que claramente se ve esa diferencia del 30% que en este caso serían los 24 accidentes que no figuran en los datos oficiales. Pero si éso es así, nuevamente nos llevaría a preguntarnos entonces ¿Cuántos accidentes reales han ocurrido? ¿Cuántos sin baja? ¿Cuántos leves y cuántos graves?

También tenemos que seguir teniendo en cuenta la actual coyuntura económica. La cual ya dijimos que iba a tener una incidencia directa en las pérdidas de salud de la clase trabajadora. Y uno de los resultados de la crisis económica, es que debido a las presiones y miedos en las empresas la gente no puede ni cogerse la necesaria baja, por lo que los accidentes leves y graves disminuyen. O incluso debido a los cambios normativos, ya que a día de hoy casi cualquier trabajador o trabajadora es sospechosa de fraude por el mero hecho de estar en situación de incapacidad temporal y por lo tanto los controles desde distintos ámbitos (Servicio público de salud, mutuas y el propio INSS) se están reduciendo el tiempo de baja, no porque no sea necesario sino porque para que cuadren las cuentas de la caja única de la seguridad social están mandando a trabajar a trabajadoras y trabajadores que no están en condiciones reales de hacerlo.

De igual manera hay que tener en cuenta, que muchas empresas tienen una práctica ilegal, y denunciada sindicalmente, que es la denominada 2ª actividad, es decir, cuando un trabajador sufre un accidente se le inventa un puesto de trabajo, poner sellos por ejemplo, lo que sea pero que no se coja la baja. Lo cual desde los institutos públicos INSL y Osalan y desde la Inspección de trabajo ya han dicho que es ilegal.

En cuanto a las enfermedades profesionales debemos seguir denunciando la infradeclaración existente.

* CB Con Baja **SB Sin Baja // Fte. INSL y Osalan

Felizmente se ha cambiado la tendencia a la baja de las enfermedades profesionales registradas. Y decimos felizmente, no porque nos alegremos de que haya más enfermedades profesionales, sino que como se ha denunciado desde el año 2006 (año en el que entró en vigor el RD que venía a sustituir el anterior del año 78) con ese cambio normativo lo que se produjo fue un subregistro todavía mayor de las enfermedades profesionales. Si tomamos como dato de referencia el comportamiento de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales en el conjunto de la Unión Europea los datos son esclarecedores, por cada muerte en accidente laboral se producen 18 muertes derivadas de enfermedades profesionales en el contexto de la Unión Europea (UE). Sin embargo, en Euskal Herria ese parámetro es inverso. Sin duda, este hecho muestra, sin ningún tipo de dudas, la ocultación de datos y, sobre todo, el subregistro de enfermedades profesionales y sus consecuencias fatales.

Pero a pesar de que en ese cambio normativo del año 2006, se les daba a un papel primordial a las médicas y médicos del sistema sanitario público para declarar sospechas de enfermedad profesional, nos encontramos que en la CAPV se ha hecho el marco pero sin foto, sin contenido. Han hecho la normativa para poderlo llevar a la practica, pero no se han puesto los medios ni los recursos para que sea una realidad, a día de hoy muchos afiliados y afiliadas tienen que explicar al médico de atención primaria o a la inspección médica que tienen ese derecho y por lo tanto esas y esos profesionales la obligación de tramitar la sospecha, pero cómo lo van a hacer si lo desconocen. Además, en los casos en los que se declara la sospecha el INSS de forma continua y sistemática las rechaza (sin que esa información vuelva a quien declaró la sospecha) y hay que reclamarlas vía judicial. Como en el caso de dos afiliados de Guardian Llodio, con patologías derivadas de la exposición a amianto, que la semana pasada se celebró el juicio para que se les reconozca que esa enfermedad que tienen es consecuencia de esa exposición al amianto durante muchos años.

Y en el caso de Nafarroa, a pesar de que cuentan con la ventaja de la experiencia derivada de años de trabajo del denominado “programa de médicos centinela” a día de hoy no ha traspuesto esa posibilidad a su ordenamiento jurídico y solo se centran en 4 patologías a detectar y solo cubre al 75% de la población trabajadora en Nafarroa.

Sólo de enfermedades derivadas del amianto, en los cuatro últimos años han fallecido 68 trabajadores y trabajadoras (12 en el 2008, 18 en el 2009, 24 en el 2010 y 14 en el 2011) pero dichas muertes no están en las estadísticas oficiales, porque una vez que se reconocen en el ámbito judicial, no se incluyen en las estadísticas laborales, porque no se quiere conocer la verdad, no se quiere afrontar la realidad. Pero si no se quiere conocer la realidad, si no sabemos realmente que es lo que esta pasando no se puede solucionar, no se puede poner solución a lo que no se conoce.

Las conclusiones analizadas las cifras son evidentes y claras. La situación real de la seguridad y salud en las empresas no ha mejorado en absoluto.

En distintos estudios realizados se muestran que detrás de cada accidente de trabajo hay al menos 3 causas principales y los dos bloques de causas que más comúnmente aparecen son la organización del trabajo en un 96,3% y la gestión de la prevención en un 81,7% de los accidentes. Esa conjunción genera, que un 75,1% de las trabajadoras y trabajadores declare trabajar bajo niveles de alto riesgo para su seguridad y salud y, por otro lado, en un tercio de las empresas vascas se produce algún tipo de accidente durante la jornada de trabajo. Estos datos muestran esa realidad grave que padecen los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, hay que tener en cuenta que más de la mitad de las empresas no tiene elaborada la evaluación de los riesgos laborales. Quiere decir que a los responsables de esos centros de trabajo no les importa saber en qué condiciones se trabaja, sino que se produzca, porque eso genera beneficios económicos. La salud es, sin duda, un elementos secundario.
Quisiéramos hacer una referencia a la nulidad que presentan estas estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la hora de realizar un análisis de las mismas desde una perspectiva de género. No hay que olvidar que en la mayoría de los casos los accidentes de trabajo y las patologías derivadas del trabajo, bajo la apariencia de neutralidad en cuanto al género, mantiene un referente implícito de trabajador masculino o niega que el género constituya una variable a tomar en consideración. Lo que sí es cierto es que una práctica preventiva eficaz necesita valorar y tener en cuenta la variable de género en el ámbito de la salud laboral, lo que lleva a considerar no solo la especificad biológica de la mujer sino también la distribución actual del trabajo productivo y reproductivo y las consecuencias de la doble jornada.

Por todo ello, podemos afirmar que los accidentes de trabajo y las demás pérdidas de salud que sufrimos hoy en día la clase trabajadora son evitables. No son producto de la mala suerte, ni de una plaga o de una acción divina, son consecuencia de la elevada precariedad laboral, y la ausencia de una evaluación de riesgos del puesto de trabajo. Por lo que si existiera un interés real, todos los accidentes, y decimos bien todos, se podrían evitar, pero por desgracia ese interés no existe y año tras año enferman y mueren en Euskal Herria cientos de trabajadores y trabajadoras.

La falta de medidas de seguridad, el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la inadecuación de los procedimientos de trabajo, los ritmos, en definitiva, la precariedad también en 2011 ha causado unos datos inaceptables.

Los datos además de confirmar un año más que las causas de la siniestralidad son estructurales y la influencia de la precariedad en la siniestralidad, nos confirman también el fracaso de unas políticas y un modelo. Así, tanto los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea como los participantes en el mal llamado diálogo social (que solo sirve para parecer que hacen algo sin hacer nada) demuestran su poco interés en la mejora de la seguridad y salud de la clase trabajadora vasca.

Esa falta clara de voluntad política también se ve, en los presupuestos tanto del Instituto Navarro de Salud Laboral y de Osalan que han reducido su cuantía más o menos el 8% en cada uno de los últimos 4 años, por lo que si bien antes ya eran órganos ineficientes (por su voluntad política) y por la falta de recursos asignados a día de hoy su capacidad de acción es casi testimonial.

Tenemos claro quiénes son los culpables y los responsables de toda esta situación, que es la patronal. Son quienes precarizan las condiciones de trabajo, quienes imponen los ritmos, quienes priman su beneficio económico por encima de la salud y la vida de la clase trabajadora. Patronal acompañada en este macabro viaje, por unas administraciones públicas sordas, ciegas y mudas que se limitan a esconder la cabeza debajo de la tierra no queriendo ver la realidad, y olvidándose de que hay detrás de cada accidente.

Esas mismas administraciones públicas que cuando actúan como patronal, utilizan las mismas recetas neoliberales del menor costo en el menor tiempo posible, y eso tiene como consecuencia las perdidas de salud de la clase trabajadora. Como los accidentes ocurridos en la tala de árboles en donde las diputaciones son las propietarias de los montes, como en las obras de la Autovía del Pirineo o en el Metro de Bilbao o en EUSKOTREN o en las obras del TAV donde ya han fallecido 5 trabajadores desde el 2008.

Y hay que tener en cuenta que la reforma laboral que tenemos en ciernes, reforma laboral diseñada por la patronal y obedecida por el Gobierno de Rajoy. De la que sin todavía poder hacer un análisis en profundidad, pero viendo la dirección hacia la que apunta, tenemos claro que no solo va a suponer una merma de derechos para clase trabajadora, sino que al precarizar más aún el mercado de trabajo va a tener una incidencia directa sobre las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora, va a tener una influencia negativa sobre la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores aunque esos efectos no se tomen en consideración ni se vean a las primeras de cambio.

CONCLUSIONES

1.- Gobierno y patronal están de acuerdo en el modelo de relaciones laborales que quieren. Se dan por buenas la precariedad, el fraude de ley en la contratación y la subcontratación sin control. No hay ningún interés político en mejorar la calidad de la seguridad y salud.

La lucha contra las causas estructurales de la siniestralidad requiere la asunción de medidas que van en contra de los intereses de la patronal, sin embargo la Administración (Inspección de Trabajo, Osalan, INSL) renuncia a cumplir su papel como teóricos garantes de nuestros derechos y se alinean con la patronal y sus tesis ideológicas.

2.- Mientras no se actúe directamente frente a la precariedad, la temporalidad, la subcontratación, etc. No se van a reducir de forma real y directa los AT, las EEPP y los demás daños salud. Y las subidas y bajadas de los AT y las EEPP registrados responderán al factor suerte o a una coyuntura económica determinada, y no podemos dejar nuestra salud y nuestra vida en manos de la suerte ni de la economía.

3.- La falta de una política real en materia de salud laboral se cubre con propaganda y campañas vacías de contenido.

4.- La opción del Gobierno vasco y navarro es la de priorizar la mesa de “diálogo social”. Un modelo que comparten todos los integrantes de la citada mesa de concertación. Esto conlleva un progresivo vaciamiento del contenido de Osalan y del INSL.

Recordemos que la política estatal en materia de siniestralidad, sustentada en el “diálogo social”, ha sido un fracaso.

5.- LAB exige un cambio radical en las políticas públicas de seguridad y salud laboral. En tanto en cuanto no exista voluntad política de eliminar la precariedad e impulsar empleo digno y de calidad, nuestros planteamientos seguirán siendo los mismos.

Porque mientras no se luche contra las causas estructurales (la precariedad, la temporalidad, la subcontratación, la falta de prevención en las empresas, etc.) No se van a reducir de forma real y directa los AT, las EEPP y las demás pérdidas de salud de la clase obrera.

Es por ello que desde el Sindicato LAB queremos impulsar el Marco Vasco de Relaciones Laborales con un cambio de modelo. Un cambio de modelo económico en el que la salud no este supeditada a criterios económicos, en donde dispongamos de un sistema de salud y preventivo propio, de calidad, universal y participativo. Ése es el camino.

Bilbo, 8 de febrero de 2012