Este martes el Gobierno de España ha aprobado una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería. La misma, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entrará en vigor el próximo 17 de mayo.
Una modificación destacable es la incorporación de cinco figuras de arraigo; a los ya existentes, social y familiar, se suman el sociolaboral, el socioformativo y el de segunda oportunidad. Además, se reduce de tres a dos años el tiempo de estancia exigido para acceder a los arraigos, salvo el familiar, que no tiene mínimo exigido. Todas las autorizaciones serán de un año, con renovación de cuatro, salvo el arraigo familiar que será de cinco.
Una parte importante de las autorizaciones regladas en este reforma habilita para trabajar desde el primer momento, sin exigir de forma expresa autorización para el trabajo por cuenta ajena. El arraigo sociolaboral mantiene los dos años de residencia para iniciar la solicitud, pero reduce de treinta a veinte las horas semanales requeridas para las ofertas laborales y permite presentar varios contratos concatenados en empleos estacionales para poder reunir este mínimo de horas exigido. Además, los visados de estudio permitirán trabajar hasta 30 horas semanales independientemente de la formación que se esté cursando. Los visados para la búsqueda de empleo, en determinados nichos y ámbitos territoriales, se extienden de tres meses a un año. Por su parte, se crea una autorización específica de residencia y trabajo para las actividades de temporada. La misma posibilita la contratación tanto personal como colectiva y exige la entrega de información concreta y escrita (en un idioma que comprendan las personas contratadas) de las condiciones laborales, de estancia y demás gastos. Respecto a las solicitudes de protección internacional, como el refugio y el asilo, establece su incompatibilidad con la regularización por arraigo.
Desde el sindicato LAB, como parte de nuestra primera lectura destacamos como positivos algunos elementos incorporados en esta reforma; como la reducción de los plazos, la flexibilidad introducida en algunos requisitos y la búsqueda de agilidad de cara a promover el acceso al empleo no sumergido para las personas migrantes.
Sin embargo, no nos queda claro cómo serán los nuevos procedimientos para su aplicación y necesario posterior seguimiento. Nos preocupa la tendencia de que se confirma y da continuidad al encasillamiento de la poblacion migrada en determinados nichos laborales, los que se “necesitan” en el mercado local; sin posibilidad ni oportunidad de acceso a otros sectores en los que puedan desarrollar sus habilidades y formaciones profesionales. Todo ello sin entrar a valorar qué va a pasar con esos dos años de economía sumergida en los que miles de personas seguirán expuestas a situaciones de especial vulnerabilidad y negación de sus derechos fundamentales hasta poder regularizar su situación.
Dicho esto, dos cuestiones nos quedan claras. La primera, que para el Gobierno de España las personas migradas son mano de obra que le sirve si viene a cubrir, de manera instrumental, vacíos existentes en el mercado laboral. Y la segunda, que cuando existe voluntad política, rápidamente se pueden tomar cartas en el asunto y hacer cambios de calado sin pestañear.
No nos confundamos. El gobierno del PSOE se caracteriza por vender espejitos de colores. No los compremos. Dicen que con esta reforma regularizarán 300.000 personas al año, 900.000 hasta 2027. En LAB, desde Euskal Herria, estaremos atentas a ver si se cumple esta promesa. Es urgente una regularización, pero no es la solución final.
Esta reforma viene a posponer una vez más la demanda popular de la regularización masiva como paso definitivo imprescindible para la derogación de la Ley de Extranjería. Una ley que, reformada o no, sigue reproduciendo una mirada instrumental y estigmantizante de las personas migradas que, recordemos, son mucho más que mano de obra que merecen reconocimiento, reparación y justicia real.