La negociación colectiva es el mayor instrumento que tenemos la clase trabajadora, mediante ella acordamos las condiciones laborales y salariales. Pero a consecuencia de la reforma de la negociación colectiva, estamos viendo cómo en vez de negociar las condiciones laborales se nos están imponiendo unilateralmente y en vez de llegar a acuerdos colectivos, quieren individualizar todo este proceso. Esta situación está acarreando graves consecuencias para el conjunto de la clase trabajadora y muy especialmente para los sectores más precarios.
Porque todos estos sectores feminizados precarios tienen una característica común: la atomización, grandes tasas de eventualidad, centros de trabajo con un número muy pequeño de trabajadoras que imposibilita tener representante sindical… por lo que, a consecuencia de ello, se vuelve muy complicado activar luchas empresa por empresa para frenar los ataques de la patronal en el robo de sus derechos. Por lo tanto, los convenios provinciales en estos sectores son imprescindibles para poder asegurar la mejora de las condiciones laborales de todas las trabajadoras.
Sin embargo, la reforma de la negociación colectiva que nos han impuesto va justamente en la dirección contraria. A consecuencia de ello, las condiciones laborales de estas trabajadoras están empeorando día tras día, y por hacer el mismo trabajo están percibiendo menores salarios, condenando de est modo a miles de mujeres a mayores niveles de pobreza y exclusión social.
Por todo ello, podemos constatar nuevamente, que las reformas que se nos están imponiendo siguen reproduciendo graves desequilibrios entre mujeres y hombres y acentúan aún más las discriminaciones que sufrimos las mujeres en el mercado laboral.
Partiendo de esta situación, hoy especialmente queremos denunciar las consecuencias que ello está acarreando al colectivo de trabajadoras de las conserveras de Bizkaia y de este modo, visibilizar las consecuencias de la reforma de la negociación colectiva para las mujeres trabajadoras.
Históricamente, este sector en constante contacto con la mar y la pesca ha sido claro reflejo del trabajo femenino, considerado como trabajo complementario al de los hombres y donde la precariedad y el duro trabajo se entrelazan con la falta de reconocimiento.
Hay unas 1000 trabajadoras y trabajadores en el sector de conservas y salazones de Bizkaia de las cuales un 80% son mujeres (llegando en algunos casos al 90%). Aunque siguen trabajando en empresas familiares, hoy en día son grandes empresas como conservas Campos o Conservas Ortiz quienes controlan las decisiones del sector.
El convenio de conservas y salazones de Bizkaia lleva sin firmarse desde 2003 y en 2007, UGT y CCOO firmaron un convenio de eficacia limitada. Así pues, las empresas no mejoraron las condiciones laborales desde 2003 o 2007.
Aunque en todos estos años las empresas han seguido teniendo beneficios, en época de crisis los siguen teniendo, quieren aplicar las condiciones laborales que les ofrece la reforma de la negociación colectiva argumentando que serán más competitivos. Pero en el convenio de Bizkaia siempre han tenido mejores condiciones laborales que en el estatal y esto no ha tenido ninguna repercusión negativa en la competitividad de estas empresas en el sector. Si las conservas vascas son productos especializados, de gran calidad y reconocidos en el mercado, ¿por qué no las trabajadoras de estas empresas?
Claro reflejo de esto es que Conservas Campos, teniendo en el 2012 beneficios de más de 3 millones de euros, a partir de julio de 2013 empezó a aplicar algunas condiciones laborales del convenio estatal. Zallo, Serrats, Ortiz, Cusumano, Dentici… todas son empresas con beneficios y con futuro.
En cambio, los y las trabajadoras ganan de media 700-800 euros, teniendo en cuenta que la mayoría son contratos fijos-discontinuos y que no trabajando todo el año, hay temporadas donde las envían al paro.
Con la excusa de la crisis, quieren robar a estas trabajadoras sus derechos laborales y así lo están haciendo. Además de establecer sueldos más bajos, les quieren aplicar la reforma (o les están aplicando) en otras materias como las horas de trabajo, los permisos, los complementos por enfermedad común… Las empresas están aplicando las condiciones laborales que pactó la patronal estatal en Madrid para incrementar los beneficios de la patronal, siendo estas condiciones laborales mucho peores que las conseguidas a través de la lucha en Bizkaia.
Casi todas las empresas están manteniendo por ahora los sueldos y la jornada pero a las trabajadoras les han dado un plazo hasta diciembre y en el caso de las nuevas contrataciones, están aplicando el convenio estatal. Aplicando este último para el 2014 las trabajadoras ganarían 600 euros menos al año y tendrían que trabajar 8 horas más al año de media.
Todo esto, se ha reclamado en los juzgados denunciando que el convenio de conservas y salazones de Bizkaia goza de ultractividad y argumentando en consecuencia que se tienen que mantener las condiciones laborales hasta que se firme uno nuevo en Bizkaia. En este sentido, resaltar que estamos esperanzadas ante la última sentencia emitida por el juzgado número 6 en el sector de artes gráficas de Bizkaia en el que se reconoce la ultractividad de este convenio.
Asimismo, la patronal no desea garantizar condiciones laborales dignas y aunque los procesos y medios productivos se han desarrollado, la dureza de las condiciones laborales hace grave mella en la salud de las trabajadoras.
Por otro lado, no comprendemos la dejadez del sindicato ELA, mayoritario en el sector, ya que no ha realizado ningún esfuerzo para movilizar y luchar a favor del convenio provincial. Por otro lado, tampoco entendemos el veto firmado e impuesto por CCOO y UGT en el convenio estatal, ya que en este último convenio firmaron una cláusula en la que se limitaba el ámbito de negociación al ámbito estatal y al de empresa.
Por último, hacemos un firme llamamiento a las trabajadoras y al resto de sindicatos para que luchen en defensa de sus derechos y a favor del convenio provincial, y exigimos a la patronal una negociación de ámbito provincial que no comporte una pérdida de derechos y deterioro de las condiciones laborales.
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