Una vez analizada la sentencia emitida por el TSJPV por la que se declara la nulidad de la convocatoria y bases del procedimiento de cobertura de 34 plazas de cuidador-a en Uliazpi, la mayoría del Comité de Empresa, es decir, cinco representantes de LAB y tres de ELA, muestra su total rechazo a la misma. Sin embargo, CCOO, que cuenta a su vez con cinco representantes, ha rehusado apoyar la declaración.
Consideramos que la sentencia es absolutamente injusta con el esfuerzo que ha realizado el personal para poder obtener una plaza, después de haber estado esperando más de 15 años para realizar la OPE, y que, además, es un grave ataque contra los derechos de las y los usuarios, familiares y personal del organismo público. Bases que, además, fueron aprobadas por unanimidad de todos los sindicatos representantes del Comité, de la misma manera que fue aprobado el Plan de Euskera de cuyo texto se deriva la OPE en cuestión.
Uliazpi es un organismo que proporciona apoyos para contribuir al desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, y los requisitos lingüísticos, además de dar respuesta a los derechos de la ciudadanía, son consecuencia de las características del puesto en relación a los apoyos que necesitan los usuarios. Por ello, consideramos que la sentencia comete un grave error al confundir el derecho genérico que tiene toda persona a acceder a un empleo público con la necesidad de cumplir los requisitos para un determinado puesto, con el agravante de que, para la realización de las tareas educativas en Uliazpi, la comunicación, y por lo tanto el conocimiento del idioma, es esencial para realizar las tareas que tiene encomendadas el personal.
Cuando el tribunal anula la convocatoria, al considerar excesivo el número de plazas ofertadas con perfil lingüístico, no sólo ningunea el esfuerzo realizado por el personal para conseguir la plaza, sino que vulnera la obligación de las instituciones de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y quebranta los planes lingüísticos acordados por nuestras instituciones desde hace más de 30 años al objeto de avanzar en la normalización del euskera, sino que también vulnera el derecho de los usuarios de Uliazpi a comunicarse en la lengua que saben al objeto de recibir los apoyos que necesitan.