La plantilla de Incoesa denuncia la inhibición del Gobierno Vasco ante la deslocalización de la empresa

No nos cansamos, ni nos cansaremos de repetirlo: la dirección de INCOESA quiere dar cierre y trata de deshacerse de toda la plantilla lo más barato posible.
El pasado 30 de octubre acababa el periodo de consultas del concurso de acreedores; y acababa sin acuerdo ya que la asamblea de trabajadores y trabajadoras decidía mantenerse en la defensa del empleo en Bedia. La empresa mantiene el cierre de Bedia y su decisión de llevarse el trabajo fuera de Bizkaia. La empresa que proponía dar de alta aquí a una decena de nosotros y nosotras para que monte los transformadores hechos en Extremadura a través del mundo, un plan de prejubilaciones para otros 8 compañeros y para los 26 restantes una indemnización y traslado a las plantas de Soria y Extremadura.

No queremos dinero, queremos nuestros puestos de trabajo. Queremos una solución para la totalidad de la plantilla y eso solo pasa porque se quede la actividad productiva en la planta de Bedia.

Rechazamos que se nos pretenda chantajear para que firmemos un acuerdo que signifique el cierre de la fábrica. Nosotros no vamos a participar de ese circo, porque estamos convencidos y convencidas de que ésta empresa es viable, porque este cierre solo responde a los intereses de los Arteta, Eza,..

Asumimos todos lo que supone la decisión adoptada, sabemos que está en manos de un juez el determinar si el concurso de acreedores presentado por la dirección de esta empresa se ajusta a la ley o no. Si deben responder el resto de las empresas del grupo por las deudas acarreadas o si el propio concurso es declarado culpable…

Nosotros y nosotras vamos a luchar hasta el final, sabemos que si todos los agentes implicados: Gobierno Vasco y Diputación ponen de su parte, esta empresa no se cierra. El tejido industrial de nuestro pueblo se destruye, necesitamos dar un futuro a nuestros hijos e hijas.

Como ya ha comentado la representación de los trabajadores y trabajadoras de INCOESA, el pasado 30 de octubre se firmaba el acta de finalización de consultas del concurso de acreedores sin llegar a ningún acuerdo entre las partes.

Ha sido imposible llegar a un acuerdo, pues la propuesta presentada por la empresa no atendía a la reivindicación elemental de los trabajadores y trabajadoras, la continuidad de la actividad productiva.

Todos y todas entendíamos que ésa era la fórmula por la que se podía llegar a satisfacer a la totalidad de la plantilla. La empresa se ha cerrado en banda y las propuestas realizadas solo han ido a provocar la desunión del colectivo de trabajadores y trabajadoras.

Mientras se daba este periodo, y de forma paralela, se han producido una serie de reuniones con la mediación de responsables del Área de Trabajo del Gobierno Vasco, en las que ante nuestra sorpresa, estos mismos validaban esa propuesta.

Este hecho nos parece un claro ejemplo de la irresponsabilidad de un gobierno que dice estar defendiendo el tejido productivo de este país. No se puede tratar de hacernos creer que se está trabajando por el mantenimiento de la actividad industrial y presionar a trabajadores y trabajadoras a que acepten acuerdos que rubriquen la destrucción de la misma y avalen la deslocalización.

Entendemos que tanto la Diputación de Bizkaia como el propio Gobierno Vasco tienen que asumir su responsabilidad política. Tanto la de sus propios actos, como el haber entregado millones de euros en subvenciones a una empresa que decide deslocalizar su actividad por puro interés económico; como la responsabilidad que le corresponde a quien representa los intereses de la ciudadanía.

Por ello, la semana pasada se hizo entrega de la solicitud para mantener un encuentro con la responsable de la Consejería de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, para que aclare a la propia plantilla la información que se dio el pasado 18 de octubre en el pleno del Gobierno Vasco que reconocía la ayuda aportada de 1.988.800 de euros. Por su parte, también tenemos la intención de entrevistarnos con los grupos con representación en la Comisión de Competitividad y Desarrollo Económico.

Exigimos a la Diputación que deje de demorar la comunicación el expediente en virtud de la Norma Foral del 2007, que cobra más importancia si cabe en la fase actual del concurso de acreedores.

Ahora es el juez de lo Mercantil tiene que decidir la legalidad de la medida adoptada por la empresa. Lo hará basándose en el informe que emita el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco. Seria una aberración jurídica y política que variase su posición ya reflejada en su último informe y diera la razón a la empresa.

Nosotros y nosotras iremos hasta el final para demostrar que este es un concurso planificado y que la empresa utiliza para deslocalizar Incoesa Bedia.